Betty Constantino (pasivos) y Hugo Jerez (activos) plantean la imposibilidad de “dar respuesta oportuna a prestaciones, medicación, intervenciones y una serie importante de coberturas”. Le reclaman a Alicia Kirchner por “un procedimiento burocrático que genera un perjuicio directo a las afiliadas y los afiliados”.

Fechada el pasado viernes 3 de febrero, los vocales que representan a los afiliados activos y pasivos de la Caja de Servicios Sociales enviaron una contundente misiva a la gobernadora Alicia Kirchner, donde plantean “la comunicación urgente de las dificultades que atraviesa la obra social provincial y que superan el ámbito de resolución del Directorio”.

Los representantes de los afiliados plantearon que “es muy necesaria una pronta respuesta del Poder Ejecutivo”

A continuación, se reproduce completa la nota firmada por la vocal de los pasivos, Betty Constantino y el vocal de los activos, Hugo Jerez:

«En nuestro carácter de vocales electos nos dirigimos a Ud. a fin de formalizar en lo institucional, la comunicación urgente de las dificultades que atraviesa la obra social provincial y que superan el ámbito de resolución del Directorio.

Puntualmente venimos a exponer la imposibilidad actual y agravada de poder dar respuesta oportuna a prestaciones, medicación, intervenciones y una serie importante de coberturas, por carecer de presupuesto asignado para solventar los mismos con la urgencia que requiere el área de salud.

Aunque la evidencia en esta materia hace sobreabundante el detalle, nos vemos en la obligación de resaltar que la falta de medicación en tratamientos crónicos, tratamiento por discapacidad –muchos con amparos judiciales–, o la falta de intervención o cualquier otro servicio que sea postergado por una variable económica demorada por un procedimiento burocrático genera un perjuicio directo a las afiliadas y los afiliados.

Mantenemos la exigencia legal de que el aporte genuino a la obra social ingrese a la misma en su totalidad para poder tener la disponibilidad que requiere el área, sin perjuicio de lo cual y siendo el nuevo pretexto de desamparo la ley 3810/22, venimos a solicitar se agilicen los procedimientos administrativos de disposición de fondos.

Evidentemente, la ley mencionada y la falta de presupuesto acorde, funcionan como un obstáculo entre las personas y sus necesidades en salud las cuales ya vienen con una certificación médica que fundamenta sin más la cobertura de la obra social o la continuidad de una procedimiento/tratamiento ya en curso.

La falta de atención en tiempo y forma genera que la principal arista a abordar que es la prevención, quede a merced de procedimientos administrativos que resultan en dilaciones innecesarias y gravosas que complican la situación de pacientes en toda la provincia.

Cabe agregar que es de público conocimiento el aumento del presupuesto provincial y por lo tanto no estamos frente a una insuficiencia de recursos sino ante un manejo discrecional y desinteresado que deja en situación de riesgo evitable a las familias que dependen de la obra social.

Sin otro particular, recordarle que las Áreas de Salud deben tener un tratamiento por parte del estado provincial, de carácter especial siendo prioritaria/urgente su atención.»