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Lunes 01 de Septiembre del 2025

SOCIEDAD

YPF alcanzó un acuerdo para evitar un juicio por 14 mil millones de dólares

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La compañía petrolera argentina llegó a un entendimiento con el Fideicomiso de Liquidación de la estadounidense Maxus. Esa empresa había sido adquirida por YPF en 1995, cuando aún no estaba en manos de la española Repsol. «Es una gran victoria para nuestro país», destacó Sergio Massa.

La petrolera estatal YPF alcanzó un acuerdo con la empresa estadounidense Maxus, a través del cual quedó liberada y absuelta de pagar un reclamo por 14 mil millones de dólares. La liquidación final, firmada en el Tribunal de Quiebras de Delaware, hará que la empresa argentina abone sólo el 2 por ciento de la cifra original de la demanda.

El acuerdo fue celebrado por las autoridades de la compañía estatal y por el gobierno nacional, porque implica que quedaron desestimadas todas las acciones iniciadas contra YPF en la Justicia estadounidense.

De todas maneras, el texto está sujeto a aprobación judicial y otras condiciones que deberán cumplirse a lo largo de los próximos meses, según detalló el comunicado de YPF.

El acuerdo «es una gran victoria para nuestro país», resaltó el ministro de Economía, Sergio Massa. «Gran logro de YPF, un éxito de Pablo González, una gran victoria para nuestro País», subrayó y valoró la labor del presidente de la petrolera argentina, Pablo González.

De 14 mil millones a 287,5

La causa había sido abierta por el Fideicomiso de Liquidación de Maxus, una empresa de petróleo y gas que había sido adquirida por YPF en 1995, pocos años antes de ser privatizada a manos de la española Repsol.

Lo que se determinó fue que el fideicomiso de liquidación creado por la empresa estadounidense, desistiría de las reclamaciones actuales y futuras que puedan tener contra ambas compañías.

A cambio, YPF y Repsol se comprometieron a pagar 287,5 millones de dólares cada uno, es decir un total de 575 millones de dólares; el 2 por ciento de la cifra original demandada.

“De cumplirse las condiciones, los acuerdos darán por terminado el litigio que se extendió durante años, llegando a un cierre justo y razonable para todas las partes”, resaltó la petrolera estatal a través de un comunicado.

El acuerdo “permitirá a YPF seguir centrando sus esfuerzos en la generación de valor y empleo, profundizar el crecimiento de su producción y enfocar sus esfuerzos en las inversiones necesarias para robustecer y diversificar la matriz energética argentina”, añadió el texto.

La causa Maxus, una herencia de los ’90

Al momento de ser adquirida por YPF, Maxus contaba con activos en Estados Unidos, Bolivia, Indonesia, Ecuador y Venezuela. Años antes, en 1986, Maxus había vendido su negocio de químicos a Occidental Chemical Corporation y aceptado indemnizarla por los pasivos ambientales derivados de sus operaciones.

En 2005, el Estado de Nueva Jersey demandó a Occidental y a Maxus por la contaminación del río Passaic con residuos químicos. Entonces, Occidental hizo valer su indemnidad y Maxus, adquirido por YPF, honró sus obligaciones hasta que en 2016 se presentó en concurso de acreedores y luego decretó su quiebra.

En junio de 2018 el Fideicomiso de Liquidación de Maxus demandó a YPF y Repsol y ciertas subsidiarias, por un monto de hasta 14 mil millones de dólares ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware.

El Fideicomiso alegó que Maxus tuvo la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a sus acreedores.

«Una gran noticia para nuestra empresa y para todo el país»

En un comunicado, YPF informó que, tras años de litigio y negociaciones, YPF y Repsol llegaron a un acuerdo de conciliación. Ambas empresas firmaron también un acuerdo transaccional con Occidental Chemical Corporation y algunas de sus afiliadas, bajo el que Occidental acordó renunciar a reclamos futuros que pueda tener contra ambas compañías en relación con las entidades Maxus, el río Passaic y otras áreas sujetas a remediación ambiental.

En esta línea, tanto YPF como Repsol también firmaron entendimientos con varias entidades gubernamentales, incluidos el Departamento de Justicia actuando en representación de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense.

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, celebró el acuerdo y felicitó al equipo que lidera su ex vicegobernador, el santacruceño Pablo González, quien el lunes pasado había compartido con ella un acto en Río Gallegos y habló sobre el litigio que en las últimas horas quedó resuelto.

«Una gran noticia para nuestra empresa y para todo el país. Felicitaciones a todo el equipo de YPF», indicó la mandataria santacruceña en un mensaje publicado en su perfil de Twiter.

Por su parte, la secretaria de Energía, Flavia Royon, también felicitó a Pablo González y a su equipo «por la excelente negociación llevada a cabo logrando este acuerdo».

La funcionaria explicó que «con este cierre YPF se libera no sólo de este litigio que ha obstaculizado sus negociaciones internacionales, sino que podrá reforzar el rumbo de crecimiento y generación de valor que está llevando adelante siendo un actor fundamental en el desarrollo energético nacional».


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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