Torrendell buscó deslegitimar el reclamo y dijo que cobran por alumnos. Sin embargo, desde la academia salieron a aclarar que no es así. “Una vez más el gobierno nacional muestra una mezcla explosiva de prejuicios y desconocimiento de la gestión pública”, señaló Víctor Moriñigo, presidente del Consejo de Rectores que nuclea a 61 universidades nacionales.

Por Laura Vales

Este miércoles habrá una nueva marcha en defensa de la universidad pública y en vísperas de la movilización, el gobierno salió a deslegitimar su reclamo: el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, acusó a las universidades de “inventar alumnos” para cobrar fondos. Torrendell aseguró que “en las universidades hay un 38 por ciento de alumnos de los que no sabemos si están cursando alguna materia” y aseguró que los fondos para las universidades se distribuyen de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Sin embargo, desde el ámbito académico salieron a aclarar que no es así. “Una vez más el gobierno nacional muestra una mezcla explosiva de prejuicios y desconocimiento de la gestión pública”, señaló Víctor Moriñigo, presidente del Consejo de Rectores, el organismo que nuclea a las 61 universidades nacionales

La primera gran marcha universitaria, que se realizó en abril, fue en reclamo por fondos para el funcionamiento de las universidades, y la de este miércoles es debido a los salarios. En lo que va del gobierno de Milei, los sueldos de sus docentes y no docentes perdieron más de 50 puntos por la inflación. La semana pasada, en un intento de desactivar la marcha, el gobierno ofreció un aumento del 5,8 por ciento para el mes de octubre, que los gremios rechazaron por ser diez veces menos que lo que perdieron. Las universidades públicas advierten que debido a que los salarios no les alcanza para vivir, los docentes están migrando a otros trabajos, en universidades privadas o incluso colegios secundarios.

El secretario de Educación habló del tema en una entrevista radial. Dijo que estuvo haciendo “minería de datos” junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, y que de esta forma “descubrió” que hay 600 mil estudiantes universitarios de los que “no se sabe si están cursando alguna materia o no”. “Las universidades no han informado su inscripción en alguna materia”.

Agregó que “esa gente podría no estar inscripta” y que “los fondos se reparten de acuerdo a esas (funciones) polinómicas que tienen que ver con la cantidad de estudiantes”. La acusación estuvo llena de verbos en potencial (“podrían no estar inscriptos”) y siguió la receta que el gobierno de Milei viene aplicando a cada área en la que quiere hacer un ajuste, al enunciar supuestos hechos de corrupción.

Por ejemplo, Torrendell dijo que “inventar alumnos es un tema que tiene más o menos 200 años. ¿Por qué? Porque la multiplicación de los cargos docentes tiene que ver con eso. Ha pasado en las primarias, secundarias y puede estar pasando (el potencial otra vez) en las universidades. Sobre todo con facultades que cuando empiezan a perder alumnos, continúan los docentes y que cuando contás el promedio hay 15 o 20 estudiantes por aula”.

Moriñigo, es rector de la Universidad Nacional de San Luis además de presidente del CIN. “Una vez más el gobierno nacional actúa con una mezcla explosiva de prejuicios y desconocimiento de la gestión… porque hoy nada se reparte en la universidad pública bajo ninguna polinómica (en función de la cantidad de alumnos), eso es algo que le dijeron al secretario y él repitió sin saber. Ya hace más de diez años que los fondos para las universidades sólo se actualizan de acuerdo a la inflación. Se toma su presupuesto histórico y se lo actualiza según hayan aumentado los precios. Para recibir más fondos de acuerdo a la cantidad de alumnos, el presupuesto universitario debería incrementarse, lo que no sucede desde hace más de una década. Lo único que se viene haciendo es actualizar los fondos de las universidades de acuerdo a la inflación”.

Moriñigo explicó que “a ninguna universidad le cambiaría nada mentir sobre la cantidad de sus estudiantes” y consideró que el secretario de Educación “cada día expone más su desconocimiento sobre la universidad pública. Es un egresado de la universidad privada que no conoce del tema”.

Sobre el 38 por ciento de alumnos sobre los que Torrendell dijo que no se sabe si están o no estudiando, el presidente del Consejo de Rectores dijo que “no se sabe qué dato está mirando porque la información que tenemos (tanto el Gobierno como las universidades) proviene del Sistema de Información Universitaria (SIU). Quizás lo que debe hacer es consultarnos: le podemos dar una capacitación de cómo leer esos números y cómo se interpretan”.

Otras fuentes consultadas indicaron que las universidades reportan el número de alumnos dos veces al año, y que en los reportes están los datos sobre la cantidad de alumnos, los exámenes, ingresantes, egresados y reinscriptos. “También se informa muy asiduamente sobre las cursadas y exámenes de los chicos que se inscriben y de los que tienen becas Belgrano y Progresar”.

Rodolfo Pastore, decano de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, también salió a cruzar los dichos de Torrendell.

“Es insólito el planteo oficial y claramente una provocación más de este gobierno, que intenta falazmente deslegitimar a la universidad pública, la institución con mayor prestigio y valoración social en nuestro país”.

“Además, busca desviar el tema de fondo de crisis presupuestaria en las universidades originada en las políticas de desfinanciamiento científico y universitario”. Pastore señaló que hoy el 85 por ciento de los trabajadores de las universidades cobran un salario por debajo de la línea de pobreza. El vaciamiento, agregó, “ha provocado una caída sin precedentes de las partidas para becas estudiantiles, investigación científica, vinculación social y obras de infraestructura.

El decano planteò que “el sistema universitario argentino es un baluarte democrático en las legítimas aspiraciones de ascenso social. El acceso a la universidad es un derecho para todos, y no hay mejor respuesta a esos dichos engañosos e infundados que la masiva marcha que la sociedad va a realizar el próximo miércoles 2 de octubre, en defensa de la universidad pública y la ciencia, la actualización presupuestaria y la ley de financiamiento universitario que recientemente aprobó por absoluta mayoría el Congreso y que el ejecutivo pretende vetar”.