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Lunes 01 de Septiembre del 2025

SOCIEDAD

El gobierno profundizó el retraso del salario mínimo

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La medida afecta también a programas sociales y a más de un millón de jubilados cuyos ingresos ajustan con ese valor. Sueldos de más de 2,3 millones de pesos volverán a pagar Ganancias.
Raúl Dellatorre

Por Raúl Dellatorre

Javier Milei no pudo cumplir con su palabra de no fijar el salario mínimo por decreto, pero sí cumplió con su objetivo de licuar todo gasto del Estado y los salarios privados frente a una ola inflacionaria que desacelera pero no se detiene. El salario mínimo vital y móvil (SMVM) correspondiente al primer trimestre, quedó establecido en 156 mil pesos para enero (sin modificación con respecto a diciembre), 180 mil para febrero y 202.800 pesos para marzo, redondeando un 30 por ciento de aumento en el primer cuarto del año. Representa una pérdida de poder adquisitivo de no menos del 25 por ciento entre el salario mínimo de marzo y el correspondiente a diciembre pasado. 

El mismo retraso impactará en el millón de personas que cobran el programa Potenciar Trabajo (equivalente al 50 por ciento del SMVM) y en 1,3 millones de jubilados con más de 30 años de aportes pero ingresos mínimos (que tienen un piso de haberes del 82% del SMVM). Los beneficiarios de las becas Progresar también sufrirán una mayor pérdida del poder adquisitivo ante el bajo monto del piso salarial.

También afectará a los asalariados en relación de dependencia con remuneraciones superiores a 2,34 millones de pesos a partir de enero, alcanzados por el impuesto cedular (ex impuesto a las ganancias de la cuarta categoría),  ya que «el piso» de 15 SMVM no se actualizará durante todo el primer semestre. Para este período, sólo se toma en cuenta el salario mínimo vigente al mes de enero en el cálculo del piso del impuesto. Es decir, que si un trabajador tiene una remuneración mayor a 2,34 millones de pesos en abril, mayo o junio, paga impuesto sobre el monto que supere a esa cifra. 

“Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores. No creo en que un político pueda determinarlo por decreto”, había señalado Javier Milei en una entrevista radial el último viernes. “¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?», se preguntó en aquel momento, rechazando enfáticamente la acción que, efectivamente, tuvo que ejecutar cuatro días después.

Un día antes de dichas manifestaciones, el jueves 15, el gobierno (a través de la Secretaría de Trabajo) había convocado al consejo del salario para definir el nuevo SMVM, en un encuentro que se concretó de modo virtual (vía zoom). La representación sindical había presentado dos alternativas de actualización del piso salarial: ajuste mensual en función del IPC (inflación minorista) o un aumento directo del 85 por ciento con vigencia a febrero. La representación patronal (esta vez se excluyó de la convocatoria a las organizaciones pymes) no formuló propuesta: simplemente, rechazaron las iniciativas sindicales.

Sin siquiera promover el debate, ni ofrecer una mediación, el representante oficial dio por finalizado el encuentro «sin acuerdo». En la tarde-noche del lunes, el poder ejecutivo resolvió el incremento «mínimo» del salario mínimo, que dejó trascender esa misma noche y oficializó, este martes en conferencia de prensa, el vocero presidencial.

La resolución no sólo se ubicó muy alejada del reclamo sindical (para febrero, 180 mil pesos de salario mínimo contra una propuesta de la CGT de 288 mil), sino que además dejó la sensación en la representación sindical de frustración y engaño. «Se nos pidió que presentáramos una propuesta, ni siquiera se trató ni se promovió la interacción con el sector empresario; luego se toma esta decisión sin que se intentaran nuevos contactos. La conflictividad va creciendo y esto agrega un punto más a la confrontación entre trabajadores y gobierno», advirtió una fuente sindical. 

Este martes hubo diversos encuentros en los que participaron dirigentes sindicales de distintas vertientes y el tema de la falta de negociación sobre el salario mínimo fue uno de los puntos mencionados en cada uno de ellos. Aunque el salario mínimo no es un factor determinante para las paritarias más importantes, con niveles salariales de piso ya muy por encima de ese valor, está claro sin embargo que impacta sobre las remuneraciones de los trabajadores de actividades no convencionadas e, incluso, de manera indirecta sobre los salarios informales.

Además, debe computarse el impacto sobre los beneficiarios de programas sociales y en una franja no menos importante de jubilados, que con un SMVM más actualizado, estarían cobrando un haber muy superior a la jubilación mínima. El 82 por ciento de un SMVM de 288 mil pesos, como el pedido por la CGT, daría una jubilación de 236 mil pesos para quienes se hayan retirado con más de 30 años de aportes. Hay más de 1,3 millones de jubilados en esa condición. Con la actualización de marzo, la jubilación mínima estará en alrededor de 137 mil pesos. Casi 100 mil pesos debajo del valor mencionado.


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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