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Casi 4 millones de argentinos dejaron de usar tarjeta de crédito: por qué pasó y a quiénes culpan los bancos

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En los últimos 5 años, la cantidad de usuarios que se financian con plásticos cayó un 17 por ciento. En el sistema financiero aseguran que el tope de las tasas obliga a muchas entidades a no renovarlas, en especial a quienes tienen bajos ingresos

A pesar del avance de los pagos digitales iniciado en la última década e intensificado durante la pandemia, la cantidad de personas que utilizan tarjetas de crédito cayó un 17% en los últimos 5 años y pasó de 21.720.000 usuarios únicos en 2018 a 18.027.000. Esa reducción dejó sin el instrumento más tradicional de financiamiento para el consumo a 3.700.000 argentinos y los más perjudicados en esta retracción son los segmentos socio económicos de medios y bajos ingresos

La tarjeta de crédito, que tiene el doble rol de servir como instrumento de pago y de financiamiento al mismo tiempo, perdió un terreno en un segmento cuantioso de la población, según un informe de la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc) al que accedió Infobae. El estudio establece que del total de los usuarios salidos del sistema, un 96% pertenecen a los segmentos más vulnerables de la sociedad que, de este modo, deben acceder a otras opciones para financiar sus compras.

El relevamiento detalla cuáles fueron los usuarios que dejaron de usar el dinero plástico en relación a su condición socioeconómica. En los niveles altos (ABC1) y medio altos (C2) no hubo impacto: tienen casi la misma cantidad de usuarios que hace 5 años. En los segmentos medio-bajo y bajo, la caída en la cantidad de usuarios es palpable. De los 3,7 millones de usuarios perdidos, 3,6 millones se ubican en esos grupos

¿Cuáles son las razones para que tantos argentinos se hayan quedado sin tarjeta de crédito? En los bancos no encuentran la explicación para este fenómeno en los vaivenes del consumo, que en un periodo de 5 años y en un país como la Argentina pueden intercalar etapas tanto negativas como positivas.

La principal causa de que casi 4 millones de argentinos se hayan quedado sin tarjeta, aseguran en el sistema financiero, está en los topes a las tasas de interés. La existencia de tasas máximas, combinada con una inflación alta y creciente, obliga a muchos bancos a retirarle la tarjeta a los clientes de mayor riesgo, que podrían calificar solamente si estuviese permitido que las tasas fuesen más altas.

Ante ese escenario, hay entidades que prefieren no renovarle la tarjeta de crédito a los usuarios de ingresos medios y bajos. Esa decisión se hace presente en especial en el caso de los pequeños bancos dedicados al financiamiento al consumo y de las entidades no financieras habilitadas para emitir tarjetas de crédito, tales como las financieras ligadas a supermercados o cadenas comerciales, explican en el sistema. Esos emisores de tarjetas con menos espalda que los grandes bancos son los que suelen dedicarse a los clientes de los estratos sociales más bajos que, a la vez, son los que tienen mayor riesgo por tener ingresos bajos o irregulares.

“La política de tasas reguladas, que supuestamente tiene como objetivo proteger a los usuarios de los abusos con las tasas excesivamente elevadas, al final termina dejando afuera del crédito a aquellos que más lo requieren. Un asalariado registrado siempre va a poder acceder a una tarjeta de crédito, por lo menos en el banco que en el que tiene la cuenta-sueldo. En cambio, los asalariados informales se están quedando sin tarjetas por los controles de tasas”, explicaron en una entidad bancaria.

La tasa que los bancos cobran a aquellos usuarios que abonan el pago mínimo del resumen, conocida como “tasa de revolving”, es actualmente del 77% anual nominal, lo que lleva a una tasa efectiva cercana al 140 por ciento. Esa tasa rige para financiar resúmenes de hasta 200.000 pesos.

Quienes pagan el mínimo y deben financiar más de $200.000, rige una tasa máxima: los bancos no pueden cobrar más de un 25% por encima de la tasa que cobran por préstamos personales. Para aquellas entidades no bancarias que emiten tarjetas pero no otorgan préstamos personales, el límite es un 25% por encima de la tasa promedio del sistema para esos créditos.

El uso de la tarjeta de crédito, por distintas razones, mostró una caída en el último año. Según un informe de la consultora First Capital Group, el saldo total de operaciones en pesos con tarjetas de crédito superó los 2 billones de pesos en noviembre pasado, lo que refleja un crecimiento del 68,1% en relación al mismo mes de 2021. De esa forma, el stock de financiamientos con tarjeta creció muy por debajo de la inflación, que en el mismo período fue del 92,4 por ciento.

El informe menciona otro aspecto más que, en cierto modo, limita el uso de las tarjetas de crédito en clientes de poder adquisitivo más elevado. En los últimos años, muchos bancos han dejado de actualizar los límites para gastar con la tarjeta para seguir la marcha de la inflación. A diferencia de los clientes de ingresos bajos, en estos casos la tarjeta se sigue renovando pero cada vez se puede financiar menos con ella porque su margen para gastar se volvió escaso.

Este punto, explican en los bancos, fue el motivo principal por el que el reciente plan Ahora 30 lanzado por el Gobierno no tuvo una aceptación muy masiva. El programa contemplaba la compra de celulares y televisores, entre otros productos, con precios de hasta $400.000 incluyendo el interés a pagar. No son tantos los usuarios que disponen de ese límite en su tarjeta.


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Ida y vuelta de los aumentos en mayo

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El Gobierno postergó subas de luz, gas e impuesto a los combustibles para amortiguar otros aumentos. Colectivos y subtes, en espera.


Por Mara Pedrazzoli

Entre varias idas y vueltas respecto a los aumentos de precios liberados (y regulados) por el Gobierno, los incrementos programados para mayo impactarán directamente sobre consumos esenciales como combustibles, transporte, el servicio de internet y comunicación, colegios privados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y alquileres. Se suman a los amplicados entre enero y abril, de modo que inclusive en el caso de las subas postergadas –como en luz, gas y algunas prepagas-, la comparación contra las tarifas en igual mes del año anterior todavía superan a la inflación general. Según el Indec, el aumento en los precios “regulados” acumulado en el primer trimestre del año fue del 81 por ciento interanual, mientras el nivel general de inflación ascendió a 51 por ciento.

Para empezar, en la mañana del miércoles 1 de mayo las petrolerassubieron el valor de los combustibles entre 4 y 5 por ciento. Un ajuste que obedeció al incremento en los costos por la suba del dólar -topeada por el Gobierno en 2 por ciento mensual- y a la recomposición para alcanzar niveles cercanos a la “paridad de exportación”, hoy unos 20 dólares arriba de los precios internos. En principio, los combustibles iban a subir casi 10 por ciento en mayo, dado el traslado por la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), que fue suspendida hasta junio por el Gobierno por una decisión de último momento. Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal evidenciaban que este ajuste del ICL hubiera sido más alto pues correspondía aplicar los precios del cuarto trimestre del año pasado, que habían rebotado debido a la devaluación de diciembre.

Así, el aumento aplicado inicialmente por YPF estuvo por debajo de las remarcaciones promedio de marzo y abril del 6 por ciento mensual. En mayo, la nafta súper en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pasó de 837 a unos 870 pesos, mientras la nafta premium avanzó de 1.033 a 1.074 pesos. Mientras el gasoil común dejó de costar 883 para pasar a venderse a un valor cercano a 918 pesos, y el gasoil premium avanzó de 1.123 a 1.167 pesos, considerando los valores más económicos del mercado. Tomando como ejemplo CABA, en los últimos doce meses el precio del litro de nafta súper pasó de 163,10 a 744 pesos, con lo que registró un incremento total del 356 por ciento en el período.

En el caso de los servicios públicos de luz y de gas, a partir de este miércoles debía regir la indexación mensual atada a la inflación que estipulaba la nueva fórmula sancionada por el Gobierno. Sin embargo, hasta el martes a la noche los entes reguladores, Enre y Enargas, no habían recibido la información correspondiente a los nuevos cuadros tarifarios. Ante la sorpresa de las empresas del sector, el Gobierno decidió pisar los ajustes que involucraban subas de entre 10 y 12 por ciento para las distribuidoras de energía eléctrica y gas y para las transportistas de gas. Dichos aumentos representaban un incremento cercano al 5 por ciento en las facturas finales de los servicios que el oficialismo prefirió evitar. Igualmente, desde enero acumulan un alza del 150 y 450 por ciento, respectivamente.

En un nuevo traspiés heterodoxo del ministro de Economía, Luis Caputo, decidió mantener las tarifas pisadas al menos un mes para ayudar a la desaceleración inflacionaria. La regulación de los servicios esenciales comenzó a ser entendida por el oficialismo desde una lógica menos simplista y dogmática de lo que intrepreta sobre la inflación, como un fenómeno exclusivamente monetario.En la mañana del miércoles 1 de mayo, el ministro escribió en su cuenta en la red X: “Estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar más con gastos de momento a la clase media”, para explicar las postergaciones de los aumentos, con lo cual también reconoció que dejar de emitir para cubrir el déficit no condujo a la estabilidad de precios como había asegurado. Ahora necesita detener la suba de tarifas.

El congelamiento del ICL, de los aumentos en la luz y el gas, sumados a la exigencia de rebaja en las cuotas de siete medicinas prepagas deben leerse como un llamado de atención dentro de la propia lógica del Gobierno. Las idas y vueltas en materia de liberalización de precios minan el discurso libertario y su apoyo social ante la inmanente erosión en el poder adquisitivo de los salarios. 

El Gobierno ya había suspendido la aplicación de una fórmula indexatoria en su debut con la tarifa de los colectivos y trenes en el Amba durante abril. Ahora en mayo es una incógnita qué pasará con los colectivos ante la amenaza de un paro de choferes este jueves. Los colectivos ya sufrieron un alza del 29 por ciento en febrero.

En tanto, el próximo 6 de mayo sí subirá un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El esquema tarifario para los servicios que incluyen las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa quedará de la siguiente manera: con tarjeta SUBE registrada en la primera sección valdrá 200 pesos, en la segunda 260 pesos y en la tercera 320 pesos, mientras con tarjeta sin registrara costará el doble, y algo menos de la mitad con la tarifa social.

En el caso del boleto de subte, se espera un aumento del 359 por ciento, pues pasará de 125 a 574 pesos aunque se desconoce a partir de qué fecha concreta del mes por cuestiones administrativas. El Gobierno porteño demoró la publicación de la medida en el Boletín Oficial y aún no confirmó cuándo lo hará, con lo cual también se desconoce si luego se aplicará el segundo incremento previsto para el 15 de mayo, que lleva el pasaje a 667 pesos. El siguiente incremento estaba anunciado para el 1 de junio, hasta los 757 pesos.

Asimismo, los colegios privados bonaerenses aplicarán un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, con variaciones dependiendo del nivel educativo y la subvención estatal. Los jardines con 100 por ciento de aporte costarán hasta 17.500 pesos, mientras la secundaria con subsidio del 40 por ciento hasta 102.500 pesos.

También las tarifas de internet, cable y telefonía sufrirán un ajuste que oscilará entre el 10 y el 20 por ciento dependiendo del proveedor y el tipo de servicio contratado. Y por último, los alquileres que quedaron dentro de la Ley de Contratos de Locación tendrán un incremento del 221 por ciento mientras aquellos firmados después de la derogación tendrán un ajuste “según el mercado” y las condiciones particulares de cada caso.


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