SOCIEDAD
Un importante operativo de seguridad custodiará la Cumbre de la CELAC

Mandatarios, cancilleres y representantes de los países miembro, Estados Unidos, la Unión Europea y China se darán cita en el Sheraton Hotel el próximo martes.
El Gobierno desplegará un fuerte operativo de seguridad para controlar en los próximos las inmediaciones del Sheraton Hotel, en el bajo porteño, ya que allí se realizará la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La Ciudad de Buenos Aires recibirá a representantes de los 33 países miembros, así como también a invitados de Estados Unidos, China y la Unión Europea.
Entre los mandatarios que confirmaron su presencia se encuentran el brasileño Luiz Inácio «Lula» Da Silva; el colombiano Gustavo Petro; el venezolano Nicolás Maduro; el cubano Miguel Díaz-Canel; el chileno Gabriel Boric; la hondureña Xiomara Castro; el ecuatoriano Guillermo Lasso; el boliviano Luis Arce; el uruguayo Luis Lacalle Pou; el dominicano Luis Abinader; el paraguayo Mario Abdo Benítez; la barbadense Mia Mottley; el sanvicentino Ralph Gonsalves; y el haitiano Ariel Henry.
Por parte de Estados Unidos vendrá el asesor especial de la Casa Blanca para las Américas, Christopher Dodd, así como también llegará el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel.
Algunos de los mandatarios enviaron con anticipación una «avanzada» para analizar los lugares y cómo será el dispositivo de seguridad y de logística: uno de esos fue el venezolano Nicolás Maduro.
Ante la envergadura que tendrá la Cumbre regional, una gran cantidad de efectivos de fuerzas federales custodiarán tanto las inmediaciones del Sheraton Hotel, donde se llevarán a cabo las distintas actividades, así como también en los lugares que elijan para hospedarse aquellos representantes de la CELAC e invitados que decidan pasar más de una noche en la Ciudad de Buenos Aires.
En ese sentido, el Gobierno creó el pasado 12 de enero un Comando Unificado de Seguridad para custodiar el evento, que se realizará el próximo martes en la Ciudad de Buenos Aires.
La medida fue adoptada por el Ministerio de Seguridad a través de la Resolución 11/2023 y dispuso que el Comando Unificado está conformado por personal de la cartera conducida por Aníbal Fernández; la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio; la Policía Federal; la Gendarmería; la Prefectura; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Además, se convocó al Gobierno porteño para que designe un representante de la Policía de la Ciudad y uno de la Dirección General de Tránsito y Transporte para que formen parte del Comando, que tendrá como coordinador general al jefe de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández.
Al respecto, también se esperan cortes de calle en las inmediaciones del Sheraton Hotel, así como también en otros puntos de la Ciudad, ya que se esperan algunas protestas.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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