Patagonia Nexo
Desde su irrupción en el escenario político nacional, Provincias Unidas se presenta como un espacio que promete una nueva forma de hacer política desde el interior profundo del país. Sin embargo, detrás del discurso de “federalismo auténtico” y “reconstrucción institucional”, se esconde un experimento político que desafía las reglas no escritas —y en algunos casos escritas— del sistema democrático argentino.
Nacido como una alianza entre gobernadores, legisladores provinciales y dirigentes de estructuras políticas tradicionales, Provincias Unidas creció bajo la promesa de dar voz a las regiones históricamente relegadas por la centralidad porteña. Pero la pregunta que empieza a instalarse es si estamos frente a un proyecto federalista genuino o frente a un nuevo modelo de concentración de poder con rostro local.
La narrativa que sostiene a Provincias Unidas apela a una reivindicación histórica: el derecho de las provincias a tener un protagonismo real en las decisiones nacionales. Y es cierto, la Argentina arrastra un centralismo estructural que condiciona tanto los recursos como las políticas públicas.
Sin embargo, cuando uno observa la práctica política de este espacio en algunos territorios, la supuesta renovación institucional se diluye en prácticas que van desde la cooptación de poderes judiciales y legislativos, hasta la utilización de recursos del Estado para sostener una maquinaria política aceitada.
El problema no es la construcción de poder —que es legítima en cualquier proyecto político— sino la forma en que se lo hace. Cuando la justicia local responde más a las conveniencias del Ejecutivo que a la Constitución, cuando se modifican estructuras institucionales con mayorías circunstanciales sin debate público, el riesgo ya no es el centralismo: es el feudalismo.
El caso Santa Cruz y la concentración de poder
Santa Cruz es hoy un caso testigo. El alineamiento de sectores judiciales con intereses políticos, los conflictos por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia y las denuncias cruzadas entre vocales dejan en evidencia una disputa de fondo: quién controla el sistema de garantías republicanas. La autonomía de poderes, la transparencia en los concursos, el respeto a la legalidad, se ven tensados por decisiones que se justifican en nombre de la gobernabilidad.
La oportunidad de un verdadero cambio
Sin embargo, sería simplista rechazar el fenómeno de Provincias Unidas sin atender a las razones de su crecimiento. La política nacional, ensimismada en sus internas y alejada de las problemáticas del interior, dejó un vacío que este espacio vino a llenar. Hay una demanda real de representación territorial, de soluciones concretas, de gestión cercana.
El desafío está en que esa energía política no termine capturada por lógicas clientelares o corporativas. Provincias Unidas podría ser una plataforma para democratizar el federalismo en serio, para fortalecer los liderazgos locales, para diversificar la toma de decisiones. Pero también puede convertirse en un nuevo vehículo de blindaje institucional para viejos aparatos de poder.
El tiempo dirá si se trata de una verdadera innovación política o de un rebranding del conservadurismo provincial.
Conclusión
La Argentina necesita reconstruir su pacto federal. Pero ese nuevo pacto no puede nacer de decisiones unilaterales ni de estructuras cerradas. Tiene que ser producto del diálogo, de la transparencia institucional, y del respeto a las reglas del juego democrático. Si Provincias Unidas quiere representar ese cambio, deberá empezar por demostrarlo en casa.
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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó esta tarde en el Salón Blanco de Casa de Gobierno el acto de toma de juramento de la nueva ministra Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio. Durante la ceremonia también asumieron Cristian Andrés Brizic como Director de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) y Juan Carlos Berasaluce como titular de Distrigas SA.
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Luego del vuelco y las maniobras temerarias registradas en Neuquén, la Ferrari Cavalcade Patagonia 2025 ingresó a Santa Cruz bajo un estricto operativo de Seguridad Vial. Las más de 50 unidades solo pueden desplazarse en tándems escoltados, con velocidad monitoreada y sanciones inmediatas ante cualquier infracción.
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