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Domingo 31 de Agosto del 2025

SOCIEDAD

Antonio Aracre asumió como jefe de asesores de Alberto Fernández

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Durante su primer día en la Casa Rosada el «ex» CEO de Syngenta se mostró «orgulloso» de formar parte del Gabinete. En la puerta, un grupo de activistas ecológicos cuestionó su designación.

El reciente «ex» CEO de Syngenta, Antonio Aracre, asumió hoy como jefe del Consejo de Asesores del presidente Alberto Fernández. Durante su primera jornada en Balcarce 50, se mostró orgulloso de formar parte del Gobierno del Frente de Todos, que reemplazó a Julián Leunda.

«Arrancando mi primer día en la Rosada. Orgulloso de servir a mi patria y agradecido con el presidente Alberto Fernández por esta oportunidad que me da para seguir apoyando la agenda de crecimiento económico de la Argentina y combatir el flagelo de la creciente desigualdad social», expresó Aracre en su cuenta de Twitter.

El 6 de diciembre, Leunda, el aquel entonces titular de asesores del mandatario, comunicó su dimisión tras aparecer nombrado en los supuestos chats hackeados donde hay conversaciones privadas entre jueces, fiscales, funcionarios y empresarios que habrían participado de un viaje a Lago Escondido, en Río Negro.

Días después, el Gobierno comunicó el desembarco en el Gabinete nacional del ex Syngenta, lo que generó un fuerte cuestionamiento. Fue nada más y nada menos que el líder de Camioneros, Pablo Moyano, el primero en criticar la designación luego de que Aracre se haya manifestado a favor de una reforma de la legislación que «modernice y flexibilice» los procesos de contratación laboral.

Activistas ecológicas también sumaron su rechazo al nombramiento y hoy decenas de personas se manifestaban sobre las rejas de Casa Rosada en repudio a su designación. Desde la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y otras agrupaciones socioambientales acusan a Aracre de comercializar y producir agrotóxicos perjudiciales para el ambiente y la sociedad.

Syngenta es una empresa multinacional proveedora de ciencia y tecnología agrícola, en particular de semillas y pesticidas, propiedad de ChemChina, una empresa estatal china.

«Es la mayor fabricante mundial de transgénicos y de agrotóxicos, con las devastadoras consecuencias que ese modelo tiene en nuestro país, el nombramiento de Aracle como jefe de asesores representa un escalón más de esta entrega, de dar nuestros bienes comunes a un conjunto de corporaciones», definiron desde la coordinadora BFS a través de un video conjunto.

En la misma línea, se expresó el diputado provincial del Partido Obrero, Guillermo Kane, presente en la protesta al sostener: «Alberto Fernández asumió diciendo que se terminaba el gobierno de los CEOS. Con esta designación apoya el saqueo ambiental en todo el país, las petroleras offshore y la minería a cielo abierto».

Con carteles que rezan «Fuera Aracre», activistas se encadenaron a las rejas de que rodean la cede del Poder Ejecutivo, mientras un puñado de personas realizan una intervención en la que muestran imágenes de los efectos letales de los agrotóxicos en la humanidad. Debajo de ellos, ubicaron una bandera roja con la leyenda de «El agronegocio mata».

Alberto Fernández debió afrontar los cuestionamientos en carne propia al ser increpado a los gritos por el uso de los agrotóxicos. Cuando pronunciaba su discurso en la inauguración de un hospital modular en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, y luego de ser tildado de «caradura» por parte del manifestante, Fernández respondió: «Tenemos que trabajar mucho y escucharnos, no gritarnos».

En la misma línea, el mandatario agregó: «Escuchaba recién al compañero quejarse sobre el uso de agroquímicos y está bien, es uno de los temas que se debaten en el mundo, pero no es necesario hacerlo de ese modo. Estoy seguro de que el compañero que se quejaba del uso de los agroquímicos lo hacía honestamente, pero equivocaba el modo. Tal vez haya que escucharlo, pero hay que hacerlo de ese modo. Hay que bajar los gritos».


PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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