Será solo para los no residentes, tal como comunico el vocero Manuel Adorni. Además, enumeró los principales cambios en el régimen migratorio y dijo que se ampliará la lista de delitos que serán causa de deportación de inmigrantes. “Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia o por violentar el sistema democrático será expulsado”, preciso el funcionario

El Gobierno Nacional anunció este martes 3 de diciembre una serie de cambios en el régimen migratorio en Argentina, que incluyen el arancelamiento de Universidades Nacionales y la atención en hospitales públicos para extranjeros.

“Hoy uno de cada 3 estudiantes de medicina es extranjero”, introdujo, a modo de ejemplo, el funcionario. “Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”, añadió.

Luego anunció la misma política para el sistema de salud público. “Vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros tal como la conocemos hasta ahora. Los organismos nacionales, provinciales o municipales van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar los servicios a quienes no residan en el país”, afirmó.

En ese punto, Adorni puso como ejemplo el antecedente de la provincia de Salta. “Allí bajó un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto implica ahorro fiscal y mejor atención para el resto de los ciudadanos residentes en nuestro país. Nos despedimos de los tours sanitarios”, indicó el funcionario.

En el marco del mismo paquete de medidas, Adorni indicó que el gobierno ampliará la lista de delitos incluidos en el régimen migratorio que motivan la deportación de ciudadanos extranjeros. “Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia o si se lo detiene por violentar el sistema democrático atacando las instituciones será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, detalló.

También se denegará el ingreso al país por irregularidades en la documentación que presenten las personas en Aduana. “Quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que manifiestan durante el trámite migratorio, se quedará del otro lado de la frontera”, indicó el vocero.

Finalmente informó: “Se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país”.

“El objetivo es avanzar hacia un país ordenado, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Es lo que busca esta reforma que vamos a impulsar”, argumentó Adorni.

Finalmente el portavoz presidencial amplió los motivos de la decisión del Ejecutivo que incluyó críticas al regimen migratorio vigente. “En los albores de la historia argentina el país ha recibido gente honrada y dispuesta a hacer grande una nación, con trabajo y lo que todos ya sabemos. Luego, la doctrina garantista en términos migratorios ha hecho desastres. Lo cierto es que los malandras, ocupas y oportunistas deben quedarse en sus casas lejos de las fronteras y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en territorio nacional”.

El antecedente de Salta y Jujuy en Salud

Los gobiernos de dos provincias del norte argentino ya habían tomado medidas en el mismo sentido de los anuncios que realizó el vocero Adorni hoy. En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz firmó un decreto con el que dispuso el arancelamiento de los servicios médicos en hospitales públicos para extranjeros no residentes.

La medida tuvo amplio consenso en la sociedad y terminó siendo aprobada por las cámaras de senadores y diputados salteños. La caída de la concurrencia de personas que cruzaban las fronteras en busca de atención gratuita fue notable en las primeras semanas de su implementación.

En Jujuy, en tanto, luego de una primera etapa en la que el gobierno local buscó suscribir acuerdos de reciprocidad con los funcionarios bolivianos, finalmente la gestión local avanzó unilateralmente en el impulso y aprobación de una ley que impone el arancelamiento para extranjeros no residentes. Los acuerdos celebrados, en este caso, fracasaron por la falta de cumplimiento de parte del sistema de salud boliviano, que es arancelado para todas las atenciones, sin distinguir la residencia de los pacientes.