Según el organismo de control, el ex Presidente incurrió en un «incumplimiento de los procedimientos normados», y puso en riesgo “la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública”.

La Auditoría General de la Nación (AGN) fue lapidaria con el acuerdo firmado entre el gobierno de Mauricio Macri y el FMI de 2018. Según el organismo de control, el ex Presidente incurrió en un «incumplimiento de los procedimientos normados», y puso en riesgo “la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública”.

La AGN está integrada por el oficialismo y la oposición y el informe sobre el acuerdo también fue suscripto por Miguel Ángel Pichetto, quien acompañó a Macri en la fórmula presidencial de Cambiemos en 2019.

«El préstamo stand by del Fondo Monetario Internacional no cumple con el criterio establecido de proceso de negociación y ejecución (normativa vigente)», señaló la AGN sobre la deuda que asumió la anterior gestión de Gobierno con el organismo multilateral, en el informe de auditoría combinada respecto a la cuenta de inversión 2018.

La auditoría, que tuvo un dictamen general favorable, señaló «salvedades» entre las que mencionó la existencia de «avales con atrasos confirmados; avales que exceden el monto autorizado; inconsistencia en Intereses de la deuda impagos; inconsistencia en la exposición de la deuda en los estados contables; utilización de mecanismos alternativos de emisión de deuda (DNU); incumplimiento de los procedimientos normados para la contratación de la deuda con el FMI; y la emisión de deuda sin contar con cupo determinado por Ley al momento de la emisión».

«El 20% de la emisión de deuda directa en ese año fue autorizada por Decreto de Necesidad y Urgencia», algo que no está permitido, ya que toda emisión de deuda externa debe ser aprobada por el Congreso, además de incurrir en una «falta de procedimientos formales para la colocación de deuda en los mercados internacionales de capitales y la falta de normativa para el seguimiento de avales, fianzas y garantías», sostuvo la Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la AGN.

También observó que, en enero de 2018, y de manera previa al cierre de mercados voluntarios de deuda a la Argentina, el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, decidió emitir y colocar Títulos Públicos en Nueva York por un total de US$ 9.000 millones, «una cifra inusitada de emisión».

En ese sentido, detalló que no cumplió con la normativa vigente para su solicitud, ya que «no se detectó normativa que acredite la modificación presupuestaria por $ 499.758 millones de pesos (correspondientes a 2 desembolsos del endeudamiento con el FMI)».

La Auditoría tuvo como objeto evaluar el estado de la deuda pública incluida en los Estados Contables de la rendición anual de cuentas de la Nación al 31 de diciembre del año 2018.

El informe precisó que a fines de ese año la emisión neta de deuda fue de US$ 55.940 millones y que la deuda pública alcanzó los US$ 332.192 millones.

En total, la deuda pública pasó a representar el 85,2% del PBI, frente al 56.5% del PBI de un año atrás, producto de la fuerte devaluación de ese año, que hizo crecer el peso de la deuda sobre el PBI en casi 30 puntos en un año.

«Luego de la mega colocación de deuda en el exterior y la importante emisión de letras de corto plazo en el mercado local, generó un stress financiero importante para Argentina y fue la razón por la cual los mercados voluntarios de deuda se declaran cerrados para la República Argentina sumado a la pequeña suba de tasa de interés internacional. Es en ese contexto que se acude al Fondo Monetario Internacional y se acuerda un préstamo stand by por US$ 56.700 millones de dólares», señaló la AGN en un comunicado.

La operación fue catalogada como «extraordinaria», debido al volumen de lo solicitado y también a que la Argentina nunca había accedido a semejante endeudamiento con el FMI, muy superior al de los años 2000 y 2001 (megacanje) con US$ 8.000 millones.

Por último, informaron que el colegio de auditores sesionó hoy en el Salón Eva Perón de la sede de la AGN y que participaron su titular Jesús Rodríguez, y los auditores generales Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro M. Nieva.