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Martes 10 de Junio del 2025

SOCIEDAD

La nueva etapa de Precios Justos incluirá más rubros y regirá hasta junio

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El programa sumará 124 empresas, lo que tendrá un total de 482 marcas participantes. Los acuerdos no solo serán de productos alimenticios sino que también abarcará los rubros textiles, indumentaria, calzado, celulares, insumos difundidos y medicamentos.

El Gobierno nacional lleva adelante negociaciones con empresas para dar inicio a una nueva etapa del programa Precios Justos que se extenderá hasta junio próximo y que incluirá más rubros y una reducción del promedio de aumentos desde el 4% hasta el 3,2%.

Según informaron a Télam fuentes oficiales, en el marco de la hoja de ruta planteada por el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, se va a ampliar el programa Precios Justos, por lo que el acuerdo será más grande debido a que va a incluir a más sectores de la economía y la producción.

Precios Justos es un acuerdo voluntario, con lo cual las empresas tienen el compromiso de cumplir, y como en el actual esquema, incluirá a a varios actores: empresarios, trabajadores, municipios, asociaciones de defensa al consumidor y ciudadanos.

Por el momento, los rubros que incluiría son consumo masivo, calzado deportivo, celulares y pequeños electrodomésticos, indumentaria, textil, insumos difundidos, a los que seguramente irán incorporándose más sectores durante esta semana.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la decisión de adelantar los acuerdos se dio luego de una evaluación de las metas fiscales y de acumulación de reservas, al entender que están dadas las condiciones para homogeneizar todos los acuerdos en el marco de un sendero promedio y ampliando la participación de sectores y empresas, así como extender el plazo de vigencia hasta el 30 de junio próximo.

En consumo masivo, dentro del programa se mantendrán los 2 mil productos a precio fijo, si bien podría haber una rotación en los artículos que conforman la oferta, mientras que el resto seguirá una pauta de 3,2% de aumento promedio, menor al 4% fijado en el entendimiento inicial.

De este modo, el objetivo es generar previsibilidad para los próximos cuatro meses dado que más de 450 empresas asumen el compromiso de cumplir con un sendero de precios promedio del 3,2% hasta junio.

El secretario de Comercio, Matías Tomobolini, dijo el pasado viernes que el programa Precios Justos sumará a unas 124 empresas con lo cual alcanzará a 482 participantes y detalló que «en materia de stock ronda el 70%, la señalización 77%, y en precios fijos el 98%, el desafío más grande de esto es que el producto este en la góndola, que el abastecimiento se cumpla».

En diálogo con Radio con Vos, Tombolini remarcó que «en materia de inflación estamos ocupados, porque nos preocupa, trabajando con todos los sectores que podemos para tratar de conseguir un sendero descendente y que los precios aumenten cada vez más despacio que el mes anterior».

En materia de fiscalización, desde que comenzó la gestión de Tombolini se hicieron 7.770 inspecciones, en supermercados y mayoristas 4.488, de Ahora 12 hubo 2.051 inspecciones y más de 1.813 en puntos fijos de Precios Justos.

«Se confeccionaron multas por 440 millones de pesos que estaban pendientes de tratamiento, y desplegamos hace 15 días en una cadena de autoservicios en 300 locales en todo el país se labraron 79 actas y se clausuraron 3 locales», detalló el secretario.

En la primera y actual etapa de Precios Justos, que comenzó en noviembre del año pasado, se estableció una canasta de precios fijos en unos dos mil productos de primera necesidad mediante acuerdos voluntarios entre el Gobierno y empresas productoras y comercializadoras.

A su vez, el acuerdo estableció un sendero de precios para que otros 30 mil productos esenciales no superen el 4% de aumento mensual en esta primera etapa.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 1077 publicada en el Boletín Oficial en diciembre del año pasado, el programa Precios Justos se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2023.

Al acuerdo original se le sumaron a fin de noviembre las petroleras, que pactaron que los combustibles participen del programa Precios Justos con aumentos mensuales de hasta 4% en diciembre, enero y febrero, y del 3,8% en marzo de este año.

Asimismo, hay acuerdos vigentes en los rubros textiles, indumentaria, calzado, celulares, insumos difundidos y medicamentos.

En diciembre, el índice de precios al consumidor aumentó 5,1% y acumuló una suba de 94,8% durante todo el 2022.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en diciembre la suba del 4,7% que registró la medición en la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que más incidió en la mayoría de las regiones.

En 2022, se destacó la suba anual de 120,8% en prendas de vestir y calzado; 108,8% en bares y restaurantes; y 95% para alimentos y bebidas no alcohólicas.


Avisos

RIO TURBIO

ATE advierte por la transformación de YCRT: “Hace dos meses que esperamos una convocatoria”

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El secretario general de ATE Río Turbio, Matías Delgado, cuestionó la falta de diálogo del Gobierno nacional en el proceso de transformación de YCRT en Sociedad Anónima. Denunció falta de inversión, creciente incertidumbre y advirtió sobre el riesgo de despidos en la Cuenca Carbonífera.

El proceso de transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima sigue generando malestar e incertidumbre entre los trabajadores. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio mayoritario en el yacimiento, advirtieron que aún no fueron convocados a ninguna instancia de diálogo por parte del Gobierno nacional.

“Hace dos meses nos dijeron que nos iban a convocar y todavía no llamaron a ninguno de los gremios”, expresó Matías Delgado, secretario general de ATE Río Turbio, en declaraciones a LU12 AM680 Radio Río Gallegos. Según el dirigente, la preocupación se centra en la falta de información oficial y en el avance unilateral del Ejecutivo en una decisión que afecta directamente a los trabajadores.

YCRT y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) trabajan en los aspectos administrativos para convertir la empresa de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima. El interventor Pablo Gordillo explicó recientemente que ya se resolvieron los aspectos económicos y financieros, y resta definir los convenios laborales y la posible participación accionaria de los trabajadores.

Sin embargo, Delgado remarcó que “la incertidumbre crece” y criticó la falta de voluntad política para sentarse a negociar. En ese contexto, ATE presentó una acción judicial contra el decreto que impulsa la transformación de la minera, exigiendo que cualquier modificación se discuta en la Secretaría de Trabajo de la Nación y no con la ATEP. “Vamos a defender el Convenio Colectivo homologado en 1975”, afirmó.

La misma postura fue sostenida por Luz y Fuerza, otro gremio con representación en el yacimiento. Su secretario general, Luis Avendaño, también se mostró dispuesto a dialogar, pero aclaró que no lo harán con la ATEP.

Uno de los principales temores de los sindicatos es la pérdida de empleos. Delgado advirtió que ya se registraron cerca de 48.000 despidos estatales en todo el país y que una ola similar en la Cuenca Carbonífera sería “una catástrofe social”.

Mientras tanto, los trabajadores continúan en sus puestos, produciendo carbón a pesar de que la venta del mineral está paralizada. “La gente ha cumplido. Se sigue sacando carbón, pero no se está comercializando. Eso es responsabilidad de la intervención”, señaló Delgado.

La falta de inversión agrava el panorama: escasean los elementos de trabajo, la indumentaria y los equipos de protección, y las maquinarias presentan signos de obsolescencia. “Solo se reciben fondos para pagar sueldos, nada más”, denunció.

Con agosto como fecha límite para completar la transformación en Sociedad Anónima, el reloj corre y el diálogo sigue ausente. “Cada vez nos queda menos tiempo”, alertó el dirigente sindical, que insistió en la necesidad de que la política reabra los canales de comunicación.

Respecto del Programa de Propiedad Participada, que plantea la posibilidad de que los trabajadores accedan al 10% del paquete accionario, Delgado sostuvo que no rechazan la idea, pero reclaman ser parte del debate. “No nos oponemos a dialogar ni a construir consensos, pero no podemos opinar sobre algo que ni siquiera nos presentaron”, concluyó.


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