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Lunes 01 de Septiembre del 2025

SOCIEDAD

Quién es el funcionario que entró en la cancha y obligó a suspender el partido de Brasil – Argentina

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A tan solo 5 minutos del inicio de Brasil – Argentina, el partido fue interrumpido por autoridades sanitarias y un funcionario se enfrentó a Otamendi y Acuña.

Solo cinco minutos habían transcurrido de un clásico más que esperado cuando personal sanitario ingresó al campo de juego para interrumpir Brasil – Argentina, partido que se disputaba en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas por el Mundial de Qatar 2021. Los jugadores se enfrentaron a un funcionario de la comitiva, que sería personal policial y estaría armado.

El momento de la interrupción generó la reacción instantánea de los jugadores de la Selección Argentina tras enterarse de que intentaban llevarse del campo de juego a los futbolistas Emiliano Buendía; Emiliano Martínez; Giovani Lo Celso y a Cristian Romero. Según las autoridades brasileñas, estos jugadores habrían “falseado” la declaración jurada al omitir que provenían de Inglaterra, previo a su paso por Venezuela para jugar por las Eliminatorias Sudamericanas.

Por las últimas informaciones que trascendieron de la prensa local, el funcionario brasileño que ingresó a la cancha y se enfrentó a los jugadores sería un policía federal, que integraba el grupo del personal sanitario, que venía a intervenir el encuentro. En las imágenes, se pudo ver cómo el hombre, que llevaba anteojos, barbijo y un documento doblado en el bolsillo trasero de su jean, se enfrentó con Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, antes de que apareciera en escena Lionel Scaloni.

Entre la información que se difundió sobre la presencia del funcionario, trascendió que portaba un arma reglamentaria en la cintura, que estaba tapada por su remera azul. Acerca del instante en el que interviene Scaloni, él mismo explicó a la prensa: “Como entrenador, tengo que defender a mis jugadores. Si entra gente diciendo que se los quieren llevar o deportar teníamos que hacer algo”, sentenció.

Todo el incidente se originó debido a llegada de los cuatro jugadores que están acusados de presentar una Declaración Jurada falsa, lo que, además de caer en el acto de la ilegalidad, evitó que las autoridades de Migraciones los obligaran a cumplir los 14 días de cuarentena, por ese motivo, el funcionario de ANVISA, junto a la comitiva, los fue a buscar a la cancha para llevarlos detenidos.

Antonio Barra Torres, el presidente de ANVISA, declaró a la prensa local que los jugadores habían sido advertidos, pero que “nada de lo que se ordenó fue cumplido”. Según justificó el titular de la entidad, “tuvieron orientación para permanecer aislados en el hotel para aguardar la deportación, pero no cumplieron”.


PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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