Después de 30 años, Río Gallegos empieza a saldar una deuda histórica con más de 1.200 familias

Un acuerdo cerrado por el gobernador Claudio Vidal con el Ejército Argentino permitirá ordenar más de 60 hectáreas ocupadas desde los años 90 por barrios construidos con planes habitacionales. La falta de transferencia dominial mantuvo durante décadas a miles de vecinos sin escritura de sus viviendas.

Info. General21/12/2025Patagonia NexoPatagonia Nexo
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Tres décadas de casas sin papeles


Durante más de 30 años, más de 1.200 familias de Río Gallegos vivieron en una situación tan extendida como injusta: habitaron sus casas, pagaron servicios, consolidaron barrios y construyeron comunidad, pero sin poder ser legalmente propietarias de sus viviendas.

El problema se originó a mediados de la década del ’90, cuando el Ejército Argentino y la provincia de Santa Cruz firmaron convenios que preveían la transferencia de fracciones de tierra ubicadas lindantes a la guarnición militar, con el objetivo de avanzar en planes de urbanización y vivienda. Sin embargo, esos acuerdos nunca se cumplieron en su totalidad.

Las contraprestaciones asumidas por gestiones provinciales anteriores no se concretaron, por lo que la transferencia dominial jamás se formalizó. Como consecuencia, las tierras continuaron figurando a nombre del Ejército, dejando a miles de familias en una prolongada incertidumbre jurídica.

Barrios construidos, derechos postergados


Entre 1997 y 2002, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda y en el marco de los programas FONAVI, se construyeron 492 viviendas en estos sectores, además de equipamiento comunitario, infraestructura básica y espacios verdes.

Posteriormente, en 2004, un nuevo convenio permitió avanzar con los planes Federal I y Federal II, sumando otras 823 viviendas. Para entonces, los barrios ya estaban plenamente consolidados: calles abiertas, servicios conectados, instituciones funcionando y familias con décadas de arraigo.

Sin embargo, el aspecto central nunca se resolvió. A pesar de la ocupación efectiva y del desarrollo urbano, la titularidad de las tierras siguió en manos del Ejército, impidiendo la escrituración de las viviendas, la transmisión del dominio y el acceso a derechos básicos como créditos, herencias o garantías patrimoniales.

El impacto de una deuda estructural


La falta de regularización dominial no fue un problema menor ni aislado. Afectó a familias, instituciones y juntas vecinales, condicionó proyectos de vida y evidenció una falla estructural del Estado que se arrastró durante sucesivas gestiones.

Durante años, los reclamos se repitieron sin una solución de fondo. El expediente quedó atrapado entre la burocracia, la desidia política y la ausencia de decisiones firmes, mientras miles de vecinos continuaron viviendo en casas que sentían propias, pero que legalmente no lo eran.

Un acuerdo que cambia el escenario


Tras más de tres décadas de indefinición, el escenario comenzó a modificarse. El gobernador Claudio Vidal cerró un nuevo acuerdo con el Ejército Argentino que permitirá avanzar en el ordenamiento y la regularización de unas 60 hectáreas ocupadas por estos barrios.

El anuncio marca un punto de inflexión en una problemática histórica. Según se informó, el trabajo conjunto entre la provincia y las autoridades militares permitirá destrabar la situación dominial, avanzar con mensuras, ordenamiento territorial y, finalmente, habilitar la transferencia de dominio para que las familias accedan a la escritura de sus viviendas.

Vidal destacó que se trata de “saldar una deuda histórica con Río Gallegos”, reconociendo la espera de cientos de familias que durante años reclamaron una solución concreta.

Más que un trámite: una reparación histórica


La regularización dominial no es solo una cuestión administrativa. Para las familias afectadas, significa seguridad jurídica, dignidad y reconocimiento. Es el cierre de una etapa marcada por la incertidumbre y el inicio de un proceso que ordena la ciudad y fortalece el derecho a la vivienda.

Con este acuerdo, Río Gallegos comienza a reparar una de las deudas urbanas más prolongadas de su historia reciente. Después de 30 años, miles de vecinos están más cerca de algo fundamental: ser, finalmente, dueños legales del lugar que siempre llamaron hogar.

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