Patagonia Nexo
La Legislatura Provincial vivió una jornada cargada de tensión política: ingresó oficialmente el pedido de Juicio Político contra el Dr. Fernando Basanta, actual vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, acusado de no cumplir con los requisitos constitucionales para ejercer el cargo y de incurrir en delitos previstos por el Código Penal Argentino.
El planteo, presentado por el abogado Sergio Macagno, expone un hecho que sacude los cimientos del Poder Judicial santacruceño: Basanta no acredita los seis años mínimos de ejercicio profesional exigidos para integrar el máximo órgano judicial de la provincia. Un requisito esencial, ignorado con total impunidad.
De comprobarse la acusación, el exministro de Gobierno del kirchnerismo provincial podría enfrentar inhabilitación y sanciones penales. El caso, ahora en manos de los diputados que conforman la Sala Acusadora, marcará un precedente clave sobre los límites —o la falta de ellos— entre la política y la justicia en Santa Cruz.
Este episodio no solo revela una posible violación constitucional: expone el deterioro de los mecanismos de control y la falta de independencia del Poder Judicial, un sistema que durante años fue moldeado al servicio del poder político. La designación de Basanta —sin los años de ejercicio exigidos y con un claro historial partidario— representa, una vez más, la continuidad de un modelo de impunidad institucional.
Mientras tanto, en la misma sesión, se abordaron temas vinculados a la Caja de Servicios Sociales (CSS), con explicaciones sobre la compra de medicamentos de alto costo. Pese al tono técnico del informe, la atención política estuvo centrada en el futuro del vocal judicial y en el proyecto de restitución del Dr. Eduardo Sosa como Procurador General, figura destituida hace tres décadas durante la gestión de Néstor Kirchner, símbolo de una vieja deuda institucional que aún no se salda.
Santa Cruz se enfrenta así a un momento decisivo: o recupera la credibilidad y la independencia de sus instituciones, o continúa atrapada en un esquema donde la política elige a sus jueces y la justicia obedece a sus patrones.
