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Ley de teletrabajo: Principales aciertos y fracasos a más de un año de su implementación

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El 1 de abril del 2021 entró en vigencia la ley 27.555 de Teletrabajo, sancionada en julio de 2020 en plena pandemia. En diálogo con María Alicia Calvinho, abogada experta en derecho laboral, analizamos los alcances y deficiencias

En julio de 2020, en contexto de pandemia y de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, se sancionó en Argentina la Ley 27555, con la que se creó el Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo. El 1 de abril del 2021 entró en vigencia.

Como objetivo principal, buscó establecer los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad de Teletrabajo en aquellas actividades que así lo permitan. A más de un año de su implementación, NA conversó con María Alicia Calvinho, abogada experta en derecho laboral, acerca de los alcances y las deficiencias de la ley.

Antes vale recordar que, en la modalidad de teletrabajo, se tienen “los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial, y su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la modalidad presencial”.

Entre los principales puntos de la ley, se establece “derecho a la desconexión” en horario fuera del pautado como laboral y si hubiera licencias. En cuanto a las herramientas necesarias para trabajar, será el empleador quien deberá proporcionarlas junto al soporte necesario para el desempeño de las tareas.

También está previsto por ley que, las personas que acrediten tener a su cargo de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada. Este punto hace alusión a las “tareas de cuidado”, aunque en la ley fueron denominadas como “tareas compartidas”.

Para empezar, Calvinho considera que se trata de una ley que, si bien buscó regular la actividad enmarcada en la modalidad de teletrabajo, “dejó mucho librado a la negociación colectiva”. “Si bien, en algunos organismos del estado, tanto nacionales como en la provincia de Bs As, se ha avanzado en la regulación de licencias, no ha habido nada en especial respecto del teletrabajo”, detalla.

Derecho a desconectar

En relación al derecho a la desconexión digital, Calvinho entiende que sirve para limitar la presión del empleador fuera de horario de trabajo, aunque es insuficiente. Y lo detalla así: “Luego de enunciar este derecho se invierte la técnica normal legislativa, que debiera explicar cuál será la sanción para el empleador que viole su deber de no molestar ni exigir la realización de tareas fuera de la jornada laboral, y en cambio, destaca que el trabajador no podrá ser sancionado por hacer uso de ese derecho. Entonces, en lugar de sancionarse al empleador, se impone al trabajador la acción positiva de oponerse. Esto nos muestra las deficiencias en la redacción en la norma”.

Dicho de otro modo, el trabajador/a tiene derecho a quejarse, pero la ley no detalla qué sucede en consecuencia de esa legítima queja. Por eso, la especialista recomienda concurrir a la organización sindical antes de accionar un reclamo, pedir asesoramiento, evaluar los beneficios y las desventajas de lo que busca solicitar y accionar acompañado por la red.

“La realidad de las relaciones del trabajo indica que el freno al empleador no debe encontrarse en la oposición que pueda oponer el sujeto más débil, el trabajador, sino que debe surgir de la norma, que es la que debería garantizar el derecho”, subraya en la misma línea.

Niños, adultos mayores y discapacitados a cargo

Lejos del debate de fondo acerca de la corresponsabilidad del cuidado, en el punto entendido como “Tareas compartidas”, la ley alcanza a regular lo que conocemos como «home office» para cualquiera de las personas a cargo de cuidados.

“Durante la pandemia quedó en evidencia algo que no se apartó del principio general de quién es la persona encargada de los cuidados en nuestra sociedad, y es la mujer”, subraya.

Y analiza en profundidad: “Cuando se habla del derecho a horarios compatibles con tareas de cuidado, se traduce en la posibilidad de fijar horarios en que ambas tareas no se superpongan o interrumpir la jornada. Inicialmente, casi la totalidad de las tareas de cuidado recaen sobre las mujeres, lo que significa que la facilidad que proporciona la norma es la de auto establecer los tiempos de esta doble explotación, absolutamente alejada de una perspectiva de género. Lo que debiera haber sido la oportunidad de establecer una limitación a esta doble jornada se ha legislado como la obligación de no superponerlas, respetando los tiempos debidos al empleador y condenando a la trabajadora a sacrificar su descanso para cumplir con ambas”

Las herramientas de trabajo

En este punto, Calvinho describe las falencias que todavía encuentra vigentes: “Sin perjuicio de dejarlo casi todo librado a la negociación colectiva por actividad, la norma establece compensación sólo por los mayores costos´ en conectividad o servicios, lo que hace recaer sobre el trabajador todo el resto que no se menciona. Como ´la conectividad´ es un canon fijo, éste se pone a cargo directamente del trabajador, y el resto de los servicios –la electricidad, el agua y el gas – se compensará en los mayores costos, habiendo sido la tarifa inicial ya asumida por el trabajador. Esto exime al empleador del pago del lugar físico de trabajo o le reduce notablemente su costo, así como del resto de los costos de producción, poniéndolos en cabeza del trabajador, que no tiene derecho alguno al reintegro”.

En conclusión, Calvinho entiende que “no se han garantizado los derechos que se proclaman como de orden público, se ha agravado la situación de las mujeres que trabajan en su domicilio, se ha cargado el costo económico sobre el trabajador, se ha modificado peyorativamente la regulación del contrato de trabajo y la remuneración, y se ha dejado librado a reglamentación y negociación colectiva aspectos que debieran haber sido legislados de modo protectorio”.

Repasamos los puntos principales de la ley:

Jornada laboral. Deberá ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo, de conformidad con los límites legales y convencionales, tanto en lo que respecta a las tareas desarrolladas fuera de línea, como aquellas que se realizan en línea.

Herramientas. El empleador deberá proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja.

Desconexión. Se “tendrá derecho a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias”, y no habrá sanciones “por hacer uso de este derecho”.

Compensación de gastos. El trabajador a distancia «tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar», y «dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.

Voluntariedad. La modalidad de trabajo a distancia debe ser voluntaria por consentimiento escrito y puede ser revertida con una notificación por el trabajador, que podría regresar así al trabajo presencial.

Reversibilidad. El consentimiento para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por el trabajador en cualquier momento de la relación. Una negativa del empleador “dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas”.

Derecho a la intimidad. “Los sistemas de control destinados a la protección de los bienes e informaciones de propiedad del empleador deberán contar con participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad de la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo y la privacidad de su domicilio”.

Protección de datos. El empleador deberá garantizar la protección de los «datos utilizados y procesados por la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo para fines profesionales, no pudiendo hacer uso de software de vigilancia que viole la intimidad de la misma”.

Tareas compartidas. “Las personas que trabajen bajo esta modalidad y que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada. Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio”.

Representación sindical. “Será ejercida por la asociación sindical de la actividad donde presta servicios”, y los empleados “deberán ser anexados por el empleador a un centro de trabajo, unidad productiva o área específica de la empresa a los efectos de elegir y ser elegidas, para integrar los órganos de la asociación sindical”.

Capacitación. “El empleador deberá garantizar la correcta capacitación de sus dependientes en nuevas tecnologías, brindando cursos y herramientas de apoyo, tanto en forma virtual como presencial, que permitan una mejor adecuación de las partes a esta modalidad laboral. La misma no implicará una mayor carga de trabajo”.


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Divide y reinarás: El Gobierno aumenta el presupuesto solo para la Universidad de Buenos Aires

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Incrementará un 300 por ciento los recursos destinados a los gastos de funcionamiento. El Consejo Superior de la UBA afirmó que esto permite una previsibilidad, pero alertó sobre la situación salarial, que aún no está resuelta. El vicerrector Emiliano Yacobitti aseguró que seguirán reclamando por el resto de las casas de estudio.

Werner Pertot

Por Werner Pertot

La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió levantar la emergencia presupuestaria, tras alcanzar un acuerdo con el gobierno de Javier Milei por los gastos de funcionamiento, que recibirán una suba del 270 por ciento, y de sus hospitales, cuyo incrementp será cercano al 300 por ciento. En un comunicado, el Consejo Superior de la UBA afirmó que esto permite una previsibilidad, pero alertó sobre la situación salarial, que aún no está resuelta. Tampoco la inversión en ciencia y las obras que están paradas. En tanto otras 60 universidades continúan con el reclamo que llevó a la marcha universitaria y que no fue respondido. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió que seguirán reclamando por el resto de las casas de estudio. Las otras universidades indicaron que el aumento solo a la UBA «resulta inadmisible y provocador«. «No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda«, lanzaron. El Gobierno quedó a tiro de una cautelar.

Desde el comienzo de las negociaciones con las universidades y, sobre todo, en las reuniones posteriores a la marcha universitaria que resultó masiva en todo el país (algunas estimaciones llegaban al millón de personas), el Gobierno buscó dividir a la UBA del resto de las instituciones. De hecho, tuvieron una atención especial con el rector Ricardo Gelpi, a quien la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, recibió un día antes que al resto. En los encuentros con todos los rectores, el Gobierno escuchó, pero no hubo avances reales en destrabar fondos. De hecho, en una exposición ante el Congreso, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, no pudo dar precisiones sobre cómo se resolverá el conflicto universitario.

A partir de ahí, lo público se separa de las negociaciones a puertas cerradas. Con la UBA particularmente, el encargado de las negociaciones, que pasó a ser Torrendell, tuvo tres reuniones más. Estuvo presente también el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, aunque moderó sus modales. Allí, las autoridades de la UBA insistieron con el planteo de actualizar lo presupuestario y tuvieron varias discusiones, avances y retrocesos. Finalmente, desde el Gobierno nacional aceptaron aumentar aquellas partidas sin las cuales directamente se iba a un cierre de la UBA: el funcionamiento básico (la luz, etc) y el presupuesto para los hospitales. Según confirmaron a este diario, no solo acordaron sino que ya empezaron a pagar.

En el caso de la UBA, los gastos de funcionamiento representan el 14 por ciento de los gastos totales (porque allí hay que contemplar también los seis hospitales; en otras universidades es la mitad de ese porcentaje). «Si ellos no garantizaban ni el presupuesto mínimo para prender las luces, teníamos que cerrar», insistieron desde el rectorado a este diario.

Sigue la discusión

No obstante, en el comunicado que emitió el Consejo Superior de la UBA para anunciar que levantaba la emergencia universitaria, dejaron en claro que sigue la discusión por ese otro 86 por ciento del gasto sobre el que no hubo acuerdo (principalmente, son los salarios docentes y no docentes). Lo que recibieron fue una actualización de los gastos de funcionamiento del 270 por ciento interanual y del 300 por ciento para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculados al área asistencial. Se trata de 26.016.488.265 pesos que el Gobierno les comenzó a transferir con destino a afrontar los Gastos de Funcionamiento y otros 35.436.785.336 de pesos para sostener los niveles de atención de la salud.

“Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”, señaló la UBA, que también destacó que continúa el “estado de alerta y profunda preocupación” por la actualización salarial como también otras partidas “particularmente aquellas vinculadas a las áreas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y a los Programas de infraestructura universitaria”. Es decir, las obras que están paradas, algunas de las cuales ya estaban en curso.

En materia salarial, no hubo acuerdo con el Frente Sindical de las Universidades: la propuesta del Gobierno, ante una inflación acumulada superior al 70 por ciento, fue: 16 por ciento en febrero, 12 por ciento para marzo y 8 por ciento para abril. Es decir, un 36 por ciento. Los números solos indican por qué están muy lejos de un acuerdo con los gremios. Desde el Consejo Superior de la UBA advirtieron que este acuerdo debería llegar urgente y también se mostraron a favor de que el Congreso sancione una Ley de Financiamiento Universitario que establezca un criterio de actualización para el presupuesto universitario, para que no se repita lo de este año.

Tras el acuerdo, Yacobitti escribió en su cuenta de Twitter: «Gracias a que la sociedad se expresó con contundencia en defensa de las universidades públicas, el gobierno actualizó los gastos de funcionamiento de la UBA (aprox. 300%) para que no tenga que cerrar. Es un triunfo de todos los que apostamos a la educación para un mejor futuro». Luego aclaró: «Vamos a seguir reclamando por los salarios docentes y no docentes que perdieron más de un tercio de su capacidad económica en 4 meses, por los recursos para CyT y las obras de mantenimiento de los edificios y laboratorios».

Y luego volvió a aclarar: «También es importante que esta corrección sea para todo el sistema y no solo para la UBA. Sentarnos a discutir un presupuesto para el 2025 que contemple los reajustes». Esto último quizás tenga que ver con la reacción del resto de las universidades, que tronaron apenas se conoció la noticia.

«Universidades de segunda»

Todas las universidades vienen funcionando con un presupuesto que se votó a fines de 2022 y que, insisten, es insuficiente para llegar no ya a fin de este año, sino a mitad de año en algunos casos. Por lo tanto, apenas se conoció el aumento para la UBA, las otras 60 casas de estudio pusieron el grito en el cielo y hablaron de una “discriminación federal injusta” de parte del Gobierno.

Hubo una reunión de emergencia del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para tratar el tema. «Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”, señaló antes de ingresar a la reunión Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del CIN.

El CIN emitió luego un comunicado que dejó en claro como estaban los ánimos: «Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda«, remarcaron los rectores en un comunicado del CIN.

«Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios», le advirtieron al Gobierno.

Por otro lado, advirtieron que el Gobierno reconoció con ese pago que tienen razón y que «hay plata». Según pudo saber este diario, todavía no harán una presentación judicial, sino que esperarán una respuesta del Gobierno, pero la disparidad de criterios pone a la administración nacional a tiro de una cautelar. En el comunicado indicaron que esa transferencia a la UBA «implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año. Por lo tanto, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación.

«Con la misma urgencia, seguiremos bregando por paritarias para las y los trabajadores de las universidades que recompongan la pérdida del poder adquisitivo del salario, por el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, por la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y por la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas», concluyeron.


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