Golpe palaciego en la Justicia santacruceña: cuando el Poder Judicial se transforma en campo de batalla

La Justicia en Santa Cruz atraviesa su hora más oscura. Lo que comenzó como una discusión técnica sobre la ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se ha convertido en un conflicto de poder sin disimulo, protagonizado por sus propios integrantes. El reciente documento enviado por el magistrado Daniel Mariani a los otros cuatro vocales del máximo tribunal no es solo una carta: es un misil institucional que expone, con crudeza, la guerra interna que sacude los cimientos del Poder Judicial santacruceño.

Mariani no ahorra adjetivos: habla de “ilegalidad”, “abusos de autoridad”, “mal desempeño” y un “golpe de Estado palaciego”. Acusa a sus colegas —Fernando Basanta, Reneé Fernández, Paula Ludueña y Alicia Mercau— de actuar sin las mayorías que exige la ley y de desoír la normativa que regula la ampliación del TSJ a nueve miembros. Les advierte, con tono grave, que podrían estar incurriendo en causales de juicio político. Y les exige reflexión.

Pero ¿qué está en juego realmente detrás de esta guerra de resoluciones, juras impugnadas y presidencias disputadas?

 
Legalidad versus legitimidad: dos trincheras dentro de un mismo poder

Mariani se aferra a la Ley 3.949, que amplió de cinco a nueve los miembros del TSJ, y en ese marco defiende la legalidad de haber tomado juramento a Sergio Acevedo y José González Nora. Los otros cuatro vocales, en cambio, desconocen esas incorporaciones y sostienen que las cautelares del juez Bersanelli frenan cualquier aplicación de esa ley. Mientras tanto, desde la Legislatura, continúan designando más miembros, y el gobernador Claudio Vidal ya se prepara para firmar los decretos de los nuevos jueces.

¿Quién tiene razón? Esa es una pregunta que debería responderse en el marco institucional, con argumentos jurídicos y respeto por el debido proceso. Pero en Santa Cruz, ese debate se transformó en una guerra abierta por el control del Poder Judicial, sin interlocutores imparciales, sin árbitros y, lo que es más grave, sin un horizonte claro de resolución.

Carta a la que accedio el Diario La Opinión Austral

 La nota enviada por Mariani a sus colegas fue recibida como una amenaza directa. “Un aviso formal de que se viene algo más”, dicen dentro del propio TSJ. Quizás una denuncia penal, quizás una avanzada para deslegitimar a quienes hoy sostienen, desde su vereda, que Mariani ya no preside el Tribunal. Lo cierto es que el texto está cargado de advertencias y dramatismo institucional: habla de miserias, mezquindades y del peligro de que “golpes palaciegos” dañen el servicio de justicia.

¿Puede un Tribunal funcionar dividido? ¿Puede impartir justicia un cuerpo fracturado, donde sus integrantes no se reconocen mutuamente como legítimos? La respuesta es obvia: no. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hoy ocurre en Santa Cruz.

 
Cuando el Poder Judicial se politiza (o se autodestruye)

Este episodio, más allá de las complejidades legales, pone en evidencia la falta de consensos básicos dentro de un Poder Judicial atravesado por intereses personales, disputas políticas y desconfianza institucional. Los jueces —en lugar de ser garantes del orden constitucional— se han transformado en actores centrales de una escena que bordea el escándalo.

Si hay una verdad en todo este embrollo es que la Justicia pierde. Pierde credibilidad, pierde independencia, pierde autoridad frente a la sociedad. Porque mientras la ciudadanía exige fallos justos, celeridad en los procesos y transparencia, el máximo tribunal de la provincia se encuentra atrapado en una lógica interna de poder, acusaciones cruzadas y deslegitimación mutua.

 
Una crisis que exige altura institucional (y que aún no aparece)

El conflicto del TSJ no se resolverá con cartas incendiarias ni con comunicados escudados en tecnicismos. Hace falta algo que parece escaso en estos tiempos: altura política, autocrítica, responsabilidad institucional. De lo contrario, el daño será irreversible. Porque cuando la Justicia se transforma en campo de batalla, pierde no solo su función esencial, sino también su razón de ser.

El tiempo para detener esta caída libre se agota. Si los propios jueces no pueden (o no quieren) restaurar el orden interno, entonces será la sociedad —a través de sus representantes y mecanismos democráticos— quien deba exigirlo. El Estado de Derecho no puede permitirse una Justicia rehén de sus propias miserias.