Se trata de un proyecto de ley presentado por Gerardo Milman que busca facilitar la expulsión de extranjeros delincuentes, algo que actualmente “puede demorar hasta siete años” según el diputado.

Gerardo Milman presentó un proyecto para agilizar la expulsión del país de los extranjeros que cometen delitos. El diputado nacional de Juntos por el Cambio planteó que el objetivo es convertir en ley el decreto puesto en marcha en el año 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y derogado por la actual administración.

Así lo anunció este lunes en su cuenta de Twitter el ex secretario de Gestión Federal de la Seguridad entre 2016 y 2018.

“Presenté un proyecto para convertir en Ley el decreto sancionado por Mauricio Macri en 2017 y luego derogado por este gobierno. El Estado Nacional debe velar por la Justicia y la permanencia de los extranjeros con antecedentes delictivos atenta directamente contra este objetivo”, escribió junto a una captura de pantalla de dicha noticia.

“En 2016, con Patricia Bullrich y Germán garavano observamos que las personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal alcanzaban el 21,35% de la población carcelaria total. La cifra subía al 33% entre los detenidos por narcotráfico”, sostuvo Milman en otro tuit.

Mientras que en un último mensaje, el diputado planteó que con la actual legislación “las órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera pueden demorar hasta siete años”, algo que consideró “en contra del bien común, la protección de la seguridad y el orden público”.

Además de Milman, el proyecto fue respaldado por María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, Graciela Ocaña, José Luis Espert y Federico Frigerio, entre otros.

Bajo la premisa de que los Estados tienen “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, en enero de 2017 el gobierno de Mauricio Macri emitió el Decreto 70 que creaba un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” con el fin de negar el ingreso y facilitar la deportación de extranjeros que hayan cometido delitos.