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SOCIEDAD

Y un día, la ley Bases por fin logró tener dictamen

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El flamante jefe de Gabinete participó de las negociaciones y logró convencer a algunos senadores. Ahora falta el dictamen del paquete fiscal.

Por María Cafferata

A oscuras y con gran parte de los senadores ya ausentes del Palacio, el gobierno nacional consiguió finalmente las firmas para dictaminar su Ley Bases y paquete fiscal. Fue una odisea de altibajos que comenzó con la concesión a los patagónicos para subir el piso de Ganancias –que destrabó el paquete fiscal–, continuó con la negativa del radical Martín Lousteau y José Carambia (Alianza por Santa Cruz) a firmar dictamen –que dejó a La Libertad Avanza sin número para dictaminar Ley Bases– y finalizó tarde a la noche con la visita de Guillermo Francos. El flamante jefe de Gabinete arribó con los puños llenos promesas y nuevas ofertas que lograron terciar la voluntad de Carambia y, así, generar un efecto dominó sobre las voluntades restantes. Solo los radicales Lousteau y Maximiliano Abad, además de los senadores peronistas, no acompañaron el dictamen de mayoría del oficialismo.

«Les dicen abecedario a ustedes, muchachos. Porque no tienen número», le gritó, risueño, un senador peronista a uno radical cuando se cruzaron en el pasillo minutos antes de que comenzara el plenario de comisiones del Senado. La incertidumbre era absoluta: el gobierno estaba empecinado en dictaminar aquel día y ya había enviado a circular el dictamen de Ley Bases para su firma. Habían incluido la mayoría de los cambios pedidos por la UCR y el reclamo de los patagónicos por Ganancias, pero el número no estaba. «Ojalá tengan la generosidad de acompañarnos. El que gana gobierna, el que pierde acompaña», deslizó Bartolomé Abdala, presidente de la comisión Legislación General (y presidente provisional del Senado), ante la mirada atónita de Guadalupe Tagliaferri (PRO), que se reía y negaba con la cabeza.

El gobierno tenía un problema: Martín Lousteau y el santacruceño José Carambia habían definido que presentarían sus propios dictámenes de minoría, pero no todavía, sino en unos días. Así, al dejar abierta la fecha de presentación del despacho, los senadores habían hundido las esperanzas del oficialismo de conseguir el número necesario para cerrar la jornada con un dictamen. ¿Por qué? Porque el gobierno necesitaba tener 9 firmas en la comisión de Legislación General, 9 firmas en Presupuesto y 10 en Asuntos Constitucionales. Es decir la mitad más uno de cada comisión. No importaba para qué dictamen fuera la firma –podía ser del oficialismo, pero también un dictamen de rechazo–, pero las firmas tenían que estar. Atentos a esta matemática, UxP no había firmado nada y el gobierno necesitaba sí o sí del acompañamiento de Carambia, Lousteau, Tagliaferri, Abad y Edgardo Kueider. Podían darse el lujo de perder una, pero no dos.

Como faltaban esas dos firmas, el acompañamiento del resto de los indecisos se había vuelto «irrelevante» –como calificaron ellos mismos–, por lo que ni Abad ni Tagliaferri ni Kueider querían firmar, con disidencias, el dictamen del oficialismo. La única excepción fue el fueguino radical, Pablo Blanco, que terminó ordenándose detrás del resto de la bancada radical y firmó el dictamen de la Ley Bases. A cambio había conseguido que Tierra del Fuego continuase sin pagar Ganancias.

Ante la ausencia de firmas, Abdala pidió convocar a un cuarto intermedio para continuar negociando. El titular del bloque de LLA, Ezequiel Atauche, llevó a rastras a Carambia a un despacho oficialista a reunirse con el vice jefe de Gabinete, José Rolandi. El santacruceño estaba de buen humor: reclamaba que modificaran la Ley de Minería de forma tal de aumentar las regalías para las provincias (él pedía subirlas del 3 a 15 por ciento, pero con un 5 por ciento cerraba). Este cambio, sin embargo, tenía que incluirse en el paquete fiscal que se debatía en la comisión de Presupuesto, a la que él no pertenecía. Pero era la llave para poder dictaminar Ley Bases y el oficialismo terminó concediéndosela. 

Atauche volvió al Salón Azul para presidir la comisión de Presupuesto y anunció que el paquete fiscal recibiría nuevos cambios. No fue sutil. Minutos antes había llegado Guillermo Francos para supervisar las negociaciones y había dado su visto bueno: Carambia tendría el aumento de las regalías mineras. El jefe de Gabinete le prometió a Tagliaferri, además, que los cambios que se acordasen en el Senado no serían desactivados luego en Diputados. Así cerró con Carambia y Tagliaferri, y ya después de esto, las firmas restantes fueron cayendo por inercia. Las comisiones habían sido convocadas a cuarto intermedio, pero la Secretaría Parlamentaria las iba recibiendo en silencio: Carambia, Tagliaferri, Kueider estaban ahí. Solo faltaban dos: Lousteau y Abad. Pero, como los senadores radicales integraban dos comisiones distintas del plenario, no impedían que el oficialismo pudiera dar la buena nueva: había acuerdo de dictamen para Ley Bases.

El paquete fiscal, en cambio, se resolvería este jueves por la mañana. Todavía faltaban las firmas de la chubutense Andrea Cristina, la rionegrina Mónica Silva y el radical Flavio Flama. El acuerdo con la mayoría estaba, pero faltaba un llamado al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para alinear a Cristina. El oficialismo, entre agotado y exultante, ya hablaba de sesionar dentro de dos semanas.

Los cambios

La novela de las modificaciones contrarreloj había comenzado temprano. Ya el martes a la noche, el gobierno nacional había hecho circular un nuevo borrador que incluía varios de los pedidos de cambios solicitados por el radicalismo la semana anterior. En la Ley Bases, se había concedido ampliar el listado de organismos públicos que no podían ser eliminados por el Ejecutivo: se había incluido el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTA y el SENASA. Sin embargo, como advirtieron varios senadores en el debate, el blindaje de los organismos frente a la motosierra Milei es débil: el Ejecutivo todavía puede intervenirlos, transformar su estructura jurídica e, incluso, eliminar sus funciones. A pedido de la UCR, a su vez, se modificó el capítulo laboral de forma tal de incluir a los bloqueos de las empresas como causa justa de despido.  

En el capítulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el gobierno ratificó la autonomía de las provincias respecto a decidir si adherirse o no. Incluyó, además, todo un articulado referido a la protección de la industria local frente a la competencia desleal que podría generar el RIGI, pero sin muchos detalles. Incorporó, por ejemplo, la obligación de que todas las empresas que adhirieran al RIGI tuvieran que proponer un «plan de desarrollo de proveedores locales», pero sin brindar precisiones sobre su alcance. «Son cambios cosméticos, no hay ningún cambio en profundidad», cuestionó Lousteau durante el debate, quien, por otro lado, denunció que no se incluyera ninguna restricción a las importaciones de bienes de capital (que el RIGI habilita para los proveedores).

El cambio de último momento que terminó destrabando el debate al comienzo de la jornada, sin embargo, fue el aumento del piso de Ganancias para la zona patagónica. Pese a la resistencia original de Milei, el gobierno terminó cediendo al reclamo de la Patagonia y habilitó incrementar un 22 por ciento el mínimo no imponible para todas las provincias del Sur. Tierra del Fuego, mientras tanto, continuará no pagando Ganancias. Solo así el gobierno se aseguró que el paquete fiscal, que incluye también el blanqueo de capitales y una deducción de Bienes Personales, pudiera conseguir el número para dictaminar.

En el caso de blanqueo, el gobierno sumó a los hermanos de los funcionarios entre las figuras que no pueden sumarse al régimen. Tampoco podrán hacerlo las personas que hayan ocupado cargos en la función pública en los últimos 10 años. 


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