SOCIEDAD
Suspenden por un mes de Precios Justos a supermercados Día por «incumplimientos reiterados»

La cadena posee más de 4.500 productos dentro de los acuerdos de precios. El secretario de Comercio encabezó las inspecciones.
La Secretaría de Comercio suspendió por un mes a supermercados Día del programa Precios Justos, tras un operativo simultáneo de verificación en más de 120 sucursales ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en diez municipios bonaerenses.
Se procedió a suspender a la cadena por 30 días en el acuerdo de precios debido a «incumplimientos reiterados» y se señalizaron las sucursales con fajas para que los consumidores tengan conocimiento de este incumplimiento.
Entre los efectos de la suspensión, la empresa deja de tener acceso prioritario al uso de divisas para pago de importaciones.
Asimismo, se la intimó a que durante este lapso, respete los precios acordados, ya que sus proveedores siguen siendo parte de Precios Justos.
«Verificamos que los aumentos a lo largo del mes están en el orden del 8,33% promedio cuando el acuerdo voluntario es del 5%. Encontramos, además, productos vencidos y diferencia entre el precio que se ve en la góndola y lo que finalmente se cobra a los consumidores. Por eso, procedimos a suspenderlos del acuerdo de precios y les indicamos a los consumidores que el supermercado no cumple y que lo ha hecho de forma reiterada», remarcó el secretario de Comercio, Matías Tombolini, quien encabezó uno de los operativos.
La cadena Día posee más de 4.500 productos dentro de los acuerdos de precios.
A partir de las fiscalizaciones presenciales que realiza a diario el cuerpo de inspectores de la Secretaría de Comercio en todas las grandes cadenas de supermercados, se constató que viene «incumpliendo sistemáticamente Precios Justos al no respetar el abastecimiento, el precio o la señalización correcta del programa».
A su vez, del análisis del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) se desprende también que efectuó aumentos promedio de 8,33% durante mayo, por encima del 5% acordado en Precios Justos y hasta tres veces por encima de la pauta aplicada por otras cadenas.
Por ejemplo, entre abril y mayo, la Coca Cola de 1,5 litros presentó un desvío del 43,9% (de $264 a $390); la leche chocolatada Día de 1 litro, 45,10% (de $321 a $449); y las tostadas clásicas Criollitas, 41,67% ($207,12 a $299).
Desde enero de 2023 hasta la semana en curso, la Secretaría de Comercio concretó 5643 fiscalizaciones y realizó 1917 actas de imputación a la cadena por incumplimientos. Además, desde agosto de 2022 le aplicó multas por $734.520.000.
PROVINCIALES
Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.
La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.
La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:
“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.
La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.
Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:
“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.
La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.
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