El peronismo denunció que hubo «cambios» en el proyecto que llegó de Diputados y pidió la nulidad.

El debate en la Cámara alta de la ley ómnibus arrancó con malas noticias para el oficialismo. Además de los errores no forzados, como la inclusión de modificaciones en dos artículos del texto, los bloques de la oposición dialoguista ya plantearon varias objeciones que podrían empantanar el tratamiento. Al Gobierno se le complica la idea de dictaminar este jueves, el día del paro general. La CGT, las dos CTA y la OIT serán convocadas por la reforma laboral.

Por Miguel Jorquera

El debate por la ley bases en el Senado comenzó complicado para el oficialismo. A la inconsistencia en la votación sobre el impuesto al tabaco se sumó el hallazgo de Unión por la Patria sobre modificaciones en dos artículos de la media sanción en Diputados que llegó a la Cámara alta: “No sabemos qué texto vamos a votar”, apuntó la senadora Juliana Di Tullio. Mientras tanto, Martín Menem hacía llegar una “fe de erratas” para corregir los “errores”, lo que la neuquina Silvia Sapag tildó de “papelucho”. En la Rosada  ya habían hablado de “un error de tipeo”. En medio de ese desaguisado, los bloques de la oposición colaboracionista sumaron sus dudas sobre varios artículos –también del paquete fiscal–, lo que encendió las alarmas entre los libertarios ante la posibilidad de que varios de ellos terminen siendo rechazados o modificados. 

En parte por ese motivo, la Libertad Avanza tampoco podría cumplir con el ambicioso cronograma que se proponía emitir dictamen este jueves –el día del paro general convocado por la CGT y las dos CTA–. El bloque de Unión por la Patria, además, metió la cola y pidió ampliar la convocatoria de los expositores (hasta ahora solo previstos miembros del Gobierno), lo que tuvo el respaldo del ex gobernador salteño y aliado del oficialismo, Juan Carlos Romero (Cambio Federal).

Al planteo se sumó el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal), que preside la comisión Asuntos Constitucionales. Mientras que los radicales Martín Lousteau, Maximiliano Abad y Pablo Blanco le exigieron al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, no apurar una sesión para aprobar las leyes durante la reunión que el bloque de senadores de la UCR tuvo a solas con el funcionario.

Di Tullio, incluso adelantó que oficializará el pedido de la convocatoria al plenario de las centrales obreras: la CGT y las dos CTAs (de los Trabajadores y Autónoma) y de representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que expongan su opinión sobre la reforma laboral que contiene la ley Bases. Representantes de las tres centrales sindicales estuvieron más tarde reunidas en el Senado con la bancada de UxP, donde expresaron su rechazo al proyecto del Gobierno.

Tabaco y “fe de erratas”

El plenario de las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda se realizó en el Salón Azul (el mas grande del Senado) con los funcionarios del Gobierno nacional sentados en la cabecera para defender el proyecto del Gobierno: el ministro del Interior, Guillermo Francos, y al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de Presidencia, María Ibarzábal Murphy.

Pero la apertura del debate comenzó a modificar los gestos de los funcionarios que en varios pasajes participaron de los contrapuntos con los senadores opositores.

“Hay un reclamo hecho por las autoridades de los bloques. Primero por el texto que llegó al Senado que tiene errores en cuanto a la diferencia que fue votada en el recinto y lo que tenemos de ingreso de expediente. Es importante porque una palabra en un artículo cambia todo. Estamos preocupados por eso porque si hubo realmente este error, esto hace un impedimento del tratamiento hasta que Diputados pueda aclarar cómo es el tema del texto y de la votación porque hay dos diputados que dijeron que le contabilizaron mal el voto”, cuestionó el jefe del interbloque de UxP, José Mayans.

Las denuncias partían de sus propios compañeros de UxP en la Cámara baja. Los diputados expusieron las dudas de cómo se en la contabilizaron con los votos que se adjudicó a la incorporación del impuesto al Tabaco a ley Bases, donde se tomaron como afirmativas dos abstenciones. El hallazgo sobre las diferencias sobre el dictamen y texto que llegó al senado los hizo el jefe de la UxP en Diputados, Germán Martínez: “El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”, posteó en la red social X con los textos diferentes en los artículos 152 sobre los permisos de exportación de gas natural licuado, y el 171 sobre el polémico régimen para Grandes Inversiones (RIGI).

Desde la Casa Rosada, buscaron minimizar las diferencias en el texto. “Es un tema menor, administrativo. Va a quedar subsanado en el día de hoy. Fue una pavada, no hacía al fondo de la cuestión y lo están solucionando”, dijo sin sonrojarse el portavoz presidencial Manuel Adorni.

“Es la primera vez que veo que pasa esto en una ley tan importante que se lleva por delante la Constitución, que modifica las relaciones económicas, políticas, sociales donde se deja el Congreso de lado. No podemos aceptar que cualquiera modifique la voluntad de los diputados y nos vengan a traer otro texto”, sumó la senadora Sapag en el plenario. “Si tratamos este proyecto de ley y viene con legitimidad de origen después se puede declarar su inconstitucionalidad. Si se votó mal, todo lo que vamos a tratar ahora no tiene ninguna legitimidad. Es muy grave lo que está pasando. Pido un cuarto intermedio”, exigió el salteño Sergio Leavy (UxP).

El libertario puntano Bartolomé Abdala, que preside la comisión de Legislación General y cabecera del plenario, encontró el hueco ideal entre los cuestionamientos y le dio la palabra a Francos, que comentó su exposición sin mención alguna a la polémica.

Debate fogoso

Pero Francos se encargó de abrir el fuego al debate. “Javier Milei se encontró con la peor crisis de toda la democracia”. “Encontró un Banco Central sin ni un dólar, inflaciones absolutamente descontroladas cualquiera sea el método de medición y una emisión desmedida”, afirmó el ministro político del Gobierno.

“No coincidimos en nada con las palabras del ministro; acá hay que dar datos”, salió al cruce Mayans y reprochó que “ustedes están fundamentando la ley Bases sobre datos que son falsos”. El senador formoseño le recordó que el gobierno devaluó la moneda en 120 por ciento y responsabilizó a Milei por la caída del empleo, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y el contraste que genera con la liberación total de precios y el tope que le impone a las paritarias salariales.

Los cuestionamientos también llegaron desde los senadores dialoguistas. La macrista porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO) pidió eliminar la cláusula polémico artículo 163 del proyecto de Ley Bases, que declara “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), un reclamo que atraviesa a todos los bloques. Rolandi admitió que podrían aceptar cambios.

El RIGI preocupa a todas las provincias y se expresó durante todo el debate. Lousteau fue uno de los más críticos y lo calificó de “hiper generoso” en los beneficios que otorga para los grandes inversores. Su correligionario chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) expuso dudas sobre el criterio de selección de los proyectos que hará el Gobierno y cuál será la participación que tendrán las provincias en el proceso de elección de las inversiones.

Las críticas se expandieron al régimen previsional, a la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo y a la posibilidad que tendrá el Gobierno de avanzar con una amplia reforma del Estado, la privatización de empresas y el desguace de organismos oficiales. El paquete fiscal que comenzará a tratarse hoy por separado en la comisión de Presupuesto, también fue criticado en el plenario: la rionegrina Mónica Silva (JSRN) se encargó de anticipar la queja de las provincias patagónicas sobre el impacto que la reversión del impuesto a las Ganancias tendrá en la región, en particular entre los trabajadores petroleros.

La cara de los funcionarios, tras más de cinco horas de debate, no solo reflejaban el cansancio de la jornada sino también la sensación que ambos proyectos podrían sufrir cambios y volver a Diputados. Escucharon decenas de objeciones, muchísimas de las cuales partieron desde los sectores dialoguistas en cuya postura está (o estaba) depositado todo el optimismo que derrochaba la Casa Rosada.