La exsenadora nacional y actual diputada electa, Magdalena Odarda, quien 18 años atrás inició el reclamo, anticipó que llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por: Alejandro Pairone

El ejército de abogados de la corporación británica Hidden Lake, del inglés Joe Lewis, logró esta semana que el Poder Judicial de Río Negro rechazara la apertura de un camino corto y accesible al Lago Escondido, y ordenara que el único ingreso posible será a través de 33 kilómetros de senderos de montaña, cuya travesía insume entre tres y cuatro días.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, con una mayoría de apenas tres votos y la abstención de dos conjuezas, puso fin a una batalla judicial que lleva más de 18 años por la apertura de un acceso corto al Lago Escondido por el camino público de Tacuifí, ubicado sobre la Ruta 40 a mitad de distancia entre El Bolsón y Bariloche.

El fallo lleva la firma de la jueza Cecilia Criado y los jueces Ricardo Apcarián y Sergio Barotto (ambos rechazaron apartarse pese a evidencias que cuestionaban su imparcialidad). Solo votaron tres porque sorpresivamente se abstuvieron las dos conjuezas María Ignazi y Sandra Filipuzzi, quienes fueron designadas para reemplazar a los magistrados Liliana Piccinini y Sergio Ceci, que aceptaron las recusaciones en su contra.

Formalmente, el STJ se pronunció a favor de un Recurso de Casación presentado por Hidden Lake y el Gobierno rionegrino contra un fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche, de septiembre 2022, que confirmó la orden de abrir un acceso al Lago Escondido por el Camino de Tacuifí emitida en 2013 por el juez de primera instancia Marcelo Cuellar. Este magistrado había ordenado la apertura del camino como lo había pedido a través de un amparo la exsenadora Magdalena Odarda, en 2005.

Desde el inicio de la causa, los sucesivos Gobiernos de Pablo Verani, Alberto Weretilneck y Arabela Carreras acompañaron todas las apelaciones y recursos judiciales de la multinacional inglesa, e incluso llevaron a la provincia a presentarse sola cuando la corporación no objetaba alguna resolución. Todo para impedir el acceso público al lago.

El camino que la Corte rionegrina obliga a transitar en adelante como único acceso posible al Lago Escondido es un despropósito absoluto. Se trata de un recorrido de 33 kilómetros a través de la Cordillera de los Andes, partiendo desde El Bolsón y con el cruce de varios ríos correntosos, subidas y bajadas muy escarpadas y con tramos de bosque cerrado y sumamente frondoso.

Semejante trayecto solo puede ser afrontado por personas relativamente jóvenes, resistentes y bien entrenadas, con equipamiento especial de montaña y un magnífico estado físico que le permita sortear una travesía tan peligrosa a lo largo de por lo menos tres o cuatro días con sus noches.

A quienes logren surcar la Cordillera, al final del camino los aguarda una diminuta playa de piedras, cercada por riscos y con varios metros de juncos que se interponen con el agua. Esa playa está ubicada en el extremo noroeste del lago, en el margen opuesto a dónde el multimillonario inglés impuso su mansión, ahora cobijada por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Lejos de estar clausurado, el reclamo por el acceso libre al Lago Escondido pasará a las instancias federales e internacionales. La exsenadora nacional y actual diputada electa, Magdalena Odarda, quien 18 años atrás inició el reclamo, anticipó que llevará el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “No dejaremos de denunciar la responsabilidad penal y política de los involucrados”, anticipó Odarda, quien definió al fallo como “anti-derechos”.

Prometió además que buscará iniciar el juicio político contra los jueces y juezas del STJ, además del procurador general de la provincia, “por el delito de traición a la Patria, al ejecutar un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o menoscabar su independencia e integridad”.

Desde que se instaló en la Cordillera rionegrina en 1996, la corporación británica Hidden lake ignora cotidianamente la Ley argentina. Viola la Ley de Seguridad de Fronteras, que impide a empresas o ciudadanos extranjeros poseer tierras en zonas limítrofes, mientras que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Procuración del Tesoro dictaminaron en conjunto que la compañía había adquirido de manera fraudulenta las 20 mil hectáreas que rodean al lago.

La Inspección General de Justicia reveló que la corporación Hidden Lake es una empresa fantasma, una cáscara vacía para ocultar negociados personales de su propietario, y pidió a la Justicia su disolución y la expropiación de todos sus bienes. Hidden Lake es una firma subsidiaria de la multinacional Tavistok, propiedad de Joe Lewis, quien reside ahora en Nueva York pero bajo libertad condicional porque semanas atrás debió pagar una fianza de 300 millones de dólares para evitar el encarcelamiento por 18 cargos de fraude financiero en su contra, mientras que en Londres el ministerio público le abrió procesos de investigación por operaciones irregulares con criptomonedas y presunta evasión impositiva y lavado de dinero en los pases de jugadores del club de fútbol Tottenham Hotspur, del que es mayor accionista.