SOCIEDAD
Acuña advirtió que la CGT podría tomar alguna medida de fuerza «en contra de la inflación»

El cosecretario general de la CGT consideró que el Gobierno también tiene «responsabilidad» ante el incremento generalizado y sostenido de los precios, ya que remarcó que «debería controlar» los aumentos.
El cosecretario general de la CGT Carlos Acuña aseguró «los empresarios son los que siempre joden a los argentinos» y advirtió que «si es necesario, se va a tomar» alguna medida de fuerza «en contra de la inflación».
«Los números de inflación vienen mal y ojalá que tiendan a bajar. No alcanza con lo que sucedió respecto al porcentaje. Tenemos que poner todo el esfuerzo para que se componga esta situación, que la generan los que no quieren a los distintos gobiernos: no sólo a éste, sino a todos los gobiernos», sostuvo el referente gremial.
En declaraciones radiales, el líder del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos (Soesgype) afirmó que «aquellas empresas que manejan casi todas las cosas de los alimentos son las que generan esta situación: no son los trabajadores trabajando, cobrando su sueldo».
Para Acuña, el control de precios «tiene que ser política de Estado combinada con los sectores económicos, que tienen que tener un margen de ganancia, pero no así como sucede ahora, que te sacan el sueldo: cobraste y te dura nada». E insistió: «Los empresarios son los que siempre joden a los argentinos. Son los formadores de precios, no los trabajadores o el ama de casa que va a comprar. Los empresarios son los principales responsables de lo que sucede en el país».
Ante la pérdida de poder adquisitivo del salario, el integrante del triunvirato que conduce la CGT descartó la posibilidad de que se reclame un aumento por decreto, tal como sucedió a comienzos de 2020. El sindicalista explicó que esa modalidad «perjudica a sectores de las PyMEs, cuando hay sectores como el bancario que puede discutir un salario mejor».
«Hay distintos estamentos donde a algunos les va mucho mejor y a otros no tan bien. Nadie mejor que los gremios para saber lo que pueden discutir con las empresas», agregó.
Respecto a la discusión de las paritarias, Acuña se refirió a los gremios que acordaron aumentos de corto plazo: «No podés firmar hasta abril del año que viene, porque no sabés qué es lo que va a suceder y tampoco podés pedir por las dudas el 85 o 90 por ciento. Tenés que adecuarte a lo que se puede».
Y volvió a apuntar contra el sectores empresario: «Lo que sería mejor, si se pudiera, sería que los empresarios cumplieran con la palabra que dieron ir acorde con una inflación lógica y normal e ir bajándola, pero no lo cumplen. Se comprometen y no hacen lo que dijeron, pero los malos de la película somos nosotros».
Al ser consultado sobre la posibilidad de que la Confederación General del Trabajo decida salir a la calle, señaló que «si es necesario, se va a tomar» alguna medida de fuerza «contra los sectores empresarios».
«Pero les llega a todos. Una medida de fuerza es en contra de la inflación que hoy tenemos y de esa forma también estamos ayudando a que reflexionen ellos también, para que cumplan con lo que se comprometen. Dicen que van a ayudar en los precios para que la inflación no se dispare y los malos son los que gobiernan y, si tomamos medidas de fuerza, nosotros», reiteró el gremialista, quien admitió que «la responsabilidad también es del Gobierno, que debería controlar».
En tanto, al referirse a las elecciones presidenciales de 2023, Acuña subrayó que «falta un año y medio» y pidió «ocuparse de lo que hay que ocuparse».
«Falta tanto tiempo, con estos problemas que tenemos que no se sabe lo que puede pasar en dos o tres meses. Todos tienen chances: hasta del que menos esperas. Si el Gobierno endereza el camino y logra acertar y que acompañe el sector empresario, los trabajadores siempre vamos a acompañar para que nos vaya bien. Si el Gobierno acierta, mejora la economía y a la gente le va bien, tiene las mismas posibilidades que cualquiera. La oposición, con propuestas que a la gente la seduzca, también. Todos tienen posibilidad», indicó.
Finalmente, el cosecretario general de la CGT se refirió a los dichos de distintos dirigentes de la oposición sobre la necesidad de una reforma laboral y afirmó que se trata de «un slogan». Y advirtió: «Si es para sacarle derechos a los trabajadores y esclavizarlos, va a haber una batalla muy fuerte, porque la CGT se va a plantar y no va a permitir el avasallamiento de los derechos de los trabajadores».
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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