A partir del jueves próximo la comisión de Juicio Político inicia una nueva etapa sobre el trasfondo del fallo que benefició a Ciudad envuelto por los diálogos entre Silvio Robles y Marcelo D´Alessandro. Ese mismo día, cerrará el tramo sobre la obra social y convocaría a Juan Carlos Maqueda oficialmente para un descargo. Las pruebas reunidas hasta ahora y lo que viene.

Por María Cafferata

Seis (largas) reuniones de comisión, 17 testigos, 533 resoluciones, una auditoría y cuatro informes de 19 mil fojas después, la comisión de Juicio Político le puso un broche a la investigación sobre las irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial. O al menos de lo que, desde el Frente de Todos, se bautizó como el «período Maqueda». En tanto supervisor de la OSPJ entre 2008 y 2021, Juan Carlos Maqueda se convirtió así en el primer herido formal del juicio político a la Corte Suprema. Finalizada esta etapa, sin embargo, el teleobjetivo pasará a apuntar a su próximo sospechoso: el presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Y es que el jueves próximo –si es que el cierre de alianzas frentetodistas no deja muchos heridos–, la comisión que preside Carolina Gaillard pasará a investigar el trasfondo del fallo de coparticipación que benefició al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Será una causal clave: después de todo, fue este fallo lo que motorizó –junto a los chats de Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro– que el peronismo decidiera impulsar el juicio político a la Corte. 

Lo venían preparando hace días y, una vez oficializado, les diputades oficialistas abandonaron la comisión satisfechos de haber podido dejar un título: la Cámara de Diputados citaría al supremo Juan Carlos Maqueda a hacer su descargo sobre las múltiples desmanejos que se habían detectado en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ). El martes, el objetivo del FdT era anunciar el cierre de la investigación y definir un principal responsable. Y es que si bien el estatuto de la OSPJ determinaba que la prestación dependía de toda la Corte –«La obra social tenía autonomía de gestión pero no autarquía», repiten en el oficialismo–, existía una figura especial, la del «supervisor», sobre el cual pesaba gran parte de la responsabilidad del control. ¿Y quién había ocupado, entre 2008 y 2021, aquel rol? Juan Carlos Maqueda. Si bien no hay resolución oficial que lo haya designado, en el FdT se valen de un mail que el propio supremo envió en agosto del 2021 anunciando que dejaba de actuar en la supervisión. En eso y en el hecho que, de 533 resoluciones vinculadas a la OSPJ, 324 llevaban la firma de Maqueda.

Las acusaciones que pesan sobre el supremo no son pocas: licitaciones poco transparentes, desmanejos contables, sistema informático vulnerable, ausencia de planificación y presupuestos, firmas de cheques millonarios de origen extraño, daño a la integridad física de les afiliades, entre otros. Estos serán los cargos que, el jueves próximo, la comisión oficializará en una resolución y, ahí sí, citará a Maqueda a declarar. Si bien las expectativas son altas, el magistrado puede negarse a comparecer y, en cambio, presentar un descargo escrito. El juez tendrá 10 días para presentarse -o para presentar el escrito – desde que la citación se apruebe y la cédula llegue al Máximo Tribunal. No será el punto final para la causal vinculada a la OSPJ, sin embargo. Si bien el FdT decidió cerrar el período 2008-2021 (durante el cual, cabe destacar, estuvieron como presidentes Ricardo Lorenzetti, primero, y Carlos Rosenkrantz, después), queda abierto lo que pasó desde entonces. Porque las irregularidades se mantuvieron. Para ello se creará una subcomisión abocada a investigar la OSPJ durante el período 2021-2023.

Ahora, si la causal de OSPJ apuntaba a Maqueda y la del fallo del 2×1 a los genocidas apuntaba a Carlos Rosenkrantz, la que investigará el trasfondo del fallo de coparticipación porteña tendrá otro (principal) acusado. Esto es: Horacio Rosatti. «La punta de lanza de todo esto es Robles», explica un diputado oficialista y recuerda que fue la filtración de los chats del vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, lo que terminó haciendo despegar el pedido de juicio político a la Corte Suprema. La hipótesis del FdT, en este caso, es que el fallo que benefició al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta fue negociado entre Rosatti y el gobierno porteño a través de, precisamente, Silvio Robles. 

Antes, un poco de historia. A fines de 2022 la Corte Suprema firmó una medida cautelar en la que le ordenó al gobierno nacional que aumentase a 2,95 la coparticipación porteña. La decisión respondía a la demanda que el gobierno porteño le había iniciado a la Nación después de que, en 2020, Alberto Fernández decretó (y luego convalidó por ley) la reducción del 3,5 a 2,3 los fondos destinados a la Ciudad (los cuales, cabe aclarar, habían sido triplicados previamente por Mauricio Macri por decreto con la excusa del traspaso de la Policía). El objetivo del oficialismo en la comisión de Juicio Político es reconstruir la línea de tiempo desde que el gobierno larretista inició la demanda y la Corte sacó la cautelar: cómo se desarrollaron las audiencias, quiénes estaban presentes, como se movió el expediente en las diferentes vocalías de la Corte, etc. 

El ojo estará puesto, además, en la relación entre Robles y D’Alessandro y los chats que se filtraron poco después de que saliera el fallo. En una de las conversaciones filtradas, Robles aparece enviándole al ex funcionario porteño un link con una nota que informaba que la Corte había rechazado la recusación a Rosatti en la causa por coparticipación. «Espero que hagas sacar (en los medios) el ‘fallo Robles’», le agregaba, después. Tanto el vocero de Rosatti como D’Alessandro serán citados en las próximas semanas.