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Lunes 01 de Septiembre del 2025

SOCIEDAD

Las elecciones legislativas no afectarán la composición del Consejo de la Magistratura

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Solo uno de los seis miembros que representan al Congreso va por la reelección de su banca. Se trata de la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, que tiene muchas chances de ser relecta.

El Consejo de la Magistratura no verá afectada su composición después de las próximas elecciones ya que solo uno de los seis miembros que representan al Congreso va por la reelección de su banca.

Se trata de la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, quien llegó al Consejo en reemplazo del actual ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, en diciembre del 2019 para completar su mandato hasta 2022.

Siley está séptima, con muchas chances de ser reelecta, en la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, sobre un total de 35 bancas que se renovarán por el distrito en las próximas elecciones.

El Congreso aporta tres diputados y tres senadores al Consejo, dos por la mayoría y uno por la minoría, cuyos mandatos duran cuatro años -deben dejar pasar un período para volver- y no se computa el tiempo de reemplazo.

Esto significa que Siley podría permanecer como consejera en el período 2022-2026, si continúa siendo diputada y si el bloque le presta su acuerdo para representarlo, ya que no se computan los años en los que reemplazó a De Pedro.

El caso del diputado del PRO y consejero Pablo Tonelli es similar, ya que llegó en 2016 en reemplazo de la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y luego de una polémica sesión en la que Cambiemos se atribuyó el cargo sosteniendo que la alianza parlamentaria con los bloques del GEN, liderado por Margarita Stolbizer, y del Peronismo Federal, significaba que eran la primera minoría.

Por el lado de los senadores, actualmente integran el Consejo por el oficialismo Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, ambos con mandato hasta 2025, y por la minoría la radical Silvia del Rosario Giacoppo, con mandato hasta 2023.

Todos los consejeros, incluyendo al representante del Ejecutivo Gerónimo Ustarroz; el académico Diego Molea (actual presidente del cuerpo); los jueces Alberto Lugones, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta; y los representantes de los abogados Carlos Matterson y Diego Marías; cumplirán sus mandatos en diciembre del año próximo.

Esto significa que las asociaciones de magistrados, abogados y el sector académico tendrán que darse sus procesos de selección de representantes, así como ambas cámaras en el Congreso y el Poder Ejecutivo deberán designar sus legisladores-consejeros.

Reforma judicial
La renovación del Consejo de 2022 estará supeditada a los alcances de la reforma judicial que pretende el Gobierno y si incluye la sugerencia del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público que propuso que el consejo pase de 13 a 16 integrantes, con 4 representantes del sector político, 4 de los jueces, 4 de los abogados y 4 del sector académico.

En esta propuesta se reduce a un miembro los representantes de ambas cámaras, se elimina el representante del Ejecutivo y gana representación el sector académico -tres consejeros más que en esquema actual-, los abogados que duplican su representación y los jueces que suman un sillón más.

El comité de expertos sugirió también que permanezca el mandato de cuatro años y la imposibilidad de reelección para no politizar el organismo y que exista «una instancia pública durante la cual la comunidad interesada pueda conocer a quienes integrarán el Consejo de la Magistratura de la Nación» a través de la realización de audiencias públicas.ETIQUETAS


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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