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Ahora 30: hasta cuándo está vigente el programa y qué se puede comprar

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El programa de financiación Ahora 30 fue puesto en marcha para reactivar la economía nacional y estará vigente hasta el primer mes del año próximo.

El Gobierno tiene en marcha el programa Ahora 30 como parte de su plan para reactivar la economía, cuya crisis se profundizó con la pandemia de coronavirus.

El plan de descuentos y financiaciones tiene un abanico más amplio que su antecesor Ahora 12 y está disponible para transacciones realizadas con tarjetas de crédito en distintos rubros y todos los días de la semana.
El programa rige hasta el 31 de enero de 2022 con la posibilidad de realizar pagos en 24 y 30 cuotas fijas mensuales, que se suman a las modalidades ya vigentes de 3, 6, 12 o 18 pagos, según lo informado por la Secretaría de Comercio Interior.

Por otro lado, las opciones de financiación pueden aplicarse tanto a la compra presencial como a la virtual, ya sea de manera online o telefónica, y aplica en los comercios adheridos de todo el país.

Ahora 30: qué se puede comprar
Línea blanca (12, 18, 24 y 30 cuotas) Aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.
Televisores y monitores (12 ,18 y 24 cuotas) Pequeños electrodomésticos (3, 6 y 24 cuotas): pavas eléctricas, licuadoras, procesadoras, batidoras, tostadoras, entre otras.
Computadoras, notebooks y tabletas (12, 18 y 24 cuotas): todo tipo de computadoras, notebooks y tabletas.
Indumentaria (3, 6 y 12 cuotas): prendas de vestir para hombres, mujeres y niños. Incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir.
Calzado y marroquinería (3, 6 y 12 cuotas): calzado deportivo y no deportivo. Además incluye carteras, maletas, bolsos de mano, artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.
Juguetes (3, 6, 12 y 18 cuotas): juguetes y juegos de mesa de fabricación nacional.
Bicicletas (3, 6, 12, 18 y 24 cuotas): todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y sus piezas Muebles (3, 6, 12 ,18 y 24 cuotas): muebles para el hogar.
Colchones (12, 18 y 24 cuotas): colchones y sommiers.
Anteojos y lentes de contacto (3, 6 y 12 cuotas): anteojos recetados, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no supere los $15.000.
Materiales y herramientas para la construcción (12, 18 y 24 cuotas): arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera, y herramientas de trabajo, entre otros


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Reunión de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina

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Vicegobernadores y Vicegobernadoras de la República Argentina, abajo firmantes nos convocamos con un temario diverso y federal y la preocupación de promover una reflexión sobre uno de los desafíos que atraviesa la agenda de nuestros gobiernos provinciales y del gobierno nacional: la división de poderes y, en ese marco, el rol del Poder Judicial.

La inminencia de un fallo en el juicio que tiene como principal acusada a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner configura un hecho de gravedad institucional sobre el cual corresponde marcar nuestra absoluta desaprobación y desasosiego institucional.  
La división de poderes se encuentra jaqueada por una serie de factores que conmueven los cimientos de la democracia y lesionan las virtudes republicanas.
El “activismo judicial”, que se traduce en un alineamiento más o menos explícito de algunos jueces con determinados sectores políticos, pone en jaque a todo el sistema republicano de gobierno y a los derechos y garantías de las y los ciudadanos de nuestro territorio.
Estamos frente a un nuevo paradigma: el poder judicial puede funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas, pero al mismo tiempo amenazar esos derechos e instituciones. Esta paradoja se verifica desde un doble registro: la judicialización de la política y la politización de la justicia.
Hemos observado con muchísima preocupación, cómo algunos funcionarios judiciales han sobrepasado los límites de sus funciones constitucionales, colocando determinadas políticas públicas bajo su tutela, involucrándose no sólo en su evaluación sino también en su diseño e inclusive en su ejecución.
En estos días nos enfrentamos a la posibilidad de que un tribunal emita un trascendental fallo sin pruebas y ante el absurdo de pensar que una gestión de gobierno puede ser considerada una “asociación ilícita”.
Tamaño antecedente, que  habilitaría al armado de causas con fines ajenos al Estado de Derecho, constituye una mordaza que se aplica a las libertades democráticas, tiende al disciplinamiento de quienes gobiernan y garantiza impunidad a aquellos poderes cuyos intereses son puestos por delante del bien común. Esto conllevaría repetir los peores episodios del pasado reciente: la persecución, la proscripción, la condena sin pruebas y la estigmatización de determinados espacios políticos que signó a una de las más oscuras etapas de la historia argentina.
Verónica Magario Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires; Carlos Silva Neder Vicegobernador de la Provincia de Santiago del Estero; Antonio Marocco Vicegobernador de la Provincia de Salta; Florencia Lopez Vicegobernadora de la Provincia de La Rioja; Alejandra Rodenas Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe; Ruben Dusso Vicegobernador de la Provincia de Catamarca; Analia Rach Quiroga Vicegobernadora de la Provincia de Chaco; María Laura Stratta Vicegobernadora de la Provincia de Entre Ríos; Eber W. Solis Vicegobernador de la Provincia de Formosa; Mariano Fernández Vicegobernador de la Provincia de La Pampa; Eugenio Quiroga Vicegobernador de la Provincia de Santa Cruz; Mónica Urquiza Vicegobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego; Sergio Mansilla Vicegobernador de la Provincia de Tucumán.


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