SOCIEDAD
Alquileres, nafta, servicios y colegios privados: los aumentos que se esperan para los próximos meses

Se estiman aumentos que superan el 50% en algunas áreas que impactarán directamente en el bolsillo de varios sectores sociales

El 2021 cerró con una inflación del 50,9%, casi 22 puntos por encima de lo que había proyectado el Gobierno, al fijar inicialmente una meta de inflación del 29% para ese período. Como consecuencia, son varias las áreas que percibirán un incremento en su costo en los primero meses del 2022. Estos aumentos impactarán de lleno en el bolsillo de la clase media.
Uno de los sectores que está confirmado es el de los servicios, teniendo en cuenta que el Gobierno mantuvo la suba de tarifas bajo control con un mínimo incremento a lo largo de 2021. Por lo pronto, se cree que habrá un incremento estimado de 20% como “base” para todos los usuarios en sus boletas de gas.
Por su parte, el Ente Regulador del Gas (Enargas) afirmó que buscará un “acuerdo definitivo” con las empresas del sector, mientras que las distribuidoras que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentaron sus propuestas de ajuste que alcanzarían hasta un 35% sobre la tarifa final para usuarios residenciales.
De igual manera, está el precio de los combustibles que no percibe una variación desde mayo pasado. El Gobierno postergó hasta marzo la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC). Ambos tributos impactan directamente en los precios finales de las naftas y el gasoil en los surtidores.
Además, se esperan desde hace semanas un aumento general de combustibles que aún no fue confirmado por YPF, la compañía de mayoría estatal que siempre mueve primero y actúa de referencia para el sector.
Por otro lado, se espera que la educación privada también tenga su aumento. Según el cronograma de aumentos establecido por el gobierno porteño, los colegios privados con subvención estatal tendrán en marzo un aumento de 17%. Completando así, un incremento global de 50% desde marzo del año pasado
Si bien las cuotas varían según el tipo de escuela y porcentaje de subvención, los aranceles de una escuela promedio pasarían de $11.636 a $13.614 mensuales para salas de jardín jornada simple, de $15.411 a $18.031 en primaria doble jornada y de $17.288 a $20.227 para secundaria.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la educación privada aumentó entre un 6,7% a un 6,9% en diciembre, y se espera que en marzo la actualización sea de 11,8%. Así todo, el reajuste habrá sido menor al de la Ciudad de Buenos Aires, y rondaría el 40%.
En esta misma línea, la medicina privada ya aplicó en enero un aumento de 9%. Ajuste que llegó tras la advertencia de las empresas del sector del retorno del cobro de copagos para que los pacientes pagaran el 9% del valor de cada prestación, algo que finalmente fue suspendido.
Por último, los alquileres también se verán afectados y percibirán aumentos en función de la fecha de firma de contrato. Seguirán como referencia el índice de Contratos de Locación que publica mensualmente el Banco Central. Según cálculos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), el aumento del precio de alquiler de una vivienda será de 51,28%.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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