Con Posse y Francos se habló de paritarias, despidos y obras sociales. El gobierno reconoció errores y prometió cambios. La central obrera define hoy su plan de lucha.

Por Felipe Yapur

La CGT entró por primera vez a la ahora libertaria Casa Rosada. El encuentro fue con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos, entre otros. Ambos sectores coincidieron en señalar que la reunión –que duró tres horas– fue «constructiva, reflexiva y sin violencia». Sin embargo, la aceptación por parte del gobierno de no tocar la ultraactividad de los convenios colectivos y mantener la cuota solidaria que los gremios reciben de los trabajadores no afiliados –que estaban incluidas en el nuevo proyecto de ley ómnibus–, no resultó suficiente como para que la central obrera detenga el plan de lucha, con paro y movilización, que hoy definirá durante la reunión de su consejo directivo. Igual acordaron continuar con una «mesa de diálogo» y acelerar la homologación de los acuerdos paritarios.

Según confesaron algunos de los sindicalistas que participaron del cónclave, los ministros de Milei no se mostraron soberbios, «sino más bien parecían funcionarios que sienten que el gobierno no va todo lo bien que ellos dicen». En ese sentido, indicaron que tanto Francos como Posse «se mostraron preocupados en evitar que se profundice la conflictividad gremial». De todas maneras, señalaron que las propuestas del gobierno de quitar artículos repudiados por la central obrera en la «reforma laboral» que incluye el nuevo proyecto de ley ómnibus, no son suficientes. Que todavía hay mucho por hablar.

La delegación sindical fue encabezada por los triunviros Héctor Daer y Carlos Acuña. Se sumó también Hugo Moyano en reemplazo de su hijo Pablo, notoriamente enfrentado al gobierno por la falta de homologación del acuerdo paritario acordado con las cámaras patronales, una responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Trabajo. También estuvieron Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Marina Jaureguiberry (SADOP); Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio); Susana Benítez (SATSAID); Jorge Sola (Seguros); y Oscar Rojas (Maestranza).

La versión del gobierno

Francos hizo nuevamente la veces de vocero de la reunión ante la mudez permanente del jefe de Gabinete Posse. El ministro del Interior dijo que el encuentro es otra muestra del «diálogo que se mantiene con todos los sectores y trabajando para la construcción de consensos que nos permitan llevar adelante las reformas que necesita la Argentina».

Poco después, en una entrevista televisiva Francos justificó las medidas de acción directa de la central obrera por «el momento de crisis que vivimos, ellos tienen reclamos por hacer». Luego, y en referencia al paro del 24 de enero, dijo que se trató de «una confrontación inicial, no buscada, a partir del capítulo laboral que incluye el DNU 70».

En cuanto al reclamo que hay por la falta de homologaciones de los acuerdos paritarios alcanzados, el ministro lo relativizó. «Vamos a tratar de encontrar un forma para llegar a un acuerdo con ese tema», dijo Francos. 

Sin embargo, los sindicalistas dieron una versión diferente al señalar que destacaron que la decisión de frenar las actualizaciones salariales no solo es «horroroza» sino que es una contradicción del gobierno que promueve la libertad de mercado, pero «impiden los acuerdos entre gremios y empresarios». 

Según los sindicalistas, fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, allí presente, el que reconoció los atrasos en la homologación y justificó la demora «en el cambio de conducción de la Secretaría» y la llegada de nuevos funcionarios. En ese sentido, dijeron los gremialistas, que el gobierno se comprometió a normalizar pronto el proceso de homologación. 

Las quejas

Si el «retraso» en la homologación de las paritarias fue uno de los primeros reclamos, el segundo fueron los despidos en el Estado. En este tramo del encuentro tomó la palabra el titular de UPCN, quien rechazó la decisión adoptada por el gobierno de Milei y les recordó que hay un amparo presentado ante la justicia para frenar las miles de cesantías implementadas. 

Los funcionarios, entre los cuales también estaba el asesor presidencial Santiago Caputo, se limitaron a escuchar y mirar sin pronunciar palabra. Una actitud que anticipa que la conflictividad no se detendrá.

También hubo quejas sobre las obras sociales. Ahí fue el turno de Lingeri que planteó la necesidad de darle una salida a la crisis que viven estas organizaciones que regentean los gremios. Otra vez caras serias, atentas, pero en silencio.

Entre lo que faltó debatir, intercambiar ideas o simplemente citar, fue la nómina de empresas públicas que el gobierno insiste con privatizar. De eso no hablaron.

Plan de lucha

Una vez que finalizó el encuentro, la delegación sindical se retiró en silencio. No hubo conferencia de prensa y mucho menos comunicado. De hecho, la CGT no le llevó a los funcionarios el documento de 13 páginas que dieron a conocer en la mañana de ayer y que lleva como título: Agenda para un nuevo contrato social. Hacia un país con producción, desarrollo y trabajo. Tal vez no se la presentaron porque estaban frente a los representantes de un gobierno que solo promueve la libertad de mercado.

Hoy, el consejo directivo de la CGT se reunirá. Estarán presentes lo que participaron del encuentro en la Rosada y el resto de los integrantes del consejo cegetistas. Allí deberán definir el plan de lucha que hasta la aparición del contacto entre Francos y Daer, se encaminaba a un paro y movilización. 

Lo conversado con el gobierno no resultó ni siquiera suficiente como para detener estas dos acciones. Pero hay también razones de orden político interno de la central sindical. La conflictividad que genera el gobierno, con despidos, desprotección de los sectores más vulnerables, la pérdida constante de poder adquisitivo, hace imposible siquiera pensar en una tregua o posponer las acciones directas.

Es por eso que prevalece la idea de continuar con la movilización del 1º de mayo y anunciar ahí una huelga nacional porque si no lo hacen, se arriesgan a que la multitud coree, como en marzo de 2017, «poné la fecha…».

Francos dijo que con la CGT no se habló de ese tema. Dijo que tienen derecho a hacer medidas de fuerza, pero advirtió que «hasta que pongan la fecha nosotros trataremos de convencerlos de que no es necesario, que vale más la conversar porque el paro no ayuda a nadie».