En la comisión de Peticiones, la libertaria afirmó que la reunión con los genocidas tuvo el aval político del presidente de Diputados. Furia en el bloque de LLA. El rol de Bonacci.

Por María Cafferata

Lourdes Arrieta, la diputada libertaria del patito amarillo en la cabeza que participó de la visita a los genocidas presos en el penal de Ezeiza, decidió que, si ella va a hundirse, arrastrará consigo a toda la conducción de La Libertad Avanza. En el marco de la reunión de comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento –el espacio que se había consensuado con la oposición para comenzar a investigar la excursión de seis diputadas oficialistas al pabellón de represores–, Arrieta responsabilizó públicamente a Martín Menem de la visita. «Tanto Beltran Benedit como el presidente de la Cámara Martín Menem deberán dar explicaciones. Nosotros no nos mandamos solos, no me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político», afirmó la diputada, que viene sosteniendo un plan redentor que tiene a todo su bloque furioso pidiendo castigo. Pero castigo no para quienes fueron a ver a Alfredo Astiz, sino contra quienes hablaron y habilitaron, así, a que el tema siga en agenda. El peronismo, mientras tanto, aprovecha: el objetivo es sostener el debate en el Congreso, a la espera de un timing político que les permita ir «hasta las últimas consecuencias».

Los diputados libertarios se agarraban la cara y se miraban entre sí con incredulidad: Lourdes Arrieta acababa de ofrecer en bandeja al principal jefe político del oficialismo, Martín Menem, a cuento de nada. Silvia Lospennato había dado inicio a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados hace solo unos minutos y el objetivo –acordado con UxP en la reunión de labor de la última sesión fallida– era comenzar a dar tratamiento a los numerosos proyectos que exigían investigar el trasfondo de la excursión a Ezeiza en julio. No había ni un cronograma trazado –ni mucho menos una voluntad mayoritaria para pedir la expulsión de los diputados– pero Arrieta, en pos de justificar un proyecto en que pedía que los investigasen, acababa de declarar que si había que pedirle explicaciones a alguien era a Menem.

«Nunca se nos informó de la identidad de personas detenidas ni tampoco cuáles eran las condenas. Nosotras creímos en la institucionalidad de la Cámara de Diputados porque se brindaron las herramientas para que sea una comitiva en carácter de legisladores nacionales para conocer condiciones instalación del penal», declaró Arrieta, que señalaba a Rocío Bonacci, sentada a su lado, cada vez que hablaba de «nosotras». Bonacci era otra de las «arrepentidas» de la visita al penal de Ezeiza. «Se me invitó, cumplí con mi deber, quiero pedir perdón a aquellos que se han sentido molestos con este accionar. La verdad es que no sabía», insistió la diputada mendocina que, sin embargo, se había jactado de haber ido a Ezeiza a «saber la verdad de primera mano» en un chat interno del bloque, tal como contó Página/12. 

En LLA estaban furiosos. «Hay que echarlas a la mierda, que se vayan con UxP. No pueden seguir acá», mascullaba, rabioso, uno de los diputados que había participado de la comisión. En el bloque son varios los que vienen pidiendo la cabeza de Arrieta y Bonacci –especialmente la de Arrieta, que presentó una denuncia penal contra sus compañeros de bloque–, pero hasta ahora Menem se ha rehusado. La conducción del oficialismo teme perder la segunda minoría a manos del PRO si ambas abandonan el bloque. «La llamamos a Patricia y le decimos que sus seis diputados rompan con el PRO y listo», insisten en las filas más rebeldes, pero no hay caso: Menem no quiere saber nada con una sangría que lo deje en una posición de mayor debilidad frente a sus aliados.

La visita a los represores y el plan de impunidad

La reunión, más allá de las declaraciones de Arrieta, sirvió como puntapié institucional para dar comienzo a la investigación. Una investigación que, sin embargo, no termina en el tour fotográfico con Astiz, sino que se extiende hasta febrero, cuando se creó un chat con el cura Javier Olivera Ravasi –hijo de genocida Jorge Olivera– y dos abogados que vienen impulsando que los genocidas cumplan la condena en sus casas. «No solo fue una visita, sino un plan estratégico destinado a presentar un proyecto o un decreto que le otorgue la libertad a los genocidas», denunció Vanesa Siley (UxP). Afuera, frente al edificio del Congreso, se realizaba una radio abierta organizada por la diputada Gisela Marziotta (UxP) para reclamar la expulsión de los amigos de los genocidas. (ver aparte)

UxP sostiene que un sector de LLA viene trabajando junto a un grupo de genocidas –como Raul Guglielminetti, que es el represor que le entregó un borrador a los diputados que fueron a verlo a Ezeiza– para que puedan acceder a un indulto o el beneficio de prisión domiciliaria. Y eso es lo que buscan probar. «Al chat con el cura Ravasi se le suma la visita de funcionarios de Petri a Campo de Mayo y la visita a Ezeiza. Y todo en un contexto en donde ha ingresado proyecto de ley donde quieren terminar con la diferenciación entre Seguridad Interior y Defensa Nacional», advirtió el titular de UxP, Germán Martínez, haciendo referencia al proyecto del oficialismo que pretende habilitar que las Fuerzas Armadas intervengan en Seguridad: «Si querés hacer eso tenés que mandar una señal de que no las vas a desproteger. Y la señal es para atrás, que vas a intentar soltar a los genocidas», afirmó Martínez.

El oficialismo, frente a estas acusaciones, optó por la estrategia original de despegar al bloque de todo lo sucedido. «Ratificamos la democracia y los derechos constitucionales. Los que cometieron delitos de lesa humanidad tienen que estar presos», afirmó  el presidente de bloque, Gabriel Bornoroni, que, sin embargo, se mostró molesto por la descripción de Siley de los crímenes cometidos por los represores a los que sus compañeros de bloque habían visitado. «No estamos para hablar de las cosas que hicieron mal unos personajes de la historia de la Argentina que no tienen nada que ver con los diputados de LLA», insistió y se escucharon las risas sarcásticas de UxP. «Genocidas se llaman», le recordó Cecilia Moreau.

Los aliados del gobierno, mientras tanto, optaron, por ratificar su repudio a la visita al penal de Ezeiza y dejaron en claro que no existía una mayoría para aprobar ningún indulto. «En el caso de hubiera intención de liberar a los genocidas podemos decir que esta Cámara no lo va a aprobar. ¿Esto merece desaforar seis diputados? Creo que no porque tienen derecho a presentar los proyectos que consideren convenientes», deslizó la bullrichista Silvana Giudici. 

Las radicales Karina Banfi y Carla Carrizo también repudiaron la visita, pero plantearon –como lo harían varios– que la comisión de Peticiones no era el lugar para hacerlo. En efecto, una vez finalizada la comisión, nadie tenía del todo claro cómo continuaría la investigación. Lospennato se rehusó a crear una comisión investigadora bajo el argumento que ella no tenía esa facultad y deslizó que algunos proyectos podían ser tratados en la comisión de Asuntos Constitucionales, que conduce Nicolás Mayoraz (LLA). La diputada del PRO solo atinó a decir que el viernes convocaría una reunión con asesores y, cuando en UxP la presionaron para que pusiera fecha para que expusieran los organismos de derechos humanos, Lospennato no dio precisiones.

UxP, por otro lado, tampoco tiene muy en claro qué estrategia seguir. Una de las más firmes en la comisión fue Carolina Gaillard, que propuso convocar un plenario de comisiones entre Asuntos Constitucionales y Peticiones. El objetivo es forzar a Mayoraz que acepte a convocar y aprovechar, así, para intentar dictaminar la suspensión de los legisladores, como propone la diputada Gisela Marziotta. Aunque no necesariamente de todos: no hay consenso en el bloque peronista, pero más de uno defiende la tesis de que Bonacci y Arrieta fueron «engañadas» y no tienen la misma responsabilidad que el resto. El tema, sin embargo, todavía es motivo de discusión interna.