NACIONALES
Cristina Kirchner, la voz que quieren amordazar
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía derecho a pedir la ampliación de su indagatoria. Principalmente porque la Fiscalía presentó (o mencionó) pruebas que no habían sido agregadas antes.La procesada no pudo defenderse en la indagatoria previa porque no es adivina. Quedó en desventaja, una injusticia. Los jueces del Tribunal Oral le negaron su derecho. El acto no habría demorado el trámite. La pregunta es por qué lo hicieron.
Hay una palabra clave que mencionó el fiscal Diego Luciani en su acusación: “ostentar”. Según el funcionario, Cristina “ostentaba” la condición de presidenta. No es estricto: el fiscal falsea para variar. Cristina “ejercía” (o desempeñaba) la presidencia a la que llegó mediante elecciones democráticas. Quienes ostentan parcialidad son los jueces. No solo obran sin respetar la noble igualdad de las partes: se empeñan en ostentarlo. Cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu esgrime el mate del club Liverpool o cuando niega derecho a la procesada, hace alarde de su parcialidad.
La vicepresidenta se defendió en redes sociales. Habló durante una hora y media, haciendo gala de elocuencia. Su presentación contrastó con las de Luciani. Un hombre gris, sin lauros académicos, que leyó su parrafada. Se observó que sabe leer en castellano de corrido. No que sepa hablar de corrido… destreza tan esquiva a muchos macristas, empezando por su líder.
**
Cristina analizó las pruebas intrusadas en la causa. El mayor aporte fue revisar el celular del exsecretario de Vivienda José López. De esa fuente brotaron chorradas de chats intercambiados con Nicolás Caputo, “hermano del alma” del expresidente Mauricio Macri y alto empresario de la construcción. El detalle se recorre en otras notas de esta edición, a las que remitimos.
Las evidencias no pesan una tonelada pero son muy sugestivas. Los vínculos entre López y Caputo tienen que ser investigados. Luciani podía no agregarlos al expediente de Vialidad porque sería extemporáneo, exótico… aunque lo hizo respecto de Máximo Kirchner demostrando cuan sesgada es su tarea. Como fuera, las sospechas derivadas de los intercambios tienen que ser objeto de pesquisa judicial. El deber de un funcionario que topa con ese material es denunciarlo. Así que una de dos: o Luciani cree que Caputo es intocable. O, tal vez, incumplió deberes de funcionario público. Por ahí surge una tarea para otro integrante del Ministerio Público: investigar el punto… Habrá que ver.
**
La falta de profesionalidad de Luciani se refleja en la magnitud de las penas que reclamó. La clave para las sanciones superiores a la de un homicidio es la figura de la asociación ilícita que motiva malentendidos y bolazos. En otra columna escribimos que la asociación ilícita es un tipo penal persecutorio usado para perseguir al naciente sindicalismo en sus orígenes europeos y argentinos. Los fiscales echan mano a ella para engordar sus planteos de condena, encarcelar sin sentencia firme. Hay muy pocas condenas por asociación ilícita en nuestra jurisprudencia. Contra lo que escriben varios profanos en derecho, no se aplicó en el juicio a las Juntas Militares. Y se hizo en contadas sentencias por crímenes de lesa humanidad.
Luciani sostiene un disparate: un conjunto de funcionarios que gobernó doce años fue en realidad una mafia, un cartel. La Corte Suprema denegó un planteo similar en el expediente “Stancanelli” que investigaba la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Luciani lo citó como convalidando su posición, macaneó otra vez. Los aplaudidores macristas ni se enteraron de la falacia.
La cifra cuyo decomiso se solicita es también un despropósito. Como apunta siempre Raúl Kollmann que siguió todo este juicio día tras día, solo se peritaron cinco licitaciones de las cincuenta y una que conforman la denuncia. La fiscalía, perezosa, rehusó hacerlo respecto de otras contra los pedidos de la defensa de la vicepresidenta. Le interesa más perorar que buscar pruebas. Cuesta imaginar cómo se llega a los 5421 millones de pesos que alucina el fiscal, basado en supuestos sobreprecios de apenas cinco licitaciones. La petición se parece como dos gotas de agua a la zoncera gorila “se robaron dos PBI”.
**
Como explayó Cristina, el expediente respira venganza y persecución política. Ánimo de sacarla de la competencia política. Si se puede, proscribiendo. Si el tiempo no alcanza para llegar a una condena firme: para enchastrar su reputación, agredirla y ofenderla.
Cristina indicó que el juicio es contra el peronismo. Difícil refutarlo desde la cancha de Los Abrojos. Este cronista se permite agregar algo. Las campanas de la asociación ilícita no doblan solo para el peronismo. Anticipan qué hará Juntos por el Cambio si gana las presidenciales del año próximo. Macri lo sinceró ante Mario Vargas Llosa: lo mismo que la otra vez pero más rápido. En 2016 se apuraron a encarcelar sin proceso y sin condena a Milagro Sala. Si hay “segundo tiempo”, la vindicta punitivista caerá sobre más gente, luchadores sociales, opositores.
La solidaridad de dirigentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) con Cristina no es, entonces, asombrosa ni tiene como trasfondo una confabulación extraña. Es pura coherencia, racionalidad… y defensa propia.La diputada Myriam Bregman, abogada ella, tuiteó en consecuencia; “Siempre sostuvimos que la figura de asociación ilícita es ilegítima e inconstitucional, destinada a la persecución política. ¡Lo seguimos sosteniendo y exigimos su derogación!”.
**
La reacción de los medios dominantes tras la presentación de CFK cumplió con el manual de estilo. Repiquetearon verbos clásicos: “Atacó”, “fustigó”. Una espiral de silencio rodeó a Nicky Caputo.
Se cuestionó que Cristina no desplegó toda su defensa ni ofreció prueba. No se preocupen… Lo hará su abogado Carlos Beraldi en la audiencia respectiva, dentro de unos días.
Una última acotación, menor comparada con el resto. Luciani describió “su caso” como el más grande juicio de corrupción de la historia. OK, de acuerdo, el fiscal puede exorbitar un poco. Quizás anhele pasar a la política como el juez brasileño Sergio Moro aunque con mayor fortuna. Solo por debatir va un ejemplo en contrario. Hay más, por cierto. Rememoremos la aludida venta de armas a Croacia y Ecuador. Se violó la neutralidad argentina, se pertrechó a un país enemistado con Perú, un aliado histórico. Se burlaron reglas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Se hicieron estallar instalaciones en Río Tercero para ocultar pruebas causando un estrago atroz y muertes. La memoria corta en una de esas lo olvida. O prima el habitual desdén de la derecha argentina por la vida ajena… Compararlo con una acusación huérfana de sustento… en fin.
Es apenas una digresión. Módica. Lo fundante es que los adjetivos y adverbios no reemplazan a las pruebas. La presunción de inocencia es la viga de estructura del proceso penal. La semejanza con los procesos al expresidente brasileño Lula da Silva son gigantescas. Los peritajes demuelen las fantasías de Luciani, cofrade de los jueces y dirigentes políticos… El supuesto proceso funciona como un simulacro: con la cancha inclinada, arrasando a las garantías del derecho penal contemporáneo.
Los jueces quisieron amordazar a Cristina Fernández de Kirchner. Ella respondió como dirigente de primer nivel, como líder política y como abogada. Sus palabras de ayer no constarán en las actas del proceso capcioso pero posiblemente harán historia e incidirán en los años por venir. Algunos macristas lúcidos (una minoría de la que forma parte el ex senador Miguel Pichetto) emiten alertas, parecen percatarse.
NACIONALES
Cuáles son los cambios que exige la oposición para acompañar la Ley Bases y el paquete fiscal
El debate legislativo de la semana finalizó sin dictamen. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Los cinco puntos clave.
Un Pacto de Mayo sin ley, una ley sin forma. La imposibilidad de dictaminar la Ley Bases no solo enterró la ilusión del acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición. No hay acuerdo ni borrador final: solo la certidumbre de que los proyectos que se aprobaron en Diputados no serán los mismos que se aprobarán en el Senado. Hay seis senadores opositores cuyas firmas son claves que todavía aguardan una respuesta del oficialismo sobre sus pedidos de modificaciones y, hasta que no tengan una devolución, no dictaminarán nada. La pelota, aseguran, está del lado del gobierno nacional, que tendrá que definir, este fin de semana, qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar. En el mientras tanto, nadie, ni el propio gobierno, está seguro de qué forma final tendrán las dos primeras leyes que el Congreso le aprobará a Javier Milei.
Martín Lousteau (UCR), Pablo Blanco (UCR), Maxi Abad (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y José Carambia (Santa Cruz) son los seis senadores de cuyas firmas depende que las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales puedan dictaminar la Ley Bases y el paquete fiscal para que puedan llegar al recinto. El oficialismo se equivocó al creer que el número estaba garantizado y que, en todo caso, la discusión por la letra chica se resolvería de camino al recinto. Y los senadores se lo están haciendo pagar. Para muchos, la inclusión de Victoria Villarruel en las negociaciones – hasta ahora desplazada – habilitará un diálogo más fluido con un oficialismo que, hasta ahora, estaba fragmentado. El intercambio era, por momentos, contradictorio: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, decía una cosa y el ministro de Interior, Guillermo Francos, decía otra.
«Que digan lo que quieran, yo no firmo nada». La frase salió de la boca de varios senadores opositores en las últimas 48 horas. Senadores que se sienten empoderados y que, ante la ausencia de ofertas concretas del gobierno – con la excepción de los fondos para la UBA (un guiño directo al radicalismo) -, van acumulando reclamos. El gobierno solo cuenta con siete senadores propios y otros cinco del PRO: está muy lejos de los 37 que necesita para el quórum, por lo que no está en condiciones de ignorar ningún pedido. El problema es que, a medida que pasa el tiempo, los pedidos son cada vez más.
RIGI
A la cabeza de los reclamos está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que otorga beneficios fiscales exorbitantes por 30 años para todas las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. El vocero más elocuente contra el RIGI ha sido Lousteau, pero no está solo: el radical arrastra consigo también las objeciones de Tagliaferri, Blanco, Abad y varias fuerzas provinciales. Una de las mayores críticas es al artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el régimen (adhieran o no las provincias). Se reclama, a su vez, establecer un régimen especial para las industrias más chicas – ya que las inversiones por más de 200 millones están pensadas, casi exclusivamente, para la actividad minera y petrolera -, así como algún sistema de «compre argentino» que proteja a la industria local de la apertura de importaciones.
Hay otros senadores, como Kueider, que plantean cambios más de fondo, como la exigencia de encadenamientos productivos locales.
Impuesto a las Ganancias
Si hay un capítulo que no tiene posibilidades de aprobarse sin cambios es la restitución de Ganancias. Los senadores patagónicos exigen incluir un diferencial para la zona – aludiendo a que el costo de vida es mucho mayor que en el resto del país – y reclaman un incremento del piso mínimo del 22 por ciento. Es decir, que pasaría de 1,8 millones a casi 2,2 millones (que es el mínimo que el proyecto sostiene para personas casadas).
Este punto está casi cerrado con el gobierno nacional, ya que los patagónicos amenazaron con voltearle todo el paquete fiscal si no introduce cambios. Los patagónicos están cerca de sumar unos 48 votos en contra. Es decir, los dos tercios del Senado, lo que obligaría al oficialismo a conseguir la misma mayoría en Diputados para rechazar la modificación (un número que LLA no tiene posibilidades de alcanzar). Dependen de que Unión por la Patria y un par de senadores sin tierra quieran acompañar y están confiados en que lo lograrán.
Privatizaciones
Era un capítulo que parecía cerrado y que, en la última semana, empezó a acumular varias objeciones. Principalmente por la privatización de dos empresas públicas: Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino. Son varios los senadores del Sur que advierten que, si privatizan la línea de bandera, se caerán varias rutas no turísticas de la Patagonia, como ya sucedió en los 90′. El mismo argumento se repite para el Correo Argentino: el temor es que termine habiendo ciudades y pueblos enteros que se queden sin correo si el Estado no lo garantiza.
Estas objeciones representan un dolor de cabeza para el oficialismo, ya que el capítulo de privatizaciones representa una de las partes centrales de la Ley Bases. En efecto, cuando el proyecto se cayó en febrero en Diputados fue porque el recinto estaba a punto de rechazar las privatizaciones (entonces eran un total de 27, ahora son once). En el oficialismo buscan evitar una «carnicería» del proyecto, pero se enfrentan a una difícil realidad numérica: si los patagónicos repiten el número de Ganancias para privatizaciones podrían terminar blindando también este capítulo frente a posibles modificaciones en Diputados.
Blanqueo de capitales
Con el tándem Lousteau-Tagliaferri encabezando la avanzada, el gobierno reconoce que introducirá cambios en el capítulo de blanqueo (uno de los más generosos de los últimos años, ya que permite que quienes blanqueen hasta 100 mil dólares no paguen ninguna penalización). Uno de los pedidos es excluir a los hermanos de los funcionarios, así prohibir la posibilidad de que las personas puedan blanquear en nombre de otras (testaferros). Otro de los cambios será ampliar de 5 a 10 años el tiempo que tenga que haber pasado desde que una persona ocupó un cargo público para poder acogerse al beneficio.
Moratoria previsional
Hay, además, decenas de pedidos de modificaciones que refieren a la reforma de la Ley de Hidrocarburos o la Ley de Procedimiento administrativo, así como a la reforma laboral. Uno de los temas más delicados es, sin embargo, la eliminación de la moratoria previsional. Hoy por hoy, en el Senado no está el número para aprobar este capítulo, que no solo cuenta con el rechazo de UxP o Carambia y Kueider, sino también de la cordobesa Alejandra Vigo, la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell. La gran mayoría de los senadores coinciden en que eliminar la moratoria representaría un duro golpe para las mujeres – 9 de cada 10 no cuenta con los 30 años de aportes – y nadie quiere cargar con ese costo político. Más de un senador pro Ley Bases, incluso, tiene planeado levantar e irse durante la votación para no tener que votar a favor.
