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Avanzó proyecto para fortalecer la justicia de Santa Fe

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La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió hoy dictamen del proyecto que apunta a fortalecer la justicia penal de la provincia de Santa Fe, a fin de contar con mejores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, en el marco de la ola de violencia que atraviesa la ciudad de Rosario.

La iniciativa, que ya obtuvo dictamen semanas atrás en un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal, quedó de esta manera en condiciones de ser debatida en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, que el Frente de Todos buscará realizar el próximo martes.
El dictamen recibió la firma de 40 legisladores, según anunció al término de la reunión, el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, que preside la comisión de Presupuesto.

Al iniciar el debate, Heller sostuvo que «seguimos avanzando porque esta es una parte, porque se requieren nuevas estructuras, personal, edificios, insumos» y destacó que se pidió a la Oficina de Presupuesto un informe sobre el impacto económico de la iniciativa.
Se trata de un proyecto presentado por el legislador del Frente de Todos (FdT) Roberto Mirabella y que es respaldado por los diputados santafesinos del oficialismo y de la oposición.

La iniciativa busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 50 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales.
Heller consideró que «este tema excede el tema del funcionamiento de la justicia» y dijo que «el narcotráfico lo vamos a resolver cuando se resuelva que se hace con la plata».

«El gran tema del mundo es cómo se impide que el dinero ilegal se vuelva blanco y circule y permita hacer negocios», completó.
En el marco de la reunión se produjo un fuerte cruce entre el legislador del FDT, Marcos Cleri, quien acusó a la oposición de «trabar todo» y responsabilizó a Juntos por el Cambio y al Socialismo por la situación que atraviesa Rosario.

El socialista Enrique Estévez rechazó esas afirmaciones y tildó de «mentiroso» y «provocador» al diputado oficialista, a la vez que reclamó al Senado que designe los integrantes de la comisión Bicameral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Penal Federal.
«Esta situación es responsabilidad de quiénes gobernaron los últimos 40 años la provincia donde avanzó el crimen organizado por políticas de ajuste y neoliberalismo. Lo que estamos padeciendo en Rosario tiene que ver con políticas de planificación. Yo vivo en Rosario. Nosotros tenemos un verdadero compromiso», aseguró Cleri, al rechazar cuestionamientos de legisladores de la oposición.

Previamente, el diputado radical por Santa Fe, Juan Martín, sostuvo que «no se va a resolver el problema» con esta iniciativa, en tanto que su par de bloque, Mario Barletta, cuestionó al oficialismo y afirmó: «No vayan a creer que es un tema de la provincia de Santa Fe, en Buenos Aires es 10 veces peor», a la vez que se preguntó: «Hasta dónde está preocupado el Gobierno nacional si no incorporó en extraordinarias este tema».

El debate se desarrolló tras la publicación la semana pasada del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el que se informa el impacto económico que tendrá la aplicación de esa iniciativa, como realiza ese organismo parlamentario cuando se requiere un estudio sobre la influencia económica de un proyecto.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto «el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de $1.106 millones anuales, aproximadamente».
«El proyecto propone la creación de 50 cargos, 36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial, sin prever el detalle de las estructuras que los contienen», señala.

Según el organismo, las erogaciones en personal se estiman en «$1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional».
En tanto, debe conformarse la Comisión bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que aún debe nombrar a los senadores que la integrarán, ya que los diputados fueron designados.

Uno de los puntos esenciales del proyecto plantea que «quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento».


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A qué juega Massa: Movidas audaces pero sin patear el tablero

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La reacción del FMI, las corporaciones y la población más vulnerable al conjunto de las medidas económicas tomadas en las últimas semanas por Sergio Massa. El impacto de la eliminación de Ganancias para los trabajadores y la devolución del IVA.
Raúl Dellatorre

Por Raúl Dellatorre

Si el resultado de las elecciones pasara principalmente por la economía, ¿quién va a definir estas elecciones? ¿El estado de ánimo de la población o las propuestas de los candidatos? ¿Importan o se perciben las diferencias entre las propuestas económicas? ¿O predomina el voto «enojo y castigo» por sobre la evaluación de esas diferencias?. Además, ¿cómo juega el factor externo, el poder económico global, en la pelea? ¿Qué incidencia tiene el FMI, o el gobierno de Estados Unidos, en el voto? Dicho de otro modo: ¿por quién vota el FMI?

Sin que la pretensión de este cronista sea la de responder a todos esos interrogantes –diría nuestro «por siempre» inolvidable Mario Wainfeld–, se podría asegurar que diversas acciones de diferentes actores en los últimos días, conllevan la intención de responder a varias de esas preguntas a la vez. Tomemos tres momentos de esa secuencia. La conferencia de prensa de la portavoz del FMI del jueves. La reunión virtual del Consejo del Salario del miércoles. El resumen que hace Sergio Massa del conjunto de medidas adoptadas con posterioridad a la devaluación del 14 de agosto, en cualquiera de sus últimas presentaciones. 

Las expresiones de Julie Kozack, vocera del FMI, del jueves con respecto a la situación argentina valen tanto por lo que dijo como por lo que sugirió sin decir. Veamos. «La situación económica actual sigue siendo muy desafiante y compleja. La inflación es muy alta y está subiendo. Los activos de las reservas internacionales son bajos. Las condiciones sociales son frágiles». Esta síntesis del cuadro, arrojado sobre la mesa no como un informe que llevó por escrito, sino en respuesta a preguntas de los periodistas, no tienen evidentemente la intención de llevar calma y sugerir que los problemas se están resolviendo, sino que está poniendo de manifiesto crudamente la gravedad de la situación. 

Vayamos a cómo siguió su relato, cuando le preguntaron específicamente por las últimas medidas tomadas por el gobierno argentino, todas con clara orientación de provocar transferencias de ingresos a favor de los sectores medios y bajos, a costa en su mayoría de las arcas fiscales. 

«Las medidas políticas y los anuncios adoptados recientemente se suman a los desafíos de Argentina. El paquete de medidas que se tomaron, acordado con el Fondo en el contexto de las recientes revisiones, tenía la intención de salvaguardar la estabilidad y reconstruir las reservas. Estamos trabajando en entender mejor el impacto y la necesidad de medidas de compensación».

Lo dicho por la portavoz del Fondo sugiere que el organismo no desconocía las medidas que iba a tomar Massa tras recibir, el 23 de agosto, el desembolso de 7500 millones de dólares. Esas medidas, que empezó a anunciar el domingo 27, buscaban compensar los efectos de la devaluación del 14 de agosto, un día después de las PASO. 

Al FMI no le gustan esas medidas de transferencias que aumentan los gastos del gobierno. Pero a Massa tampoco le gustó que le impusieran la devaluación ni le reconoce méritos al salto cambiario. «Si algo mejoramos en la balanza en las últimas semanas, fue por la extensión del impuesto PAIS a la importación de ciertos bienes y servicios, que frenó parte de los pagos al exterior por operaciones especulativas. La devaluación no nos dejó nada en divisas, y en cambio nos provocó un shock inflacionario y deterioro de los ingresos de la población«, señala el ministro candidato en reuniones con allegados. 

Hasta aquí, este es el choque más evidente entre el FMI y el gobierno desde que se aprobó el acuerdo de facilidades extendidas, en marzo de 2022. Pero no significa un alejamiento o ruptura, necesariamente. Si no, detengámonos en lo que dijo Kozack al ser consultada sobre una eventual sustitución del peso por el dólar en la economía argentina:

«Determinar la tasa de cambio es prerrogativa de cada país soberano. Lo que al organismo (FMI) le preocupa de una dolarización es que se pueda asegurar que las políticas macroeconómicas son consistentes con una transición ordenada. Una dolarización total requiere de importantes pasos preparatorios, y tampoco es un sustituto de las buenas políticas macroeconómicas». 

De lo que se deduce que la funcionaria, una estrecha allegada a Kristalina Georgieva, le «bajó el precio» a la dolarización: no considera que sea el remedio mágico para alcanzar la estabilidad monetaria y fiscal –que es la verdad revelada en la religión de Javier Milei– ni parece avalar que estén dadas las condiciones para semejante ensayo. 

Si bien Massa tiene razones para interpretar que el FMI le dio la espalda cuando más apoyo necesitaba en divisas, hay que comprender que este organismo dejó aun más huérfano el experimento de la dolarización que Milei vende como poción mágica. 

En el plano interno, varios de los participantes de la reunión del consejo del salario del miércoles, que definió un aumento del mínimo del 32 por ciento para el último trimestre del año, coincidieron en destacar la actitud de «prudencia» de la representación empresaria, en la que siempre se destaca el rol de la UIA. La reunión fue corta, expeditiva. Hubo un rápido acuerdo para definir un aumento «moderado» frente a una inflación mensual que todavía sigue arriba del 10 por ciento, sin expresiones discordantes de la UIA. «Se cuidaron mucho de no quedar como los que patean el tablero en una situación de emergencia; hay mucha sensibilidad por el clima electoral», confió una muy alta fuente. ¿Prudencia o realineamiento? 

En cuanto a la propia mirada del gobierno sobre las medidas, hay una conclusión que es unánime: la derogación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría (trabajadores en relación de dependencia) y la devolución del IVA sobre compra de productos de la canasta familiar han sido las más impactantes. «Cambiaron el ánimo en el ambiente laboral», sostienen dirigentes sindicales de los que recorren fábricas permanentemente. 

Hay un error de perspectiva en quienes sostienen que eliminar Ganancias «apenas» favorece a un puñado de asalariados de altos ingresos. Quienes vienen detrás, con salarios medios o medio/altos, que pagaron Ganancias en el pasado, saben que un simple retraso de seis meses en la actualización del «piso», frente a una inflación elevada, los mete de nuevo en el terreno de los que pagan. Solo la ley que deroga la cuarta categoría le brinda la tranquilidad de que no volverán a estar alcanzados.

Por último, la devolución del IVA tuvo el enorme mérito, que pocas políticas públicas logran, de su masividad. Al trabajador informal, de bajos ingresos, que se maneja con tarjeta (no son todos, pero es una buena proporción), la medida le llega y lo percibe. Quienes trabajan permanentemente en esa franja de la población, señalan que se notó el impacto. 

En una elección en la que la economía define, el ministro y candidato Massa retomó la iniciativa, mueve el tablero y hasta los factores de poder internos y externos se acomodaron en función de esas iniciativas. Con una oposición casi congelada, jugó una carta más, y de las pesadas: un gobierno de unidad nacional, que incluya a parte de una oposición que podría desmembrarse después de la primera vuelta. Una imagen que no cae nada mal allá, por el Norte, cuyo embajador incluso se anticipó a ofrecer su apoyo si los «moderados» de las dos fuerzas que en ese momento se mostraban en pugna, se juntaban. La «gobernabilidad» los prefiere moderados.


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