Las federaciones CONADU Histórica y FATUN confirmaron medidas de fuerza para el 21 y 22 de octubre en todo el país, tras la decisión del presidente Javier Milei de no promulgar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Reclaman su plena aplicación, la apertura de paritarias y el fin del desfinanciamiento del sistema público de educación superior.
Info. General20 de octubre de 2025
Patagonia Nexo
El sistema universitario argentino se encuentra en estado de alerta tras la negativa del Gobierno Nacional a promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, una norma sancionada por amplia mayoría en el Congreso que garantiza el aumento progresivo del presupuesto destinado a las universidades nacionales.
Frente a esta decisión, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) —a la que pertenece ADIPUNPA Santa Cruz— anunció un paro nacional de 48 horas para los días lunes 21 y martes 22 de octubre, en reclamo de la plena aplicación de la ley y la convocatoria urgente a paritarias.
En su comunicado, CONADU Histórica señaló que “el presidente Javier Milei anunció su negativa a aplicar la ley, violando toda norma básica de la democracia y de la separación de poderes”, recordando que el plazo para la promulgación vencía este lunes 20 de octubre.
A su vez, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) —a la que adhiere ATUNPA— resolvió un paro nacional de 24 horas para el martes 21, sin asistencia a los lugares de trabajo. Desde la federación manifestaron que “ante el incumplimiento del Poder Ejecutivo de promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, realizamos un paro de 24 horas e iniciaremos acciones legales junto al CIN y al Frente Sindical Universitario para garantizar su cumplimiento”.
Ambas organizaciones, que integran el Frente Sindical Universitario, coincidieron en que las medidas se mantendrán mientras el Gobierno persista en su decisión de desconocer una ley sancionada democráticamente, afectando directamente al sistema universitario nacional.
Los gremios remarcaron que el desfinanciamiento impacta no solo en los salarios de docentes y no docentes, sino también en el funcionamiento de las universidades públicas, en la investigación científica, la extensión universitaria y las becas estudiantiles.
La Ley de Financiamiento Universitario establece un incremento progresivo de los recursos para las instituciones públicas de educación superior, garantizando el sostenimiento de su infraestructura, el pago de haberes y el fortalecimiento de políticas de inclusión y equidad educativa.
De este modo, las universidades nacionales se preparan para una nueva medida de fuerza en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, mientras crece el reclamo por el respeto a la institucionalidad y la autonomía universitaria.
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