La ministra de Seguridad dijo que se usará la mínima fuerza necesaria y suficiente; no se permitirá que haya niños en las protestas, y las organizaciones sociales pagarán el costo de los operativos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este jueves un «protocolo para el mantenimiento del orden público» con el objetivo de asegurar la libre circulación en rutas y calles ante protestas que puedan derivar en piquetes o bloqueos.

Bullrich anunció en una presentación pública que todas las fuerzas federales van a intervenir para garantizar la aplicación del protocolo.

La funcionaria enumeró las siguientes medidas:

• Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. “La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir”, sostuvo.
• Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes. “Si hay un delito en flagrancia van a poder intervenir”, aclaró.

Y agregó: «Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal».

Ese artículo establece que «el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años».

• Las fuerzas federales actuarán en las zonas federales. Eso llevará a que las fuerzas provinciales deben actuar en las zonas de sus competencias y tener un trabajo en común.
• No se tomará en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito y circulación. “Esto quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal”, precisó.
• Las fuerzas actuarán hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación; para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, que será graduada en proporción a la resistencia.
• Serán identificados los autores, instigadores y cómplices de estos delitos y los vehículos utilizados.

La funcionaria agregó que «se va a trabajar» en las estaciones de tren y ante aquellas personas que «vayan con palos, caras tapadas o formas de participar de una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad».

• No se permitirá que haya menores de edad en estas manifestaciones. «En el caso de participación de niños y adolescentes se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños y que no estén los niños —cuando tienen que estar en sus escuelas— en una manifestación», puntualizó.

«En el caos de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente y se procederá a dar sanciones aquellos que lleven niños para que no estén en las manifestaciones cuando tienen que estar en la escuela», destacó.

• Los costos de los operativos los pagarán las organizaciones sociales o los individuos. “Les enviaremos la factura”, dijo la ministra.
• “Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré (ministra de Seguridad del kirchnerismo)”, cerró Bullrich.

La respuesta piquetera

Este nuevo protocolo se conoce luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un «paro activo» en la Plaza de Mayo, como respuesta a «los anuncios» del ministro de Economía, Nicolás Caputo.

La jornada de protesta coincidirá con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y finalmente la renuncia del exmandatario radical.

Tras los anuncios de Bullrich, el Polo Obrero, con Eduardo Belliboni, brindó una conferencia de prensa en la que repudió el protocolo antipiquetes expuesto por la ministra, a quien acusaron de desconocer las consecuencias de la crisis en los sectores más postergados de la sociedad.

«La ministra Patricia Bullrich no tiene ningún instrumento legal para llevar adelante lo que dijo que va a hacer», expresó Belliboni, junto a Gabriel Solano y Vanina Viasi.