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Diputados: Comienza a tratarse el pedido de juicio político a la Corte Suprema

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Habrá catorce proyectos sobre la mesa. El Frente de Todos buscará evitar impugnaciones. El plan de acción de Juntos por el Cambio para defender a los cortesanos.

Por María Cafferata

Los 31 diputados que integran la comisión de Juicio Político respiran la cuenta regresiva del inicio del debate con sus libretos ya preparados. El jueves a las 11 comenzará a tratarse el pedido de destitución de los cuatro jueces de la Corte Suprema y tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio aprovecharon la previa para terminar de pulir sus estrategias para cuando se enfrenten por primera vez en la arena del Anexo de la Cámara de Diputados. El primer encuentro será más bien una formalidad y, para afuera, tanto oficialismo y oposición insisten en que asistirán con los mejores modales. «Pero depende de cómo actúen ellos. Si dicen algo vamos a responder», aclaran rápidamente (y usando las mismas palabras), legisladores del FdT y JxC. La jornada no fue todo Juicio Político, sin embargo. Y es que entre reuniones, negociaciones y llamados telefónicos, el oficialismo se anotó su primer triunfo en estas sesiones extraordinarias, logrando sortear el bloqueo de JxC dictaminando una iniciativa en la comisión de Recursos Naturales. 

La Cámara de Diputados ofreció una postal atípica para un día de enero: desde temprano a la mañana, diversos legisladores oficialistas y opositores pululaban por los pasillos del Palacio, entrando y saliendo de sus despachos, de a grupos y solos. En el tercer piso, el FdT encabezó al mediodía una amplia reunión con las autoridades del bloque y les presidentes de las comisiones intervinientes en el temario de extraordinarias con el objetivo de buscar estrategias que permitieran sortear la vocación obstruccionista de JxC. Fue, por un lado, una oportunidad para hacer catarsis, pero también un espacio para concebir acciones que permitiesen evitar el final anunciado de la parálisis total del Congreso. 

El encuentro sirvió también para terminar de pulir el plan de acción frente al comienzo del juicio político a los jueces de la Corte por «mal desempeño», que incluirá el tratamiento de unos 14 expedientes (el martes se sumaron dos más: uno contra Horacio Rosatti del abogado Pablo Llonto y otro contra los cuatro supremos de Diego Sánchez). El objetivo del FdT es que esta primera reunión tenga solo a Carolina Gaillard – presidenta de la comisión – brindando algunos detalles sobre el cronograma de trabajo, cumpliendo un rol informativo y formal que prepare al resto de les integrantes de la comisión sobre cómo se desarrollará un debate que, para algunes, se extenderá por 90 días y, para otres, hasta que cierren las listas electorales. El plan del jefe de bloque, Germán Martínez, es ir avanzando cautelosamente, evitando que lluevan impugnaciones. «Nosotros vamos a ir tranquilos, pero si ellos arrancan con los cuestionamientos y los pedidos nulidad nosotros no nos vamos a quedar callados», planteó un diputado kirchnerista. 

Una postura similar adoptó JxC, quien mantuvo en paralelo su propia cumbre para terminar de definir una estrategia común. El interbloque opositor se enfrentaba a una disyuntiva: ¿cuál era el mejor plan de acción para defender a Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda (el caso de Ricardo Lorenzetti no es unánime)? Un sector pugnaba por salir a confrontar con dureza al FdT, lloverles con pedidos de nulidad: «sumarse al show», como precisó un vocero del interbloque. Otres diputades, en cambio, insistían en que había que encarar el debate con cautela, hacer todo lo posible para terminar con el proceso de expulsión de los jueces lo antes posible. En principio, terminó predominando la segunda opción: «Tenemos que evitar que se prolongue la investigación», precisó un diputado del PRO que participó del encuentro. 

«Vamos a buscar cambiar la agenda instalando otros temas para no hacerle el juego al oficialismo», precisó una fuente del bloque radical (que preside Mario Negri, integrante también de la comisión de Juicio Político). Por más que la coalición opositora resolvió apurar los tiempos y «no subirse al circo», ya varios diputados empezaron a anticipar que van a presionar para que se convoque al ministro de Economía, Sergio Massa, como testigo. «Massa había dado a entender que no compartía el juicio político, que explique sus razones», sostuvo un vocero de JxC, dando cuenta de que hay varios dirigentes de la coalición opositora que no renuncian todavía a la posibilidad de armar su propio circo. 

Show sí o show no, la reunión del jueves a las 11 no tendrá como objetivo exponer las distintas causales – fallo del Consejo de la Magistratura y de la coparticipación porteña, chats de Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, caso «Muiña» del 2×1 a los genocidas, entre otros -, sino que eso será tarea de la reunión del 2 de febrero. Ese día será turno para que les autores de los 14 pedidos de juicio político expongan y defiendan sus iniciativas. La diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, será una de esas expositoras. Y es que si bien JxC está denunciando, hace semanas, sobre los peligros de la avanzada del gobierno sobre el Poder Judicial, existe un sector de la coalición opositora que viene impulsando hace tiempo la destitución de Lorenzetti. «La diferencia es que nosotros no discutimos el contenido de los fallos, es por la administración de los fondos cuando era presidente de la Corte», aclaró una espada de la CC. 

Luego, el 9 de febrero, se buscará aprobar la admisibilidad del juicio político. Serán cuatro dictámenes distintos – uno por cada juez del Máximo Tribunal – que, una vez que comience el período sumario, se irán tratando uno por uno de manera separada. Además de convocar a testigos – Robles y D’Alessandro serán los invitados estrella -, el FdT analiza otras medidas de prueba (entrecruzamientos de llamadas, acceso a documentación del Poder Judicial, secuestro de teléfonos). El problema es que existen pruebas que solo se pueden acceder a través de la orden de un juez y desde el FdT anticipan que no habrá muchos jueces que quieran cooperar con una investigación contra los jueces de la Corte. Por este motivo, algunos diputados como Rodolfo Tailhade están analizando alternativas que permitan sortear el filtro de la orden judicial.

Prueba de fuego en la Comisión de Recursos Naturales

En simultáneo, en el Anexo de la Cámara de Diputados se estaba llevando a cabo la primera reunión de comisión del período extraordinario. En un anticipo de lo que será la estrategia del oficialismo para encarar el bloqueo opositor, Leonardo Grosso convocó a la comisión de Recursos Naturales para tratar un proyecto con media sanción del Senado que crea el Parque Nacional El Palmar en la provincia de Chaco. El FdT no contaba con la mayoría en esa comisión – 15 diputades eran del oficialismo (uno de ellos es Máximo Kirchner), 15 de JxC y una era del Interbloque Federal -, pero gracias a la participación de Graciela Camaño logró alcanzar el quórum y dictaminar el proyecto. Algunas diputadas de JxC, incluso, se sentaron a participar del debate luego y firmaron el dictamen de mayoría. «Se rompió rápido el bloqueo opositor», ironizó un diputado oficialista.

Mientras la comisión se desarrollaba, el bloque oficialista emitió un comunicado dando cuenta que, hasta febrero, buscarían darle tratamiento a todos los proyectos de extraordinarias. El dictamen de la comisión de Recursos Naturales fue un primer paso. «Hoy quedo claro que no está todo inmovilizado», afirmó, optimista, una espada del FdT. 


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Qué le espera al país con Javier Milei como presidente

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La historia muestra que cada vez que gobernó la ortodoxia económica hubo catástrofe social, concentración de la riqueza, endeudamiento extremo, dilapidación de activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, entrega de soberanía y atraso económico. Milei no será la excepción. 

David Cufré

Por David Cufré

«Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos años de desatinos y errores nos han conducido a una situación muy crítica. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Todavía seguiremos por algún tiempo la pendiente descendiente que recorremos desde hace más de diez años. Dejaremos que cada uno de los habitantes del país viva como pueda y como quiera. Las medidas en curso permiten que podamos lanzar hoy una nueva fórmula: ‘Hay que pasar el invierno’«. El nefasto experimento de Alvaro Alsogaray, ministro de Hacienda de Arturo Frondizi entre 1959 y 1961, que llegó al cargo por presión militar, empezará a repetirse a partir de mañana con Javier Milei como presidente.

Le espera al país lo que ya vivió tantas veces a lo largo de décadas de gobiernos liberales: catástrofe social, concentración de la riqueza, endeudamiento extremo, dilapidación de activos públicos, destrucción de la industria, timba financiera, atraso económico. Cada una de esas experiencias hundió a la Argentina en un pantano del que cada vez resultó más difícil salir. La entrega de soberanía también fue una constante con esos gobiernos. 

Como Alsogaray a mediados del siglo pasado, el endeudador serial Luis «Toto» Caputo sostiene ahora que su gestión como ministro de Economía será muy complicada por «la pesada herencia» que recibe del gobierno que se va. Deja de lado que en su paso anterior por la gestión pública, como ministro de Finanzas, Economía y presidente del Banco Central de Mauricio Macri, llegó al extremo de comprometer a diez generaciones a pagar la deuda que contrajo a cien años.

Esa plata no se usó para la construcción de rutas, centrales eléctricas o nuevas industrias, sino para la especulación financiera. Los dólares se evaporaron en esa fiesta que disfrutaron pocos y pagarán todos los argentinos. También como suele pasar, el gobierno peronista tuvo que reestructurar esos pasivos con el capital financiero internacional y, junto con ello, la deuda monumental que Macri, Caputo y compañía dejaron con el FMI. La desfachatez de Caputo para hablar de pesada herencia es marca registrada de los gobiernos liberales.

La lista

La dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, después del golpe de Estado a Juan Domingo Perón en septiembre de 1955, tuvo como uno de sus ministros de Economía emblemáticos al liberal Adalbert Krieger Vasena. Ese gobierno fue responsable de la adquisición de un préstamo con varios bancos europeos que supuestamente se pagaría con el crecimiento económico que generarían las políticas liberales. El resultado fue que el préstamo no se pudo devolver, la Argentina cayó en default y los gobiernos de Europa crearon el Club de París para presionar por los pagos. También a esa administración hay que computarle la incorporación de Argentina al Fondo Monetario Internacional y el alineamiento incondicional con Estados Unidos.

El gobierno que siguió, de Arturo Frondizi, tuvo como ministros de Economía al mencionado Alsogaray y luego al liberal Roberto Alemann, quien en 1981 volvería al Palacio de Hacienda como ministro del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. En 1961 estuvo al frente de una renegociación ruinosa de la deuda con el Club de París y desplegó un plan de ajuste que sumergió a las mayorías populares: hubo despidos y congelamiento de salarios de empleados estatales, aumentos exorbitantes de tarifas de servicios públicos, quita de aranceles a la importación, rebaja de indemnizaciones por despido y acortamiento de licencias por maternidad.

En 1962, días antes del derrocamiento de Frondizi y la asunción de José María GuidoJorge Wehbe llegó por primera vez al Ministerio de Economía. Permaneció en ese cargo apenas un mes y mantuvo la línea del ajuste permanente. Wehbe reapareció como ministro de Economía con Alejandro Agustín Lanusse en 1972, con la misma impronta, y tuvo una tercera participación sobre el final de la última dictadura, en la gestión de Reynaldo Bignone en 1982 y 1983.

En 1962 y 1963, con Guido, se sucedieron como ministros de Economía Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz. Joe, como lo llamaban, fue exponente principal de la oligarquía terrateniente y la patria financiera, odiador acérrimo de la industria nacional, fanático de la apertura importadora, la desregulación económica y la libertad de mercado. Cada vez que intervino en la gestión pública, el país cayó en graves crisis, terminó endeudado hasta el cuello y su círculo social se enriqueció en la misma proporción.

Después de los tres años de gobierno de Arturo Illia, otro golpe de Estado encabezado por Juan Carlos Onganía nombraría como ministros de Economía otra vez a Krieger Vasena (1967-1969) y a otra figura rutilante de la derecha económica, José María Dagnino Pastore (1969-1970). En esos años se decretó la suspensión de los convenios colectivos de trabajo, se aprobó la ley de hidrocarburos que permitió la participación de empresas privadas en el negocio petrolero, se sancionó la ley de alquileres que facilitó los desalojos, se suspendieron los aumentos de salarios por dos años y se dio impulso a la patria contratista para la realización de obras públicas que antes asumía el Estado. Unas cuantas de esas políticas se repetirán ahora con Milei.

Dictadura

Tras casi dos décadas de exilio forzoso, Perón volvió a ser presidente entre octubre de 1973 y el 1 de julio de 1974, cuando falleció. Fueron apenas ocho meses, pero los resultados de la gestión económica resultaron exitosos. El plan del ministro José Ber Gelbard, quien había sido fundador de la Confederación General Económica (CGE), consistió en una revitalización notable del mercado interno, los salarios, las pymes y las actividades productivas. Hubo una fuerte intervención del Estado en la economía y la imposición de reglas estrictas a capitales nacionales y extranjeros. En 1974 la inflación bajó al 30,2 por ciento, desde el 79,6 de 1972; la desocupación se redujo a solo 2,5 por ciento, desde el 6,1 por ciento del gobierno de Lanusse, y el PIB trepó 6,4 por ciento, desde el 3,5 de dos años antes.

El plan de Gelbard se completó con la firma de un pacto social entre la CGT y la CGE para coordinar precios y salarios, anclar expectativas y habilitar una etapa de expansión económica. Sin embargo, esa estrategia se vino a pique con el fallecimiento de Perón y el pandemónium político que le siguió. 

Gelbard renunció en octubre de 1974 y tras un interregno de ocho meses de Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo escaló al Ministerio de Economía. Su número dos y auténtico creador del plan de desestabilización más grande de la historia argentina, Ricardo Zinn, convenció al gobierno de María Estela Martínez de Perón de producir una enorme devaluación, con suba astronómica de tarifas y precios, y los salarios por detrás. Fue allí que se generó una bisagra histórica en el país, porque de ese caos empezó a surgir la economía bimonetaria que aún persiste, con la cobertura permanente en el dólar.

Zinn tenía fuertes vínculos con grupos empresarios, particularmente el Consejo Empresario Argentino, que integraba Martínez de Hoz y que tuvo activa participación desestabilizadora en las semanas previas al golpe del 24 de marzo. 

Después del derrocamiento de Isabelita, la dictadura genocida cívico-militar desplegó con Martínez de Hoz un plan con los siguientes ejes estructurales: liberación de los precios, del mercado cambiario, de las importaciones, de los alquileres, quita de retenciones a las exportaciones, eliminación de subsidios y planes sociales y endeudamiento millonario con el FMI y la banca extranjera.

Ese plan, con sus más y sus menos, fue continuado por sus sucesores, otros conspicuos representantes de la ortodoxia económica: Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann, José María Dagnino Pastore y Jorge Wehbe, con los resultados conocidos de destrucción del aparato productivo, incremento de la pobreza y atraso por generaciones.

Menem, De la Rúa, Macri

Después del golpe de mercado que terminó con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1989, en el que hubo economía de guerra y más inviernos que primaveras, el menemismo produjo otro quiebre histórico similar al que ahora quiere recrear Milei, con privatizaciones, negociación de la deuda en default a favor de los acreedores, destrucción del Estado y sus capacidades de intervención, reformas estructurales regresivas en materia laboral, previsional e impositiva, endeudamiento a mansalva y afianzamiento de la economía bimonetaria con la convertibilidad. Las consecuencias fueron lamentables para las mayorías populares y rutilantes para los sectores concentrados, con seis años de crisis, desocupación y fractura social, y apenas cuatro en los que Domingo Cavallo pudo disfrutar de una expansión del PIB que solo favoreció a un sector minoritario de la sociedad.

Fernando de la Rúa mantuvo el esquema de la convertibilidad y se hundió con el propio Cavallo en diciembre de 2001. La reaparición de los liberales en la Casa Rosada se dio con Macri, con resultados fáciles de recordar: trajo nuevamente al FMI, tomó deuda en dólares por casi 100 mil millones y el país permaneció casi todo el tiempo en crisis. A eso le sumó la post verdad, que consiste en decir cualquier cosa negando los hechos objetivos. Pero la única verdad es la realidad de que con los liberales, la Argentina no hizo más que retrocederMilei no será la excepción.


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