El doble femicidio de Córdoba expone el avance de los discursos antiderechos y la violencia estructural

El reciente doble femicidio ocurrido en Córdoba volvió a estremecer al país y a desnudar una problemática que persiste: la violencia machista como expresión más extrema de un sistema que naturaliza el control y la dominación sobre las mujeres. El uruguayo Pablo Rodríguez Laurta fue detenido el domingo en Entre Ríos, acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina y a la madre de ella, Mariel Zamudio, mientras escapaba con su hijo de cinco años hacia Uruguay.

Laurta, conocido en el país vecino por ser uno de los fundadores del colectivo Varones Unidos, mantenía un discurso negacionista de la violencia de género y vínculos con referentes de la ultraderecha como Agustín Laje y Nicolás Márquez. Su militancia antiderechos coincidía con una historia de violencia y manipulación que hoy tiene un desenlace trágico.

El caso se enmarca en una escalada alarmante de femicidios en el país. Solo en la última semana se registraron asesinatos de mujeres jóvenes en distintas provincias: Gabriela Barrios (20 años), encontrada sin vida en un pozo en Avia Terai, Chaco, y Daiana Mendieta (22 años), hallada en un aljibe en Entre Ríos. La estadística sigue siendo estremecedora: una mujer es víctima de femicidio cada 30 a 36 horas en Argentina.

La violencia machista no se detiene, y los recortes en políticas de prevención y asistencia a víctimas agravan un escenario donde la impunidad se vuelve rutina. Mientras tanto, proyectos como el de la senadora Carolina Losada, que busca agravar las penas por falsas denuncias de violencia de género, refuerzan los discursos que minimizan el problema y silencian a las víctimas.

Las organizaciones feministas advierten que estos discursos buscan deslegitimar las denuncias reales, sembrar miedo y disciplinar a las mujeres. La evidencia estadística es clara: los casos de denuncias falsas son ínfimos y ya se encuentran contemplados en la ley. Por eso, iniciativas de este tipo solo pueden interpretarse como un intento de proteger a los violentos y frenar los avances conquistados por los movimientos de mujeres y diversidades.

El doble femicidio de Córdoba revela, una vez más, la urgencia de una respuesta política y social firme: sin negacionismo, sin discursos de odio, y con políticas públicas sostenidas que apunten a erradicar la violencia por razones de género.