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La Justicia federal avanzó este martes en un nuevo capítulo de la Causa Vialidad. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 notificó formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la resolución que confirma el decomiso de una amplia lista de bienes inmuebles y activos vinculados a las empresas que operaron durante años en la obra pública de Santa Cruz.
La comunicación, emitida el 18 de noviembre y dirigida al área de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, tiene como finalidad que la Corte evalúe si estos bienes podrán ser reutilizados para el funcionamiento judicial o asignados al Consejo de la Magistratura. La normativa vigente permite que los bienes provenientes de delitos sean destinados a mejorar el servicio de justicia.
Impacto directo en Santa Cruz
La medida tiene especial relevancia para la provincia, ya que los bienes incautados pertenecen, en gran parte, a compañías que tuvieron una fuerte presencia en Río Gallegos y el interior santacruceño. Entre ellas se encuentran Austral Construcciones, Kank & Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto, además de inmuebles que habían sido cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.
Todos los activos fueron incorporados a la Base General de Bienes Secuestrados y Decomisados, garantizando la trazabilidad y control sobre propiedades que incluyen terrenos, galpones, maquinaria y bases operativas distribuidas en la provincia.
Montos millonarios y actualización del perjuicio económico
La resolución también confirmó la actualización del monto del decomiso. Lo que inicialmente se estimaba en poco más de 84 mil millones de pesos fue recalculado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y peritos oficiales. La cifra final asciende a $684.990.350.139,86, una valoración que dimensiona el perjuicio económico atribuido a la maniobra investigada.
Ante el incumplimiento del pago por parte de los condenados, el tribunal dispuso avanzar con los procedimientos de decomiso y eventual remate de los bienes, salvo que la Corte determine su utilización en el ámbito judicial. La medida también alcanza al patrimonio de exfuncionarios como Nelson Periotti, José López y otros involucrados.
Coordinación judicial para evitar duplicidades
El documento enviado por el juez Jorge Gorini aclara que parte de los bienes listados ya había sido informada en otras causas conexas por el Tribunal Oral Federal N°4. Con esto se busca evitar duplicaciones en los registros y asegurar una administración ordenada entre los distintos tribunales, teniendo en cuenta que muchos de estos inmuebles se encuentran en territorio santacruceño.
La Corte Suprema deberá ahora definir el destino final de los activos decomisados, en una decisión que marcará un precedente en la administración de bienes obtenidos por hechos de corrupción.
