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Miércoles 27 de Agosto del 2025

PROVINCIALES

Recusan a la jueza Betina Bustos en la causa por venta de armas robadas del depósito judicial

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Los abogados Sandro Levin Dumenes y Facundo Rosales, defensores de uno de los detenidos, recusaron con causa a la magistrada por considerar comprometida su imparcialidad. La recusación se basa en el interés directo de Bustos en la causa, ya que los efectos sustraídos pertenecían a su juzgado. Además, el gremio de judiciales solicitó su apartamiento inmediato y medidas disciplinarias por una presunta falta ética.

Según Fuentes judiciales, los abogados Sandro Levin Dumenes, y Facundo Rosales, defensores de uno de los detenidos en la causa por la venta de armas clandestina que se robaban del depósito judicial de Rio Turbio, Recusaron con causa a la Dra. Betina Bustos. –
La misma se funda en el Art 52 y 49, del Código procesal penal de la Provincia de Santa Cruz, por tener la misma un interés directo en la causa siendo parte interesada, ya que la investigación se trata de efectos secuestrados en el juzgado de la magistrada interviniente que habrían sido sustraídos del juzgado en la cual se viera involucrado un funcionario de la Sede judicial, sin descartar, si se encontrarían involucradas otros funcionarios del juzgado.
La recusación se basaría en una violación administrativa y/o penal, de la magistrada como de los secretarios que son los responsables de la custodia de los efectos secuestrados, por reglamento de la Ley orgánica Nº Uno. Que indica que los Secretarios son también responsables de la custodia de los efectos que se encuentran bajo su resguardo, lo acontecido habría ocurrido en el juzgado a cargo de la magistrada, quien precisamente lleva adelante la investigación de la causa, donde se encontraría viciado el proceso, ya que la propia magistrada y los secretarios son responsable de la custodia de las cosas que se secuestran en el juzgado. Pues se encontraría cuestionada la “IMPARCIALIDAD” de la Magistrada.-
También, el gremio de judiciales apunto contra Bustos y la acusa de una grave falta ética ya que «no se excusó e interviene en una investigación de un delito que la involucra al menos, en lo que a su responsabilidad como primera custodia de elementos y expedientes de su Juzgado, y en un proceso en el que podría quedar involucrada». Otro antecedente que se le suma a la jueza, es una denuncia de la CTA en 2015, cuando la acusaron de hostigamiento y persecución al personal de Judiciales. 

El gremio solicitó la instrucción de la investigación mediante proceso de sumario, y que se apartada inmediatamente de sus actuaciones, además de un pedido de medidas disciplinarias cuestionando el accionar repetitivo de Bustos para incumplir su deber, expresando concretamente que «Judiciales vuelve a advertir la gravedad institucional que toda esta situación representa, y requiere al TSJ que arbitre las medidas urgentes que se solicitan, y recuerda que la omisión de excusarse, fue la misma causa que se le endilgó al recientemente destituido juez de Cámara Diego Lerena» sentenciaron. 


 Dr Sandro Levin


Avisos

PROVINCIALES

ATE frena los pases a disponibilidad: la Justicia multa al Gobierno con $10 millones diarios

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El Juzgado Federal N°2 de San Martín ordenó al Ejecutivo cumplir con la cautelar que anuló el decreto 462/25 y frenar los despidos en el INTA. Si no acata, deberá pagar una sanción millonaria por cada día de incumplimiento.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores del INTA sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se expidió nuevamente en favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), intimando al Ejecutivo a cumplir con la medida cautelar que había suspendido el decreto 462/25 y frenado los pases a disponibilidad en el organismo.

Pese a la resolución judicial dictada la semana pasada —y a que el Senado votó en contra del DNU— el Ministerio de Economía intentó avanzar con la Resolución 1240, que dejaba en disponibilidad a 300 trabajadores del INTA. Frente a esta maniobra, la Justicia reaccionó con dureza: ordenó el cumplimiento inmediato de lo dispuesto y estableció una multa de $10.000.000 diarios en caso de desobediencia.

Desde ATE celebraron el fallo y cuestionaron la actitud del Gobierno. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, advirtió: “El Presidente insiste en desconocer a los otros poderes del Estado. Pretenden gobernar por decreto y a espaldas de la legalidad, pero la Justicia volvió a darnos la razón. No vamos a permitir despidos encubiertos ni atropellos contra los trabajadores”.

El gremio sostuvo que cada fallo judicial fortalece la resistencia sindical y ratificó que seguirán defendiendo a los empleados del INTA y de todo el sector público frente a las políticas de ajuste.


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