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El Gobierno prorrogó por decreto la prohibición de desalojos de comunidades de pueblos originarios

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Pese a que el Congreso estaba a punto de sancionar una ley con el mismo fin, el Presidente no esperó los tiempos legislativos para evitar que se venciera el plazo actual que protege a esas poblaciones.

Mediante un DNU, el presidente Alberto Fernández prorrogó hasta 2025 la prohibición de desalojos de tierras ocupadas por comunidades de pueblos originarios. La medida del mandatario, avalada por todos los miembros del Gabinete con su rúbrica, se dio pocas horas después de que la Cámara de Diputados diera dictamen favorable a la extensión de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas, que permite frenar los desalojos de poblaciones aborígenes.

«Mientras se desarrolle el correspondiente procedimiento parlamentario, resulta imprescindible dar continuidad a la declaración de emergencia y disponer la vigencia de los plazos establecidos», justificó el jefe de Estado, ya que la suspensión de los desalojos caducaba el próximo martes.

Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/2021, Alberto Fernández estiró hasta el 23 de noviembre de 2025 la protección a las comunidades originarias, misma flecha que se buscaba establecer con la prórroga que trata el Congreso.

La Ley Nº 26.160, sancionada en 2006, declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país por cuatro años y suspendió por ese mismo tiempo la ejecución de sentencias, de actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las referidas tierras: esos plazos se fueron prorrogando sucesivamente.

El Gobierno recordó que hay un universo de 1.760 comunidades indígenas identificadas a la fecha y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ha finalizado el proceso de relevamiento de 746 y ha iniciado esa tarea en otras 246.

Al defender la prórroga, el Poder Ejecutivo afirmó que «las medidas que se disponen son proporcionadas en relación con la enorme incertidumbre a la que se encuentran sometidas gran número de comunidades indígenas ante los procesos judiciales y extrajudiciales de desalojos latentes, lo que puede poner en riesgo su identidad cultural y la existencia misma de la comunidad».

«En virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes», insistió el Presidente. Las comunidades originarias beneficiadas por el DNU serán aquellas que tengan una posesión de tierras «actual, tradicional, pública y se encuentren fehacientemente acreditada». Asimismo, Alberto Fernández dispuso 290 millones de pesos por año, hasta 2023, para el Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas.


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Con aliados cada vez más críticos, el Gobierno no logró el dictamen para las Bases en el Senado

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«Triste, lamentable y preocupante», dijo la senadora Tagliaferri sobre el capítulo de blanqueo de la Reforma Fiscal. «Permite que los hermanos de los funcionarios blanqueen, esto es grave», dijo Lousteau. Con el peronismo ausente por el paro, igual tambalea la hoja de ruta del oficialismo rumbo al Pacto de Mayo.

El gobierno intentó, lo sostuvo, pero no pudo. Fracasó la ambiciosa hoja de ruta trazada para obtener dictamen en el Senado en el día de ayer por la Ley Bases y la reforma fiscal. “Una desilusión bárbara me llevo, Bartolo”, se lo oyó, despechado, al formoseño y libertario Francisco Paoltroni. “Pensé que íbamos a tener dictamen hoy”, remató. Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, también de LLA, dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes y enterró el deseo del oficialismo de conseguir dictamen ayer jueves, justo el día del paro nacional.

El cierre de la primera semana de las Bases en la Cámara Alta fue otro trago amargo para el gobierno. Estuvo cruzado por el faltazo del peronismo completo, que adhirió al paro de la CGT, y la continuidad de las disputas cada vez más abiertas con los bloques aliados durante el debate de la Comisión de Presupuesto convocada a la mañana por la reforma fiscal. Los patagónicos criticaron el capítulo de Ganancias y el PRO y UCR el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y el blanqueo con dos intervenciones durísimas, nuevamente de Guadalupe Tagliaferri y de Martín Lousteau. 

«Lamentable», «triste», «preocupante» dijo ella sobre el blanqueo «número cien» en Argentina y que ahora “permite que todas esas personas que blanquearon hace seis y tres años puedan volver a hacerlo, es la alegría de los evasores que dañan la economía argentina”. Aunque el final sin dictamen no sorprendió a nadie, sí hubo fastidios. “Me parece, mínimamente, una falta de respeto de mis pares de UxP a todos porque no ha venido ninguno”, se quejó Abdala mientras se retiraba del Salón Azul.

La Libertad Avanza aspiraba a lograr dictamen para sesionar el jueves próximo. En este nuevo escenario, el debate recién se haría si consigue dictamen el 23, sólo dos días antes del Pacto de Mayo convocado por Javier Milei. Originalmente iban a reunirse todos los senadores ayer por la tarde, tras la reunión de Presupuesto, pero no ocurrió. El fracaso era vox pópuli desde el miércoles. Y aunque LLA mantenía la narrativa pública de que iba a lograr los despachos, las diferencias con los aliados se acentuaban. Tanto que Martín Lousteau el miércoles a la tarde lanzó una dura advertencia. “Están tratando de hacer circular un dictamen para firmar hoy o mañana”. A esa altura el problema no sólo era UxP, sino las diferencias con esos espacios. Dato que terminó de crecer ayer con el ida y vuelta de preguntas y respuestas con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que estuvo en Presupuesto.

Tagliaferri (Pro) y Lousteau (UCR) apuntaron allí contra el capítulo de blanqueo “número cien en Argentina”, ironizó ella que también le recordó las críticas que informalmente realizó el GAFI en un documento que circuló y cuestiona la trazabilidad del dinero teniendo en cuenta que, además, el blanqueo se abre al mismo tiempo que el arribo de inversiones millonarias en el régimen RIGI. “Es lamentable, es triste, es preocupante”, dijo Tagliaferri y remató: “Excesivamente generoso, se blanquea gratis, se blanquea sin tope y no tiene penalidad”. 

Por su parte, Lousteau cuestionó que los hermanos aparecen entre los beneficiarios. “Igual que en el blanqueo del gobierno de Macri, permite que los hermanos de los funcionarios blanqueen. Tu suegro o suegra no pueden blanquear, pero tu hermano o hermana sí. Y esto es grave, porque es el vínculo más cercano”, dijo y adelantó que pedirá que “se excluyan” y que el plazo de 5 años se extienda a 10 para que abarque no solo una gestión atrás. Y agregó: “Voy a pelear para que la tasa sea más alta, no del 0% o 5%”. 

El otro punto en tensión fue el artículo 35 que establece la regularización de bienes inmuebles a nombre de terceros. “Esto se llama testaferros”, dijo Tagliaferri.

“Se quedan con la parte del presidente diciendo ‘no me importa de dónde vienen los fondos –dijo Guberman a modo de defensa–: nunca hacen el comentario que el presidente lo que todo el tiempo dice es que hay que cumplir la ley”.

Las patagónicas Andrea Cristina (CF-Chubut) y Mónica Silva (JSRN-Río Negro) apuntaron a Ganancias: “Es un impuesto a los asalariados de la clase media”, dijo Silva y llamó a “ir hacia los que realmente tienen más”.

La agenda del Senado en relación con el tratamiento de la ley de Bases y el paquete fiscal continuará el lunes próximo cuando se retome el plenario de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. El calendario le jugará una mala pasada al oficialismo en este sentido, ya que el miércoles 15 expondrá -por primera vez- en el recinto su informe de gestión el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.


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