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PROVINCIALES

Colegio Médico colaborará con el Municipio en la gestión de cobros a obras sociales y prepagas

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Se llevó adelante la firma del convenio entre la Municipalidad de Río Gallegos y el Colegió Médico de la Provincia de Santa Cruz con el fin de establecer un marco de colaboración interinstitucional. El Colegio Médico se encargará de cobrar a las obras sociales las prestaciones que haga a sus afiliados el Municipio, y luego transferirá el dinero a la Secretaría de Salud. De esta forma, la Municipalidad evita hacer convenios particulares con cada una de las obras sociales y prepagas y se asegura un ingreso que reinvertirá en más servicios e insumos.

La firma fue encabezada por el Intendente Pablo Grasso y el doctor Horacio Córdoba, presidente del Colegio Médico. Acompañaron el Director General de Establecimientos de Salud del Municipio, Doctor Quirino Pereira, la Secretaria de Salud Pública Marcela González, la concejala Soledad Kamu, la Diputada Agostina Mora, el diputado Eloy Echazú, y el vocal por los activos de la Caja de Previsión Social Cristian Sánchez.
Posterior a la firma del convenio tomó la palabra el Doctor Quirino Pereira explicó que los cambios realizados por el Gobierno Nacional (por decreto avanzó en la desregulación de la salud pública), generaron que las prestaciones que se realizaba en los centros de salud municipales a afiliados de obras sociales y prepagas fueran muy difíciles de cobrar, ya que había que establecer convenios individuales con cada una de las empresas y obras sociales.
Por ello, dijo Quirino que surgió la idea de “tercerizar la facturación” con el Colegio Médico, que ahora se encargará de gestionar estos cobros y transferir el dinero al Municipio: “Con esto se va a lograr la compra de los insumos que nos hace falta”, entre otras cosas, puntualizó el funcionario.
Por su parte, Doctor Córdoba dijo que “Es muy importante la firma de este convenio” y valoró que el Colegio Médico cuenta con la capacidad para responder a esta tarea, al tiempo que considero fundamental que el Municipio pueda cobrar estas prestaciones.
Finalmente, el jefe comunal Pablo Grasso dijo que de esta forma se logra igualdad ya que cualquier persona con obra social “elije un centro de atención primaria municipal. No lo eligen porque lo gobierna una persona determinada, sino por el equipo profesional” que lo compone.
Grasso destacó que “Hay profesionales que se comunican directamente con el Doctor Quirino para empezar a trabajar en nuestro centro de atención de la salud, en nuestro sistema municipal. Esto marca también la profesionalidad, el entusiasmo, el trato que hay en el municipio”.
El intendente también destacó la importancia de este convenio en particular: “ahora la obra social, en vez de no pagarle a nadie esa prestación brindada por el peliche, se lo abonará a nuestra Secretaría de Salud Pública a través del Colegio Médico. De esta manera, la Secretaría de Salud Pública va a poder comprar más insumos, más equipamiento, y podemos seguir avanzando con más infraestructura en el municipio. Queremos seguir construyendo juntos una mejor salud, una mejor atención y una mejor comunidad para todos”.


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Bloque de Diputados por Santa Cruz

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Desde el Bloque de Diputados Por Santa Cruz queremos manifestar nuestro más enérgico repudio y preocupación por la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes que habría ocurrido en la Fundación Valdocco donde se encuentran alojados niños y jóvenes de 6 a 18 años, sin aparente intervención de ninguna autoridad de infancia ni del Poder Judicial y a más de 3000 km. del lugar de origen de algunos de ellos.

La preocupación es total ante la falta de cumplimiento de la Ley 26.061 concordante con nuestra Ley Provincial 3.062 por parte de la Juez que intervino en la causa, quien luego de admitir la vulneración de derechos de los menores, procedió a archivar la misma.

Instamos a todas las autoridades de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia a respetar y salvaguardar de manera irrestricta la Convención Sobre los Derechos del Niño y reafirmar los derechos de niños, niñas y adolescentes para garantizar el debido proceso legal, el respeto a su centro de vida, el derecho a la convivencia familiar que integran el interés superior del niño.


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