La Justicia ordenó avanzar con la liquidación de Austral Agro: cinco estancias y más de mil ovejas bajo proceso de ejecución

La Justicia Federal dispuso avanzar con la liquidación de Austral Agro S.A., sociedad vinculada al empresario Lázaro Báez y a su hijo Martín Antonio Báez, con el objetivo de destinar el patrimonio de la firma al cumplimiento de las sanciones económicas impuestas en la causa conocida como Ruta del Dinero K.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 4, a partir de un planteo del fiscal general Abel Córdoba. La resolución contempla la liquidación del paquete accionario de la compañía, cuyos principales activos se encuentran en Santa Cruz.

Entre los bienes registrados a nombre de Austral Agro figuran cinco establecimientos rurales, más de 1.000 animales ovinos y distintos vehículos. Antes de avanzar con su realización, deberán completarse las correspondientes valuaciones patrimoniales.

Los campos alcanzados por la medida son La Entrerriana, La Santafesina, La Ana, La Verdadera Argentina y Coronel Guarumba, establecimientos que forman parte de la estructura agropecuaria vinculada al grupo empresario.

Las multas que deben afrontar Lázaro y Martín Báez

La participación accionaria de Austral Agro se encuentra distribuida entre Lázaro Báez, quien posee el 70% de la sociedad, y su hijo Martín Antonio Báez, titular del 30% restante.

Ambos mantienen multas firmes pendientes de cancelación como consecuencia de sus condenas por lavado de activos. De acuerdo con los montos consignados en la resolución judicial, las obligaciones económicas ascienden a:

• Lázaro Báez: 329.237.200,14 dólares.

• Martín Antonio Báez: 274.364.333,45 dólares.

Para avanzar con el procedimiento, la magistrada de Cámara Valeria Rico y el secretario Facundo Vásquez dispusieron la liquidación de las acciones de la empresa, con fundamento en el artículo 21 del Código Penal.

La resolución establece que el paquete accionario deberá inscribirse a nombre del Estado Nacional, con una asignación específica a favor de la Unidad de Información Financiera (UIF), conforme al artículo 27 de la Ley 25.246.

También se convocó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que asuma el control operativo de Austral Agro y se encargue de administrar sus activos y los frutos que generen, con el propósito de avanzar en la cancelación de las sanciones económicas.

El organismo deberá presentar un informe sobre el estado de las actuaciones dentro de los próximos diez días hábiles. En ese mismo plazo, las veedoras del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrán que completar una valuación integral de la sociedad y sus bienes.

La investigación en Río Gallegos por presuntas operaciones desde la cárcel

La decisión sobre Austral Agro se conoció en paralelo con otra investigación que tramita en la Justicia Federal de Río Gallegos, donde Lázaro Báez fue imputado por presuntamente continuar interviniendo en la administración y explotación de bienes alcanzados por restricciones judiciales.

La investigación está a cargo del fiscal federal Julio Zárate, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte.

Según la hipótesis de la fiscalía, el empresario habría mantenido el control de determinadas actividades económicas mediante personas de su entorno, con quienes se comunicaba desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde cumple una condena de 15 años de prisión.

El expediente se originó a partir de intervenciones telefónicas realizadas en una investigación por narcotráfico en Santa Cruz. A partir de esas comunicaciones, los investigadores detectaron posibles conexiones entre quienes administraban los establecimientos rurales y una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes.

Durante las audiencias de formalización se analizaron movimientos económicos por aproximadamente 390.880.000 pesos, que la acusación atribuye a las presuntas maniobras de lavado de activos.

Para los investigadores, Austral Agro habría sido utilizada como una de las estructuras comerciales para canalizar fondos y justificar operaciones económicas por fuera de los controles judiciales.

Las comunicaciones y las instrucciones sobre los establecimientos rurales

Entre los elementos incorporados a la investigación aparecen contratos de arrendamiento, registros de administración, listados de deudores y documentación relacionada con el funcionamiento de los campos.

Una de las comunicaciones telefónicas expuestas durante las audiencias contiene presuntas instrucciones de Báez sobre la administración de la estancia La Entrerriana.

En ese diálogo, según la transcripción incorporada al expediente, se escucha: “Decile me dijo el Tío que ponga el que estuvo administrando la Entrerriana, y el que está administrando la Entrerriana ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados”.

Para la fiscalía, este tipo de conversaciones constituye un elemento que respaldaría la hipótesis de que Báez continuaba impartiendo directivas sobre la explotación de los establecimientos, pese a las restricciones judiciales que pesaban sobre sus bienes.

Contratos de alquiler y movimientos de dinero

Otro de los aspectos bajo investigación es el funcionamiento de los contratos de arrendamiento y los ingresos generados por la explotación de las estancias.

La documentación secuestrada durante los procedimientos incluye registros de pagos mensuales que superarían los cinco millones de pesos, además de operaciones expresadas en dólares y otras contraprestaciones, entre ellas pagos con caballos.

En este esquema, los investigadores identificaron a Cristian Sebastián Ibáñez como una persona de confianza de Báez y presunto administrador territorial de sus propiedades en Santa Cruz.

La documentación también incluye un contrato de administración de la estancia La Entrerriana, firmado el 1 de mayo de 2026, que establecía un pago mensual de dos millones de pesos.

Sin embargo, las planillas incorporadas al expediente reflejarían una deuda de 12 millones de pesos por cánones que no habrían sido abonados desde el inicio del acuerdo. Esta situación también quedó bajo análisis de la fiscalía, que busca determinar si los contratos respondían a operaciones comerciales reales.

Otro documento investigado es un contrato de capitalización ganadera firmado el 22 de marzo de 2025 entre la entonces presidenta de Austral Agro, Belén Casafúz Parada, y Paula Beatriz Godfrid, también imputada.

El acuerdo contemplaba el aporte de 7.000 ovejas para tareas de cría y engorde en la estancia Coronel Guarumba, que se sumarían al ganado que ya pertenecía a la sociedad.

Según la hipótesis fiscal, ese convenio podría haber sido utilizado para justificar transferencias de dinero hacia Ibáñez bajo la apariencia de operaciones vinculadas con la actividad ganadera.

Los allanamientos y la documentación secuestrada

La investigación también avanzó a partir de una serie de procedimientos realizados durante noviembre en distintos puntos de Santa Cruz y en el penal de Ezeiza.

En el establecimiento penitenciario se secuestraron anotaciones manuscritas, contratos, registros de administración y documentación vinculada con los movimientos de los bienes rurales.

Entre los elementos encontrados apareció una hoja identificada con el título “EL CLAN”, que contendría referencias a personas vinculadas con la estructura investigada.

Además, se incorporaron teléfonos celulares, tarjetas SIM, divisas, documentación bancaria, un disco rígido externo y registros de proveedores y rendiciones de cuentas.

Los investigadores también analizaron comunicaciones telefónicas realizadas desde una línea registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal, en las que Báez habría utilizado las denominaciones “Antonio” y “el Tío”.

A partir de estos elementos se profundizaron los procedimientos en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales de Santa Cruz y el complejo penitenciario de Ezeiza.

La conexión con una investigación por narcotráfico

La causa que investiga las presuntas maniobras de administración de los bienes de Báez mantiene vínculos con otro expediente federal relacionado con una organización dedicada al tráfico de drogas en Santa Cruz.

Según la acusación, esa estructura habría operado desde diciembre de 2025 y utilizado camiones de una empresa transportista para trasladar cocaína. También se investigó el funcionamiento de un lavadero y lubricentro como posibles puntos de recepción, almacenamiento y distribución.

La fiscalía estimó que la organización habría comercializado alrededor de 60 kilos de cocaína y que las ganancias se habrían incorporado al circuito económico mediante transferencias bancarias, billeteras virtuales, personas interpuestas y adquisición de vehículos de alta gama.

Uno de los puntos de contacto entre ambos expedientes es Cristian Sebastián Ibáñez, señalado por los investigadores como presunto administrador de los bienes rurales de Báez y, al mismo tiempo, como uno de los responsables de la estructura narcocriminal.

Durante las audiencias, la fiscalía describió el funcionamiento de la organización y sostuvo: “Estamos frente a una organización estable, con distribución de roles, que opera sobre un patrimonio de magnitud millonaria y cuya actividad se encontraba en plena ejecución al momento de las detenciones”.

Por su parte, el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, declaró legales las 12 detenciones, dispuso prisión preventiva para los principales imputados y estableció un plazo de hasta dos años para el desarrollo de las investigaciones. Para otros cuatro involucrados se fijaron distintas medidas de coerción.

Un nuevo avance sobre los bienes vinculados a los Báez en Santa Cruz

La liquidación de Austral Agro representa un nuevo paso dentro de la ejecución de las condenas económicas contra Lázaro Báez y su hijo.

La medida alcanza a una estructura empresarial que mantiene propiedades rurales y actividad ganadera en Santa Cruz. Mientras la AABE deberá avanzar con la administración de los bienes y los peritos completar su valuación, la investigación federal de Río Gallegos continúa analizando cómo se habrían manejado esos activos pese a las restricciones judiciales.

La venta definitiva de los establecimientos y demás bienes dependerá del desarrollo del procedimiento de liquidación y de las instancias judiciales correspondientes.

• Fuente: La Opinión Austral