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Moroni confirmó una actualización del salario mínimo en agosto y negó que las medidas de Batakis sean de ajuste

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Además, el ministro de Trabajo dijo que no se sintió aludido con la frase de Cristina Kirchner sobre «funcionarios que no funcionan».

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó que el próximo mes se reunirá el Consejo del Salario para definir la actualización del haber mínimo y negó que los anuncios recientes de su par de Economía, Silvina Batakis, signifiquen un ajuste.

«Estamos pensando para mediados de agostos juntar el Consejo del Salario» Mínimo, Vital y Mínimo, confirmó el funcionario, quien detalló que no acompañó a Batakis en sus anuncios porque en las horas previas dio positivo por Covid-19.

En declaraciones a La 990, Moroni señaló: «Estamos pensando volver al Consejo. Habíamos pactado un 45% de aumento, y ahora tenemos que revisar y ver a qué acuerdo llegamos con el salario mínimo».

Además explicó su ausencia en los anuncios económicos de la nueva ministra: «Iba a ser parte de los anuncios de Batakis y empecé con fiebre. Me hisopé y resultó positivo. Estamos vacunados así que es simplemente una gripe».

A su vez, defendió las medidas económicas dadas a conocer este lunes: «No es una política de ajuste. No es la política de Batakis, sino de todo el gobierno», remarcó.

El titular de la cartera laboral además sostuvo que «lo que dijo la ministra es acomodar los gastos según los recursos», mientras que destacó que «la recaudación viene creciendo bastante» y que se hizo «todo lo posible para sostener el entramado productivo», por lo que ahora es momento de «ordenar la inflación».

También, Moroni dijo que que no se sintió aludido ante las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre «funcionarios que no funcionan». «No me siento aludido. Trabajamos con el IFE, la asistencia a las empresas (en momentos de la cuarentena por la pandemia). El resto son discusiones políticas», planteó al ser consultado sobre la frase de la ex mandataria.

E insistió que no ve «ninguna política de ajuste» y que el país está «creciendo al 0,5% mensual», mientras que «el déficit es el que se acordó con el Fondo, 2 puntos del PBI», algo que considera como «cumplible».

«Argentina está con niveles altos de trabajo no registrado, pero es un fenómeno mucho más complejo. Creo que tenemos una deuda histórica con un montón de gente que nunca pudo acceder a un trabajo formal. Estamos poniendo énfasis en la formación profesional», remarcó en otro pasaje de la entrevista radial.

Sobre las versiones de pases a planta permanente masivos en las administración pública, sostuvo: «Ya estaban congeladas las designaciones. No hay concursos para incorporaciones, sino para normalizar las situaciones irregulares de planta».


NACIONALES

Menem intenta cortar el escándalo de los votos del tabaco para que no le impugnen la ley

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El titular de la Cámara baja busca evitar que se judicialice el tema. El PRO puso a sus abogados a chequear las actas porque no les registraron el voto negativo a dos diputadas.

Los bloques de la Cámara de Diputados atraviesan horas frenéticas luego del escándalo de la votación del capítulo del tabaco de la ley ómnibus.

Este medio explicó que el bloque peronista abrió una auditoría interna para verificar si Martín Menem adulteró el resultado de la votación del martes pasado para incorporar el impuesto a las tabacaleras.

Según se desprende de las actas parlamentarias, hubo más abstenciones de las que se computaron en recinto, se contabilizaron como afirmativas las abstenciones de los diputados chaqueños María Luis Chomiak y Aldo Leiva y no se incluyeron los votos negativos de Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero, del PRO y de Benedit Beltrán, de La Libertad Avanza. Estos diputados pidieron votar a viva voz porque sus votos no habían sido registrados en el sistema de votación por computadora.

La situación es muy delicada porque si se registraban esos votos de manera adecuada, la votación hubiera terminado 80 a 80 y Menem debía desempatar como presidente de la Cámara.

Una diputada del PRO adelantó que el bloque puso a sus abogados a chequear la votación. Si bien la intención del bloque amarillo es no complicar a Menem, quieren garantizarse de que no hubo ninguna maniobra que pueda ser objetada en la Justicia.

Es que una adulteración de la votación puede tener derivaciones penales, tanto en denuncias de falsificación de instrumento público como de falsedad ideológica. Además puede haber lugar para la impugnación del acta de la votación y la consecuente judicialización de la ley, que haría que se caiga la media sanción y por ende el Senado no podría aprobarla de manera definitiva.

Menem por estas horas busca que el tema no escale y se ampara en que la mesa de conducción de la Cámara es multipartidaria, por lo que puede alegar que la culpa no fue sólo de él sino también del secretario parlamentario o el proseceretario. Incluso los libertarios que reniegan del presidente de la Cámara creen que se buscará un chivo expiatorio antes de llegar tan alto.

Menem intenta cortar el escándalo de los votos del tabaco para que no le impugnen la ley

En el PRO, la explicación que bajaron a sus diputados es que en el caso de Leiva y Chomiak por sistema votaron afirmativamente por lo que en el tablero no aparecieron como «voto pendiente de votación» (su voto fue emitido válidamente), pero luego pidieron la palabra y expresaron un voto distinto al emitido. «El único voto valido es el emitido por sistema», dicen en el bloque del PRO.

«En el caso de los diputados Parola, Lopez Rodriguez, Daives, Freites, Araujo Hernadez, Ginocchio, Rauschenberger, Martinez, Sand, Figueroa Casas, Benedit, Y Fernandez Molero, durante la votación se deslogearon (por ejemplo, habiéndose levantado de sus bancas) o ingresaron al recinto luego de cerrada la votación, por lo que el sistema los computó como ausentes (en estos casos el voto de dichos diputados tampoco figuró como «pendiente de votación»)», comunicaron internamente en el bloque que encabeza Cristian Ritondo

«Sin embargo, una vez cerrada la votación pidieron la palabra y expresaron como su voto, pero dicho voto no cuenta», explicaron. «En resumen: se busca generar confusión con el hecho de que, una vez cerrada la votación, el presidente les haya dado la palabra a muchos diputados que no figuraban ‘pendientes de votación para no cercenar su derecho a expresarse», aseguran en el PRO. Pese a esto, sus abogados siguen investigando.


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