El costo de la economía lo pagan los que menos tienen

La economía se discute en porcentajes, pero se vive en pesos. Para una familia que depende de un salario bajo, una jubilación mínima o un trabajo informal, el problema aparece al hacer las compras, pagar los servicios o buscar un medicamento. Allí, cualquier diferencia entre lo que entra y lo que sale exige una decisión.

No todos tienen el mismo margen para enfrentar ese desajuste. Algunos hogares pueden recurrir a sus ahorros o postergar una compra importante. Otros ya no tienen gastos que puedan recortar sin afectar su alimentación, su salud o las condiciones en las que viven.

Cuando el presupuesto está al límite, ajustar significa resignar necesidades. Puede ser comprar menos comida, demorar un tratamiento, dejar una actividad de los chicos o pedir dinero prestado para cubrir una factura.

El bolsillo tiene sus propios tiempos

La desaceleración de la inflación puede representar una mejora económica, pero no significa que los precios bajen ni que los ingresos recuperen automáticamente lo perdido. Para quienes quedaron atrás, una suba menor sigue siendo una suba sobre un presupuesto que ya resultaba insuficiente.

Patagonia Nexo abordó esa dificultad en “Alimentos y servicios mantienen la presión sobre el presupuesto familiar”. La discusión atraviesa una cuestión concreta: cuánto queda disponible después de pagar las obligaciones del mes.

Los alimentos, el alquiler, la electricidad y la calefacción tienen un peso especialmente fuerte entre quienes cobran menos. En la Patagonia, además, las distancias y las condiciones climáticas vuelven indispensables gastos que difícilmente puedan postergarse.

Tener trabajo debe permitir vivir

El empleo es fundamental, pero su valor también se mide en la posibilidad de sostener un hogar. Cuando un sueldo no cubre las necesidades básicas, tener trabajo deja de ofrecer la tranquilidad que debería acompañarlo.

Surgen entonces las horas adicionales, las changas o la búsqueda de un segundo ingreso. Ese esfuerzo tiene un costo que pocas veces aparece en los balances: menos descanso, menos tiempo con los hijos y mayor incertidumbre sobre el mes siguiente.

Por eso, evaluar una política económica exige mirar también qué ocurre con los salarios, las jubilaciones y el empleo. Las cuentas públicas y las condiciones de financiamiento forman parte del problema; la capacidad de las familias para vivir de sus ingresos también.

Una responsabilidad política

El Gobierno nacional tiene la responsabilidad de explicar cómo y en qué plazos espera que sus decisiones mejoren la vida cotidiana. También debe responder por la situación de quienes no pueden esperar una recuperación futura sin asistencia presente.

La oposición, por su parte, debe ofrecer propuestas financiables y explicar cómo protegería los ingresos y el trabajo. El malestar social requiere respuestas que puedan sostenerse más allá de una declaración.

El esfuerzo económico debe evaluarse según la capacidad de cada sector para soportarlo. Pedir paciencia a quien conserva un respaldo es distinto de pedírsela a quien ya debe elegir qué necesidad dejar sin cubrir.

Una recuperación podrá sentirse en los hogares cuando alcance para comprar alimentos, pagar los servicios, acceder a la salud y vivir del propio trabajo. Hasta entonces, quienes menos tienen seguirán enfrentando la parte más urgente del costo económico: resolver cómo llegar al día siguiente.