La gobernadora Alicia Kirchner participó del acto protocolar que conmemora la histórica fecha en nuestro país y que invita a reflexionar sobre los hechos sucedidos durante la dictadura cívico-militar. Durante el encuentro, además, la provincia de Santa Cruz presentó el Registro de Trabajadores Expulsados y Expulsadas por Razones Políticas.

Alicia encabezó el acto protocolar en el marco del Mes de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que busca reflexionar los hechos transcurridos bajo la dictadura cívico-militar en Argentina durante 1976-1983, signada por una sistemática violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

En este día, se sigue construyendo la memoria colectiva, como deber y compromiso con cada santacruceño y santacruceña, sentando las bases para promover una sociedad diferente, una sociedad respetuosa de los derechos humanos.

El situarse desde la Memoria, la Verdad y la Justicia, tiene como objetivo reflexionar sobre el pasado para construir el futuro, aquel que mantenga la consciencia viva, la muestra por el respeto por lxs 30.000 y sus familias, así como la defensa y garantía de los derechos humanos, base para el sostenimiento del sistema democrático.

Durante el acto ceremonial, el Gobierno de Santa Cruz, en el marco de las políticas públicas llevadas adelante, presentó el registro de trabajadores expulsados y expulsadas por razones políticas.

El plan sistemático llevado adelante durante la dictadura cívico militar de 1976, se desarrolló con una impronta represiva fundamentalmente clandestina, pero también “paralegal” articulándose con una batería de leyes y decretos que otorgaron el marco jurídico-legal a las tareas de aniquilamiento de lo que militares declararon como “subversivo”.

La provincia de Santa Cruz, que se contemplaba dentro del esquema militar como Zona V – Zonificación 53, no estuvo exenta de dichas disposiciones mediante la ley N° 1.031 que autorizaba el despido y/o “prescindibilidad” de cualquier persona que se desempeñe en la administración pública, la dictadura cívico-militar persiguió y separó de su empleo a las personas que se vinculaban con la participación social, política y sindical.

Hoy, el Gobierno de la provincia presentó el registro de trabajadores expulsados/as por razones políticas, una de las políticas reparatorias de Memoria, Verdad y Justicia llevadas adelante mediante el convenio celebrado entre el Honorable Tribunal Disciplinario y la Secretaría de Estado de Derechos Humanos.

Acompañaron el acto ceremonial la ministra de Desarrollo Social, Belén García; la secretaria de Estado de Derechos Humanos, Nadia Astrada; la presidenta del Tribunal de Disciplina, Marisa Oliva; y autoridades provinciales y municipales.

Asimismo, estuvieron presentes Esteban Bayer, hijo del historiador Osvaldo Bayer, y familiares de detenidos desaparecidos y de huelguistas fusilados durante las Huelgas Patagónicas de 1920 – 1921.