NACIONALES
Los detalles de la reaparición de Cristina Kirchner
El próximo 27 de abril se inaugura el microestadio Presidente Néstor Kirchner en el municipio bonaerense que conduce Mayra Mendoza. La expresidenta aprovechará la ocasión para «reflexionar sobre el “experimento del anarco-capitalismo y el sacrificio inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino».
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner participará este sábado de la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner, en Quilmes, para reflexionar sobre el “experimento del anarco-capitalismo y el sacrificio inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino”, informó por redes sociales.
“El lunes temprano, recibí una invitación de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, para la inauguración del microestadio Presidente Néstor Kirchner, que se llevará a cabo este próximo sábado a 21 años de la elección presidencial del 27 de abril del 2003, en la que mi compañero de vida salió segundo con el 22% de los votos”, contó la exmandataria por la red social X.
Ese lunes a la noche, siguió CFK, «escuché al presidente Javier Milei por cadena nacional explayarse sobre el resultado de su gobierno al que calificó de ‘milagro económico’ y ‘hazaña de proporciones históricas a nivel mundial’, indicando que el mismo sólo es posible por el esfuerzo de la ‘mayoría de los argentinos que están sufriendo’ pero que esta vez ese esfuerzo ‘va a valer la pena'».
En ese discurso, el ultraderechista concluyó con la idea de «que ‘no hay alternativa más que emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida’ del que, sin embargo, anunció que ‘ya hemos recorrido más de la mitad del camino'», agregó CFK, quien confesó que le resultó «conmovedor» escuchar a Milei decir “no es magia”.
Este miércoles, dos días después de la cadena nacional de Milei y un día después de la histórica Marcha Federal Universitaria, CFK llamó a Mayra Mendoza para confirmarle que asistirá al acto porque «es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sufrimiento inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino», concluyó la expresidenta.
«No fue magia»
En la mañana del martes, antes de que inicie la marcha universitaria, la exjefa de Estado ya había cruzado al ultraderechista por el ajuste que está haciendo en la educación pública, aunque sin nombrarlo.
«Nuestras fichas de la Universidad Nacional de La Plata y nosotros dos en el verano del 75’-76’, todavía estudiantes. ¿Quién podía imaginar que 27 años después íbamos a presidir una Argentina en la cual creamos e inauguramos 16 nuevas universidades públicas logrando que, por primera vez, todas las provincias tengan una universidad pública?», publicó ese día en la red social X, junto a una foto de las fichas de la facultad donde ella y Néstor Kirchner estudiaron Derecho.
Y agregó, en un mensaje al líder de La Libertad Avanza: «Lo pudimos hacer cuando revertimos la relación entre los recursos afectados a la educación y al pago de la deuda externa. En el 2003: 3% del PBI para educación y 5% para deuda externa. En el 2015, al cabo de los tres períodos de gobierno: 6,3% del PBI para educación y 1,5% para deuda pública. No fue magia. Educación pública para la igualdad de oportunidades«.
NACIONALES
Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal
El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.
Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei.
Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra.
«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.
RIGI
A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.
Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.
Impuesto a las Ganancias
Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas).
Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán.
Privatizaciones
Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza.
Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados.
Blanqueo de capitales
Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.
Moratoria previsional
Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor.
