SANTA CRUZ RECHAZÓ LOS CAMBIOS PROPUESTOS A LA LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL

La Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Santa Cruz manifestó su rechazo al proyecto que busca modificar la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, iniciativa que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación el 30 de octubre y que actualmente debe continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Desde el organismo, dependiente de la Secretaría de Estado de Políticas de Igualdad e Integración, señalaron que los cambios propuestos generan preocupación por sus posibles consecuencias sobre las garantías y los derechos de las personas que atraviesan situaciones de padecimiento subjetivo.

En ese sentido, sostuvieron que la atención de la salud mental debe mantener como ejes centrales la dignidad, la autonomía, la libertad, la participación y la inclusión social, principios que consideran fundamentales dentro del marco de la legislación vigente.

Cuestionamientos a los criterios de internación

Uno de los puntos que genera mayor preocupación está relacionado con la modificación de los criterios para disponer internaciones involuntarias.

El proyecto plantea reemplazar el concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño”. Para la Subsecretaría provincial, este cambio podría ampliar las interpretaciones que habilitan intervenciones sin consentimiento y reducir las garantías destinadas a proteger la autonomía de las personas.

El organismo remarcó que las internaciones involuntarias deben conservar su carácter excepcional y estar sujetas a garantías que resguarden los derechos de quienes atraviesan una situación de salud mental.

El rol de los equipos interdisciplinarios

Otro de los aspectos señalados es el alcance de las modificaciones sobre la intervención de los equipos profesionales.

Desde Santa Cruz plantearon que la salud mental requiere un abordaje integral e interdisciplinario, que contemple no solamente las dimensiones médicas y psiquiátricas, sino también los factores psicológicos, sociales, familiares, culturales y comunitarios.

En esa línea, advirtieron sobre la importancia de sostener un modelo de atención que incluya distintas disciplinas y evite reducir el tratamiento a una única perspectiva profesional.

Participación de las personas usuarias y recursos del sistema

La Subsecretaría también hizo hincapié en la necesidad de garantizar la participación de las personas usuarias de los servicios de salud mental en las decisiones que involucran sus vidas.

El planteo incluye la intervención de organizaciones, familiares, profesionales y organismos de defensa de derechos humanos en cualquier proceso de modificación normativa.

Además, señalaron que el debate sobre las modalidades de internación no debería dejar de lado las dificultades estructurales del sistema, entre ellas, la insuficiencia de recursos presupuestarios, considerada una de las cuestiones centrales para garantizar la aplicación efectiva de las políticas de salud mental.

La provincia impulsa un sistema integral de abordaje comunitario

En el comunicado, el organismo provincial indicó que Santa Cruz trabaja en la articulación de distintos sectores para avanzar en la conformación de un Sistema Provincial Integral de Salud Mental y Abordaje Comunitario.

La propuesta se encuentra orientada por los principios de la Ley Nacional Nº 26.657, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Entre los objetivos mencionados se encuentran el fortalecimiento de una red de atención accesible y territorial, el desarrollo de alternativas a las internaciones prolongadas, el acompañamiento a las familias y la promoción de herramientas de inclusión social.

Solicitan un debate amplio en Diputados

Finalmente, la Subsecretaría ratificó su rechazo al proyecto en los términos aprobados por el Senado y solicitó a los integrantes de la Cámara de Diputados que el tratamiento legislativo contemple un debate amplio y participativo.

El organismo consideró necesario que cualquier modificación de la normativa garantice la intervención de los distintos sectores involucrados y respete los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos.