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Domingo 31 de Agosto del 2025

SOCIEDAD

Soria dijo que la jueza Capuchetti «está contratada» desde 2019 «por el gobierno de Larreta»

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos hizo la denuncia a través de redes sociales.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, sostuvo este viernes que «los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno», tras afirmar que la jueza federal María Eugenia Capuchetti «está contratada» desde el año 2019 «por el Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta» en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires.

«La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de (Marcelo) D´Alessandro. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py y el PRO parecen no tener límite alguno», sostuvo Soria en el primero de una serie de mensajes publicados en su cuenta personal de la red social Twitter.

«Desde hace 4 años la jueza encargada de investigar el atentado contra @CFKArgentina, la Mesa Judicial M y la criminal deuda de (Mauricio) Macri con el FMI cobra un sueldo mensual de ´investigadora´, a pesar de que los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia», continuó el ministro de Justicia y Derechos Humanos.

«¿De qué se trata el Instituto Superior de Seguridad Pública de CABA que emplea a la jueza Capuchetti y tiene como autoridad al viajero de Lago Escondido Juan Bautista Mahiques (fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires)? No se le conoce una sola investigación ni publicación científica», agregó Soria.

En el siguiente mensaje escribió: «El Decreto-Ley 1285/58 establece la incompatibilidad de ´la magistratura judicial con toda actividad política´ y ´cualquier actividad profesional´. Solo permite a los magistrados ejercer la docencia. Ejercer funciones de supuesta investigadora es lisa y llanamente ilegal».

«Mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de CABA no tiene nada ver con la docencia. Desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py», concluyó el ministro en una serie de mensajes que retuiteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La jueza Capuchetti encabeza el juzgado federal número 5, que antes ocupó el fallecido magistrado Norberto Oyarbide.

Desde ese juzgado está al frente de la causa en la que se investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta, causa que delegó en el fiscal Carlos Rívolo luego de que la querella la recusara.

Además, investiga la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tiene la causa conocida como Mesa Judicial, en la que se analizan, entre otras cosas, las maniobras desplegadas por el gobierno de Cambiemos para lograr la renuncia de la exProcuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

Por su parte, el ministro D’Alessandro, quien se encuentra en uso de licencia, indicó que la denuncia sobre Capuchetti se trata de un «absurdo» y argumentó que la jueza «no asesora» sino que «da clases» en el Instituto Superior de Seguridad Pública.

«Como tantos otros magistrados, provinciales y nacionales, es docente para las fuerzas de seguridad, actividad que está completamente permitida, tal cual surge del propio recorte que subió el ministro», dijó D’Alessandro en su cuenta de Twitter.


Avisos

PROVINCIALES

Fallo histórico: condenan a devolver al Estado fondos por una obra que nunca se hizo

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El Tribunal Oral Federal N°7 ratificó la sentencia contra el empresario Juan Lascurain y exfuncionarios de Santa Cruz, quienes deberán reintegrar 5 millones de dólares por el anticipo de una ruta que jamás se construyó. Además, recibieron penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El Tribunal Oral Federal 7 confirmó un fallo inédito en el que obliga al empresario kirchnerista Juan Lascurain, junto a los exfuncionarios Atanacio Pérez Osuna, Matías Mazú, Miguel Larregina y Juan Vargas, a devolver al Estado los fondos que recibieron para la construcción de la llamada “Avenida YPF” en Río Turbio, una obra vial que nunca se realizó.

La Justicia ordenó que los imputados reintegren alrededor de 5 millones de dólares como compensación por los recursos sustraídos, además de aplicar penas de prisión y la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Según se probó durante el juicio, un día antes del cambio de gobierno del 9 de diciembre de 2015 se autorizó un anticipo financiero de 50 millones de pesos a la empresa FAINSER S.A., presidida por Lascurain, pese a que la firma no estaba registrada como proveedora en Santa Cruz, no contaba con experiencia en obra pública ni solvencia para afrontar un contrato de 494 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes celebró el fallo al considerarlo “ejemplar”, ya que no solo castiga con cárcel a los responsables, sino que también obliga a la devolución del dinero robado:

“De ahora en más esperemos que la Justicia aplique este tipo de decisiones a todos los funcionarios que malversan recursos del Estado”, expresó.

La legisladora también advirtió que el proyecto inconcluso no solo representó un fraude económico, sino que además su incumplimiento afectó la seguridad vial en la zona, con numerosos accidentes, algunos fatales.

Reyes cuestionó especialmente que uno de los condenados, el exintendente Matías Mazú, haya sido electo recientemente como diputado provincial:

“Resulta perverso que alguien con una condena de segunda instancia por corrupción pueda asumir una banca y ampararse en los fueros para evitar la cárcel”, señaló, al tiempo que reclamó una ley que prohíba a los sentenciados por corrupción presentarse a cargos públicos.

La resolución del TOF 7 marca un antecedente judicial sin precedentes en causas de corrupción, al disponer la reparación económica de los fondos desviados, además de la sanción penal.


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