SOCIEDAD
Martín Soria repudió las fotos del fiscal Luciani en la quinta de Macri: «El corporativismo judicial cayó rendido a los pies del macrismo»

El ministro de Justicia consideró que la actuación de los fiscales en la Causa Vialidad es “payasesco” y que tanto Luciani como el juez Rodríguez Uriburu se tendrían que haber excusado del expediente por su amistad con el expresidente y su falta de imparcialidad.
El ministro de Justicia, Martín Soria, cuestionó la falta de imparcialidad del fiscal Diego Luciani y del presidente del Tribunal de la causa Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu, luego de que Página/12 revelara las fotos de ambos funcionarios judiciales jugando al fútbol en al quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri.
“Como bien decía la vicepresidenta, son todos partes del mismo equipo. La asociación ilícita de una parte de la justicia argentina que no está haciendo justicia, sino política. Nosotros lo venimos diciendo hace tiempo”, sostuvo Soria, que además calificó la causa como “payasesca” y con un “claro contenido político”.
Para Soria, esta actitud de Luciani y Giménez Uriburu, quienes juzgan a Cristina Kirchner por supuestos hechos de corrupción con la obra pública,se vincula con otro hecho de trascendencia: “No por nada el presidente de la Corte Suprema en diciembre del año pasado sacó un fallo insólito para revivir una ley de hace 16 años para adueñarse del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que tiene que sancionar la inconducta de los jueces”.
Pero no sólo eso. Soria además recordó que el Ministerio Público Fiscal, que tiene que evaluar la conducta de los fiscales, tiene a un procurador general «abroquelado». «(Eduardo) Casal defiende a los fiscales como estos que deberían haberse excusado”.
Puntualmente sobre el fiscal Luciani, que adquirió gran relevancia la semana pasada por sus alegatos contra la vicepresidenta, Soria afirmó que «perdió la imparcialidad». «Es amigo (de Macri), entraba a la Casa Rosada a escondidas a verlo a Macri a a Pepín (Rodríguez Simón)».
“El corporativismo judicial se cayó rendido a los pies del macrismo, sus negocios y el poder mediático. Son el brazo armado mediático del macrismo y la justicia totalmente corrompida”, sentenció con contundencia.
Finalmente, apuntó sobre la actitud de los fiscales Luciani y Sergio Mola y afirmó que montaron un show. “Parecen coucheados. Es payasesco. Le gritan a una computadora con frases que nada tenían que ver con análisis de pruebas, sino con un claro contenido político”, enfatizó el ministro de Justicia.
La recusación de Cristina Kirchner al fiscal Luciani y el juez Rodríguez Uriburu
La vicepresidenta Cristina Kirchner recusó este lunes por parcialidad al juez y al fiscal que la acusan en la causa Vialidad y que, a través de una investigación de este medio, se descubrió que mantenían un vínculo cercano entre ambos y con círculos sociales relacionados con el expresidente Mauricio Macri.
La medida es contra el fiscal Diego Luciani y el juez del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu que tienen a su cargo la parte acusatoria y resolutoria, respectivamente, en la causa por supuestas irregularidades en la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Ayer Cristina Kirchner compartió el artículo de Página/12 que prueba que Luciani y Rodríguez Uriburu jugaban al fútbol en la quinta de Macri. «El presidente del Tribunal y el Fiscal de la causa ‘Obra Pública’ jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el ‘mismo equipo’, pero ese día faltó al partido», dijo la vicepresidenta.
«He instruido a mi abogado para que mañana (por el lunes) a primera hora recuse a los jugadores de fútbol. El Poder Judicial argentino apesta», afirmó la expresidenta.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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