El grueso del arco opositor aspira a conseguir el quórum para sesionar y aprobar ambos proyectos, mientras el Gobierno presiona a gobernadores y legisladores colaboracionistas para bloquear la convocatoria. Si no consigue su objetivo, el plan B de Milei sería clausurar el Senado para que no haya leyes este año. 

Por Miguel Jorquera

El Gobierno presiona a gobernadores y legisladores en una carrera contra reloj para frustrar la sesión especial de hoy en Diputados, donde el grueso de la oposición busca ponerle límites a la forma en que el gobierno de Javier Milei lleva adelante su gestión, ignorando las facultades del Congreso. Los bloques opositores que solicitaron la sesión especial (Encuentro Federal, Unión por la Patria, los radicales disidentes de Democracia por Siempre y Por Santa Cruz) resisten la embestida libertaria dentro de sus propios espacios y confían –con el aporte de otras bancadas– conseguir el quórum y los votos para aprobar los dos puntos de la convocatoria: modificar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para limitar las atribuciones del Ejecutivo sobre el Congreso y derogar el DNU 846/24 con el que el Gobierno se auto concede facultades para renegociar la deuda externa sin la intervención del Parlamento.

El oficialismo solo cuenta con su propia tropa libertaria y la de sus aliados más íntimos, como el PRO -donde Mauricio Macri pidió a los propios no dar quórum hoy– y el de los gobernadores colaboracionistas con algunos diputados que le responden, aunque por ahora no le alcanza. Si no logra su objetivo, la Casa Rosada clausuraría el Senado en lo que queda de sesiones ordinarias (culmina el 30 de noviembre) para que el DNU de la renegociación de la deuda siga vigente y la modificación a los DNUs no se convierta en ley este año.

Poroteo

Desde que la semana pasada se oficializó el pedido de sesión especial, oficialismo y oposición no dejaron de hacer cálculos sobre las posibilidades de cada sector en la puja por imponerse en el recinto de la Cámara, hoy a partir de las 15 horas.

La primeras cuenta de los convocantes es simple: Encuentro Federal (16 diputados), Unión por la Patria (99), los radicales disidentes (12) y los santacruceños (2) suman 129 bancas, las justas para alcanzar el quórum que abra la sesión y la mitad más uno para imponerse en la votación. Pero a ellos se sumarían los 5 diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y al menos una parte de los 6 de la Coalición Cívica. También podrían sumarse algunos diputados radicales que se mantienen en el bloque oficial de la UCR, que ya han dicho que votarán a favor de ambos proyectos. Y habrá que ver si los disidentes del PRO acatan la decisión de Mauricio Macri.

Los cálculos previos de la Rosada son inversos. Cuentan con los diputados libertarios (que también tendrán al menos dos bajas), los satélites como el MID y los tucumanos de Independencia que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, además de algunos partidos provinciales. Así como gran parte del bloque de la UCR, en especial los cinco “radicales con peluca” que ayudaron a blindar los vetos de Milei al aumento de las jubilaciones y del presupuesto universitario.

Ayer se sumó el PRO al articulado libertario. En la mesa nacional partidaria, Macri le pidió a los propios que no den quórum hoy a pesar que hay muchos diputados macristas que presentaron proyectos para modificar la ley de DNU en tiempos que gobernaba el peronismo. Incluso de la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que defendió como diputada en el recinto la modificación de la ley de DNU y las atribuciones del Congreso “contra el personalismo del régimen presidencialista” donde “el Estado se privatiza”, en abril de 2010, cuando militaba en las filas de la Coalición Cívica,  antes de otras mutaciones políticas.

Propios y ajenos propios

Macri también sumó algunas demandas al oficialismo, como que se cumplan los acuerdos pactados para favorecer a los gobernadores amarillos en medio de una desconfianza mutua en una negociación aun no saldada sobre si habrá acuerdo electoral para el año próximo. Allí estaban el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo, y la diputada María Eugenia Vidal, además de los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio (por zoom) y el chubutense Ignacio Torres.

Con todos ellos, al Gobierno tampoco le alcanza para bloquear el quórum a la oposición. Por eso se lanzó al apriete a gobernadores de todo color político en busca de restarle número a los opositores. La lista incluyó los cuatro mandatarios provinciales peronistas o cercanos al PJ que se reunieron con Milei en la Casa Rosada, pero la ecuación no cambió: a los tucumanos de Jaldo los consideran propios, mientras que los salteños que responden a Gustavo Sáenz y los misioneros de Hugo Passalacqua están en el interbloque Innovación Federal (junto al único rionegrino de Alberto Weretilneck), y no figuran en los cálculos de los opositores convocantes.

Diferente es la situación del catamarqueño Raúl Jalil, que podría restarle alguna banca de UxP a la convocatoria opositora. Igual que el cordobés Martín Llaryora, que podría incidir sobre los propios que son parte de interbloque de EF. Aunque el ánimo de los mandatarios provinciales a los que el Gobierno fue a pedir ayuda está atravesado por la falta de cumplimiento de la Rosada a los acuerdos por los que en otras oportunidades acompañaron al oficialismo. Lo mismo sucede con las demandas para sus territorios en el Presupuesto 2025, que el Gobierno no está dispuesto a ceder.

Plan B

Si no prospera el bloqueo a la sesión de hoy en Diputados, a la que no dudan en calificar de “golpista”, la Casa Rosada pondrá en marcha su plan B: clausurar el Senado. No quiere que ninguno de los dos proyectos se transforme en ley en la Cámara alta en este periodo parlamentario, que culmina el 30 de este mes. 

La reforma a la ley 26.122 busca limitar la utilización de los DNUs, y establece que los mismos perderán vigencia si no son tratados por ambas cámaras del Congreso en un plazo de 90 días de su puesta en vigencia y si son rechazados por una sola de las Cámaras legislativas, y ya no las dos, como hasta ahora.

Milei descuenta que si la reforma se aprueba en marzo del año próximo, no tendrá problemas en vetarla si conserva el tercio que le permite bloquear cualquier intento legislativo de insistir en su sanción. Milei ha conseguido avanzar con su plan de destrucción del Estado a fuerza de DNUs: lleva firmados 42 en once meses de Gobierno con múltiples facultades otorgadas en cada uno de ellos. Y a ese ritmo apunta a superar en número de decretos a todas las gestiones presidenciales que lo precedieron.

Distinta es la situación del DNU 846/24, que es lo que más preocupa a Milei y a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. El decreto le auto otorga facultades al Gobierno para renegociar la deuda externa y en moneda local sin el control del Congreso, como establece la ley. Si el Senado ratificara el rechazo de Diputados, el DNU quedaría nulo y el Presidente ya no podría recurrir al veto como en el otro caso. Con lo que se derrumbaría la hoja de ruta que traza Caputo en una negociación que no cumpliría con los requisitos de la quita de capital de la deuda, baja de intereses sobre la misma y mejoramiento de los plazos para su cumplimiento.