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La oposición rechazó ante Naciones Unidas el informe del Gobierno en materia judicial

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Juntos por el Cambio cuestionó la presentación que está semana realizó ante la ONU el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Los partidos que integran Juntos por el Cambio enviaron una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos para cuestionar la presentación que hizo el Gobierno nacional en la 42° Sesión del Examen Periódico Universal (EPU), en la que cuestionó al Poder Judicial.

«Como es de su conocimiento, lamentablemente la Representación Argentina a través del informe y su presentación, ha realizado manifestaciones que nos vemos obligados a desmentir categóricamente», expresó el Frente opositor.

Al respecto, quiso referirse a las «insólitas críticas a la Justicia argentina, a los sectores económicos, a la oposición democrática, a los medios, a la existencia de una supuesta ‘lawfare’, a la toma de deuda externa argentina y a la mención de una ‘detención arbitraria’ de la condenada señora Milagro Sala».

«Este informe y declaraciones efectuadas por el Secretario de Derechos Humanos de nuestro país, Horacio Pietragalla, tienen como propósito buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria del gobierno kirchnerista que fue corroborado por la justicia frente, no sólo con la condena a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por hechos de corrupción, sino también a varios altos funcionarios de su gobierno que aún permanecen en prisión con condenas firmes», indicó la oposición.

Y manifestó: «Quisiéramos expresar que es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

«Estas son las principales razones por las cuales el gobierno nacional está tratando de realizar un juicio político a los
miembros de la Corte Suprema de Justicia y llevar a cabo una reforma estructural de la justicia para lograr su impunidad», resaltó Juntos por el Cambio.

Por otra parte, repudiaron «que el Gobierno nacional mienta a las Naciones Unidas respecto de lo que denomina un «criminal endeudamiento del gobierno anterior» en referencia a la actual oposición, cuando dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso argentino, fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales».

«Es inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente, de violar los derechos humanos sobre la base de una supuesta «lawfare» utilizada como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron en su anterior Administración de gobierno», agregó.


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Caputo rechaza la presión de los empresarios y refuerza el cepo

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Afecta al giro de dividendos y operaciones con Bopreal, que ahora pasan a estar gravadas en 17.5%. El gobierno busca evitar que el desplome de la recaudación se lleve puesta la meta fiscal.

Caputo rechaza la presión de los empresarios y refuerza el cepo

Por Luciana Glezer

En medio de los reclamos de los empresarios por el cepo cambiario, Luis Caputo dispuso extender el impuesto PAIS al giro de dividendos y a las operaciones con Bopreal, instrumento financiero pagadero en pesos que al vencimiento cumple con el equivalente en dólares más los intereses devengados, al que pueden acceder personas físicas o jurídicas titulares de cuentas habilitadas en el mercado bursátil.

 Mediante el decreto publicado este lunes se establece una alícuota del 17,5% aplicable a la compra de divisas destinadas a la repatriación de inversiones de portafolio de no residentes y a la distribución de utilidades y dividendos. Además, se aplica el mismo porcentaje a quienes adquieran BOPREAL con fines similares 

«Una empresa que invirtió acá pagará 35% de Ganancias + 7% de impuesto a la distribución de dividendos + (new!) 17,5% de impuesto PAÍS. Alícuota final 60%. Ni en Noruega! Para esto se necesita el RIGI», afirmó el economista y diputado del PRO Luciano Laspina. 

Laspina se sumó junto a Marina Dal Poggetto a la troupe de la ortodoxia que viene amplificando duras críticas hacia Milei. Forman parte de ese equipo Domingo Cavallo y Carlos Rodriguez.

Todos estos economistas representan la voz de los empresarios, que buscan que Milei cumpla la promesa de campaña de levantar el cepo.

Los economistas apuntan al punto débil: las restricciones cambiarias, la permanencia del cepo. «Hay que salir del esquema de transición, eliminar el cepo cambiario y establecer el nuevo régimen monetario. Es imposible que haya recuperación económica con el actual diseño del programa», planteó Laspina en una entrevista concedida al diario La Nación este domingo. 

Más hondo caló Marina Dal Poggeto, directora de Ecogo: «El esquema es cepo dependiente. Bajar las tasas de interés y atrasar el tipo de cambio, no te ayuda a estabilizar la demanda de pesos. Mucho menos, si tu programa financiero depende de la recirculación de los pesos del BCRA al Tesoro», afirmó la economista. 

Una empresa que invirtió acá pagará 35% de Ganancias + 7% de impuesto a la distribución de dividendos + (new!) 17,5% de impuesto PAÍS. Alícuota final 60%. Ni en Noruega! Para esto se necesita el RIGI

Dal Poggetto explicó que los bancos le venden bonos caros al BCRA y después los recompran más baratos con algún estiramiento en los plazos. Agrega Dal Poggetto que el mecanismo incluye la posibilidad de hacerse de liquidez contra el BCRA con el riesgo de monetización, a través de seguros (PUTS). 

Los pasivos remunerados hoy alcanzan a $33 mil millones. «Este esquema empezó a encontrar límites en la última licitación, cuando los pesos emitidos por la venta de bonos al BCRA no pudieron ser tomados por en la licitación del Tesoro», indicó Dal Poggetto.

A las claras las cuentas del BCRA lucen lejos de sanearse. A la situación de los pasivos se sobreimprime el derrumbe de la recaudación que complica la meta fiscal. Sostener el Cepo y conservar este impuesto que grava y restringe el acceso a dólares, la única alternativa en este esquema. 

 Marina Dal Poggeto 

El interrogante se abre sobre el grado de comprensión y paciencia que pueda conseguir el gobierno de parte del bloque de poder que sustenta su proyecto político del gobierno. Lo cierto es que empresas, bancos, inversores y hasta el propio FMI condicionan el financiamiento al levantamiento de las barreras cambiarias. 

 El Impuesto PAÍS fue originalmente implementado el gobierno anterior para limitar el acceso al mercado cambiario. Con esta ampliación, el gobierno busca evitar el derrumbe de la recaudación, que en marzo cayó 13,2% debido a la depresión del nivel de actividad. En este contexto el único tributo que crece exponencialmente es el Impuesto PAIS con un alza de mas del 1100% en términos interanuales. 


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