Pese a que el Congreso estaba a punto de sancionar una ley con el mismo fin, el Presidente no esperó los tiempos legislativos para evitar que se venciera el plazo actual que protege a esas poblaciones.

Mediante un DNU, el presidente Alberto Fernández prorrogó hasta 2025 la prohibición de desalojos de tierras ocupadas por comunidades de pueblos originarios. La medida del mandatario, avalada por todos los miembros del Gabinete con su rúbrica, se dio pocas horas después de que la Cámara de Diputados diera dictamen favorable a la extensión de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas, que permite frenar los desalojos de poblaciones aborígenes.

«Mientras se desarrolle el correspondiente procedimiento parlamentario, resulta imprescindible dar continuidad a la declaración de emergencia y disponer la vigencia de los plazos establecidos», justificó el jefe de Estado, ya que la suspensión de los desalojos caducaba el próximo martes.

Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2021, Alberto Fernández estiró hasta el 23 de noviembre de 2025 la protección a las comunidades originarias, misma flecha que se buscaba establecer con la prórroga que trata el Congreso.

La Ley Nº 26.160, sancionada en 2006, declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país por cuatro años y suspendió por ese mismo tiempo la ejecución de sentencias, de actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las referidas tierras: esos plazos se fueron prorrogando sucesivamente.

El Gobierno recordó que hay un universo de 1.760 comunidades indígenas identificadas a la fecha y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ha finalizado el proceso de relevamiento de 746 y ha iniciado esa tarea en otras 246.

Al defender la prórroga, el Poder Ejecutivo afirmó que «las medidas que se disponen son proporcionadas en relación con la enorme incertidumbre a la que se encuentran sometidas gran número de comunidades indígenas ante los procesos judiciales y extrajudiciales de desalojos latentes, lo que puede poner en riesgo su identidad cultural y la existencia misma de la comunidad».

«En virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes», insistió el Presidente. Las comunidades originarias beneficiadas por el DNU serán aquellas que tengan una posesión de tierras «actual, tradicional, pública y se encuentren fehacientemente acreditada». Asimismo, Alberto Fernández dispuso 290 millones de pesos por año, hasta 2023, para el Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas.