La inflación de marzo y la del próximo mes son golpes durísimos sobre los ingresos de trabajadores y jubilados. El fondo para pagar la deuda del FMI y la iniciativa de capturar la renta extraordinaria para redistribuir los recursos recaudados pueden ser la vía para encontrar una salida a la crisis política de la coalición de gobierno, en caso de que existiera voluntad de transitarla.

Por Alfredo Zaiat

La tasa de inflación de marzo que se difundieron este miércoles fue malísima y el dato del rubro Alimentos y Bebidas fue pésimo. El índice de este mes seguirá siendo bastante malo, no tan malísimo como el anterior pero igualmente intolerable social y políticamente.

El bono para los jubilados quedó corto con la fuerte aceleración de los precios del mes pasado y el adelantamiento de las paritarias sobre la decisión de disponer un bono por decreto no da respuesta a las demandas inmediatas, además de que los porcentajes que se están negociando y pactando navegan por debajo de la inflación anual esperada. En el primer cuatrimestre el IPC acumularía cerca del 20 ciento.

En tanto, trabajadores informales y monotributistas y autónomos de las categorías más bajas carecen de una red de protección ante la veloz erosión de los ingresos.

El recorrido actual de la inflación y la debilidad del poder adquisitivo de los sectores populares son el nudo central de la disputa política en el oficialismo cuyos dos protagonistas son el Presidente y la vicepresidenta. Ambos tienen varios voceros que diariamente exponen sus respectivas posiciones.

La base del conflicto que viene de arrastre hoy adquiere mayor dimensión por el shock externo negativo de la guerra sobre el ingreso de los sectores populares.

Existen otras diferencias que van desde el la dinámica de las decisiones y gestión en el Gobierno, la división de roles en el armado político-electoral en el Frente de Todos, la evaluación acerca de la estrategia hacia las elecciones 2023, el grado de respeto a los votos y a la lapicera cuestionado mutuamente, entre otros factores que atraviesan la subjetividad y el estado de ánimo de los protagonistas, aspectos personales que no eran desconocidos entre ellos pero que ahora adquieren una dimensión que los supera.

Ahora bien, con la intensidad que adquirió la pelea en la cúpula de la coalición, al mismo tiempo que el poder económico y judicial mantiene sin pausa la tarea de demolición del Gobierno, no parece una estrategia política adecuada que unos y otros utilicen el dispositivo de medios de derecha como paloma mensajera, puesto que así exacerban la interna con elevados costos.

Por encima de una disputa que no se sabe si podrá procesarse sin derivar en ruptura, existen dos proyectos del oficialismo que permitirían salir de este laberinto político, en caso de que existiera esa voluntad.

Uno es la creación del fondo para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional con dólares no declarados que podrían capturarse a partir de acuerdos con más de 100 fiscos de otros países sobre intercambio de información de miles de cuentas de argentinos en el exterior .

Se trata de un proyecto de ley presentado por senadores referenciados en Cristina Fernández de Kirchner, que el miércoles pasado comenzó su debate en comisiones. El ministro de Economía, Martín Guzmán, respaldó la iniciativa en términos generales mientras que el Poder Ejecutivo sigue sin hacerlo propio.

El otro proyecto fue revelado por Guzmán en el reportaje realizado en el programa de Gustavo Silvestre en C5N. Dijo que su equipo está estudiando cómo capturar la renta extraordinaria que sectores se están apropiando en estos meses por un evento inesperado, como el conflicto OTAN (Ucrania)-Rusia, para orientar los eventuales recursos recaudados hacia los grupos sociales más vulnerables y más castigados por el alza de precios.

Son dos iniciativas que dan respuesta a mandatos políticos electorales del Frente de Todos: uno, que la deuda la paguen quienes se beneficiaron; otro, que se atenderá primero a los de abajo.

Esto último hoy es urgente porque los aumentos de precios, en especial los de alimentos y bebidas, han actuado como un rayo fulminador sobre el castigado poder adquisitivo de los ingresos de los sectores vulnerados. Ellos no están pendientes de la disputa política en la coalición de gobierno y requieren medidas extraordinarias para una situación extraordinaria.