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SOCIEDAD

Vence el límite constitucional para que el Congreso trate el DNU de Javier Milei

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El peronismo trabaja para rechazar el decreto y los aliados diseñan salidas jurídicas que les permitan sortear el «todo o nada». Mientras tanto, sigue vigente.

Por María Cafferata

Mientras la Ley Ómnibus acumula horas de debate televisado en la Cámara de Diputados, el mega DNU sigue vigente, desregulando gran parte de la actividad económica del país y acumulando, día tras día, nuevas cautelares de la Justicia. El límite constitucional para que la Bicameral de Trámite Legislativo pueda tratarlo, sin embargo, vence la semana próxima. Y Javier Milei no da señales de tener apuro en hacerlo, jugando a dilatar la situación hasta el extremo mientras sus aliados en la UCR o el pichettismo diseñan creativas salidas jurídicas que les permitan sortear el «todo o nada». El peronismo, en cambio, cree que rechazar el DNU es el partido más importante de todos -más que el rechazo a la mega ley, en donde ya anticipan una derrota- y se prepara para jugar a fondo y forzar su debate en el recinto. 

«Preguntale a Menem», es la respuesta, furiosa, que dan las y los diputados y senadores de Unión por la Patria y el radicalismo cuando se les pregunta por qué todavía no se conformó la Bicameral que debería haber comenzado a analizar el DNU hace cinco días. Y es que si bien Victoria Villarruel mandó los nombres de los ocho senadores que deberían integrar la comisión hace dos semanas, Martín Menem dilata el nombramiento de los ocho diputados. En su entorno acusan a Unión por la Patria por no haber enviado los nombres de los diputados que le corresponden, pero es una excusa: Germán Martínez envió el listado de cuatro nombres el viernes sabiendo que lo más probable es que le rechacen al último (que es él mismo). 

La discusión viene hace rato: UxP reclama 4 lugares, LLA dice que le corresponden 3 porque no representan el 50 por ciento de la cámara y la pelea se extiende, ad eternum, en el tiempo. Sin embargo, la misma situación se daba en el Senado y Villarruel -respaldada por toda la oposición no peronista- tomó la decisión de quitarle un lugar a UxP y enviar los nombres para su composición. Menem no y la razón es la de siempre: la ausencia de una coordinación clara con Casa Rosada que lleva a estrategias zigzagueantes en las que todos -socios, opositores y oficialistas- terminan enojados. «No se entiende lo que quieren. Un día te plantean activarlo y al otro lo dejan estar. Deberían intentar aprobarlo porque tienen demasiados frentes judiciales abiertos, pero es un caos», se sinceró un halcón PRO con diálogo directo con Javier Milei.

Frente al silencio, sin embargo, la estrategia es clara: dejarlo correr y patear la discusión hasta marzo. Y, frente a ello, se abren distintos escenarios porque el 19 de enero se vence el plazo de 10 días hábiles para que la Bicameral dictamine -a favor o en contra- del DNU. A partir de entonces, los legisladores tienen vía libre para tratarlo en el recinto y hacia allí apuntan los cañones del peronismo.

La bala de plata de UxP

Desplazados de las negociaciones entre oficialismo y oposición amigable para la Ley Ómnibus, el peronismo se convirtió en una primera minoría simbólica, incapaz de tejer alianzas con los otros sectores de la oposición para bloquear las iniciativas de LLA. Para la mayoría en el peronismo, la Ley Ómnibus está perdida, pero no así el DNU. «Nos faltan 20, solo 20», gusta repetir un diputado peronista sobre la posibilidad de bochar el DNU, partiendo de la base de que los 102 diputados de UxP, los cinco del FIT, la cordobesa Natalia de la Sota y los dos del socialismo santafesino (que acompañan, con cuestionamientos, la ley pero no el DNU ) representan 110 votos sólidos en contra del decreto que flexibiliza las relaciones laborales y deroga la mayoría de las leyes que pretenden fijar precios, regular contratos o proteger a los consumidores.

Hasta ahora, la estrategia ha sido presionar para que se conforme la Bicameral y trasladar a esa arena la discusión, pero a medida que el tiempo pasa y Menem no se decide a convocar, el peronismo comienza a analizar la posibilidad de forzar el tema en el recinto. Según la Constitución, a partir del 19 tienen la posibilidad de llevar el tema a debatir sin necesidad de contar con dictamen, aunque hay una discusión formal en torno a si se puede tratar durante el período de sesiones extraordinarias si el presidente no lo incluyo en el temario. En UxP consideran que sí, así como también algunos sectores del radicalismo y otros bloques opositores. La decisión de meter en un artículo de la Ley Ómnibus la ratificación del DNU también ayudó a colaborar con esa teoría, que rechaza el propio oficialismo.

La incógnita es si UxP logrará tejer con el radicalismo, la CC y algunos de los sectores del peronismo federal -liderados por Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó- una alianza opositora que permita rechazar el DNU. Hasta ahora, con la ley, no tuvo suerte: nadie en el ex Juntos por el Cambio quiere «quedar pegado al kirchnerismo». Pero las objeciones contra el DNU son más fuertes, casi ningún constitucionalista ha salido a respaldar aquel monstruo de 366 artículos, y el peronismo -junto a la CGT y otros actores que se ven perjudicados por el decretazo- ya comenzaron con los acercamientos. 

Creatividad jurídica

La UCR, mientras tanto, tiene otros planes. La mayoría considera que el DNU es inconstitucional pero, para evitar un rechazo absoluto que los lleve a enemistarse definitivamente con el actual oficialismo, prefieren optar por alternativas creativas al «todo o nada». Hasta ahora, Rodrigo de Loredo y distintos referentes del radicalismo le han planteado a Milei presentar una ley espejo que habilite tratar, artículo por artículo, por separado. O que el Ejecutivo envíe los capítulos del DNU por separado, como decretos individuales, de manera tal de poder aprobar algunos y rechazar otros. Hasta ahora, Casa Rosada se ha negado.

El radicalismo, sin embargo, no se resigna. No quieren quedar alineados al kirchnerismo en el rechazo (no solos al menos), pero tampoco acompañar todo el DNU, por lo que insisten en la creatividad jurídica. El objetivo, por estas horas, es forzar en la Bicameral el tratamiento del DNU por títulos: si bien la Constitución establece que el decreto tiene que aprobarse o rechazarse como un todo, legisladores radicales argumentan que nunca hubo un DNU de ese tamaño y que es posible forzar una sanción parcial por temas. Ya tienen un equipo de juristas, liderado por Ricardo Gil Lavedra, que está dispuesto a respaldar la constitucionalidad de esta interpretación.

La Coalición Cívica ensaya, por su cuenta, interpretaciones similares. Los lilitos sostienen, por ejemplo, que al incluirse el DNU en la Ley Ómnibus se habilita a tratarlo, por partes, dentro del debate mismo de la ley. No tienen, sin embargo, mucho quórum interno -ni siquiera dentro de Hacemos Coalición Federal- ya que la mayoría plantea que sería un caos incluir el debate del DNU al ya enrevesado debate de la ley.

El peronismo, que antes se quejaba de esta estrategia, hoy la acepta resignado: «Si dividirlo en partes sirve para que saquen las partes más terribles ya ganamos algo», deslizó un dirigente de UxP.


28 DE NOVIEMBRE

Juana Albarracín y Gabriel Torrengo denuncian aumento de impuestos y cuestionan pago millonario a empresa desvinculada del municipio

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En una fuerte crítica hacia las decisiones del Ejecutivo Municipal de 28 de Noviembre, los referentes del partido SER, Juana Albarracín y Gabriel Torrengo, expresaron su malestar por el reciente incremento de impuestos y denunciaron un pago de $36,5 millones a una empresa cuestionada legalmente. Ambos solicitaron en su momento que estas cuestiones fueran tratadas en comisiones, pero su pedido fue ignorado.

La concejal Juana Albarracín manifestó su profundo descontento con la reciente aprobación de la modificación tarifaria: “Los concejales de la vereda del frente aprobaron una nueva tarifaria con valores exorbitantes que limitan a muchos vecinos”, señaló visiblemente molesta. Según la edil, este incremento afectará especialmente a los sectores más vulnerables, quienes ya enfrentan dificultades económicas. La Tarifaria no se debería haber aprobado por los ediles oficialista ya que la nueva Ordenanza de tierras se encuentra aun en comisiones para su análisis y tratamiento, denuncio.

Por su parte, Gabriel Torrengo, también integrante del partido SER, había pedido previamente que la tarifaria se discutiera en comisiones para realizar un análisis más exhaustivo. Ambos dirigentes coincidieron en que este procedimiento habría permitido evaluar en detalle los aumentos significativos en varios rubros, incluido el valor de la tierra.

Albarracín también denunció un acuerdo entre el municipio y la empresa Mata Negra, la cual había sido acusada de incumplimientos en la construcción de un comedor inaugurado recientemente. “La municipalidad, en su momento, dejó sin efecto el convenio porque Mata Negra incumplió. Subcontrataron a otra empresa, algo que no se puede hacer”, explicó. Sin embargo, la actual gestión reactivó el convenio mediante un acuerdo conciliatorio, aprobando un pago de $36,5 millones a la empresa. “Hacen lo que quieren. Nos envían documentación donde acuerdan entre gallos y medianoche”, afirmó.

En relación a este acuerdo, tanto Albarracín como Torrengo cuestionaron la falta de transparencia y la ausencia de dictámenes legales que justifiquen el pago millonario. “¿Cómo se llega a establecer un convenio si no sabemos qué definió la justicia? Esa información no nos llegó”, remarcó Albarracín.

Puntos claves:

  1. Pedido de prórroga ignorado: Juana Albarracín y Gabriel Torrengo destacaron que, a diferencia del presupuesto del Concejo Deliberante, para el cual se aprobó una prórroga de 90 días, no se realizó el mismo tratamiento con la tarifaria.
  2. Impacto en los vecinos: Ambos dirigentes subrayaron que el aumento de los impuestos perjudica directamente a los sectores más vulnerables de la comunidad.
  3. Falta de transparencia en el acuerdo con Mata Negra: Criticaron la ausencia de dictámenes legales y cuestionaron la legitimidad del acuerdo conciliatorio firmado entre la municipalidad y la empresa.
  4. Decisiones contradictorias: Calificaron de “lamentables” las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Municipal, argumentando que benefician exclusivamente a sus intereses y no reflejan las promesas hechas en campaña.
  5. Reclamo de mayor debate: Insistieron en que la tarifaria debió pasar por las comisiones correspondientes para un análisis exhaustivo, pero que esto fue desestimado por el oficialismo.

“Estamos trabajando solamente para el Ejecutivo y el beneficio de ellos. ¿Qué pasa con los vecinos? Nos reímos en la cara de ellos”, concluyó Albarracín. Las denuncias realizadas por los referentes del partido SER prometen generar repercusiones, no solo por el descontento popular ante los incrementos impositivos, sino también por las dudas en torno a la transparencia de las decisiones municipales.


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